Cuando los jueces son el primer poder

Cuando los jueces son el primer poder

El actual embrollo catalán tiene muchas aristas y actores. Aquí me limito, exclusivamente, a la dimensión judicial, especialmente al Auto de los tres jueces del Tribunal Supremo, constituidos en Sala, del 5 de enero de 2018, denegando la libertad provisional a Oriol Junqueras. Su lectura me ha generado una seria preocupación por la deriva que está adoptando la democracia en España. Al final, en este caso, y no es el único con grandes consecuencias políticas, la decisión judicial resulta ser más relevante que lo que la población haya decidido después de unas elecciones del todo punto legales. Es el primer poder. Nadie tiene más poder en España que un juez, unos pocos jueces, en realidad. Hagamos un poco de historia. Historia reciente.

El poder de unos pocos jueces.

En junio de 2006 se aprobó en Catalunya, en Referéndum, con una mayoría próxima al 74% de los votos emitidos en una participación de casi el 49%, el texto aprobado en las Cortes Españolas, dos meses antes, texto reformado a la baja, del que salió en el Parlament de Catalunya con una abrumadora mayoría de casi el 90 % de sus miembros. Pues bien, el actual

problema catalán comenzó cuando el Partido Popular, haciendo caso omiso a la voluntad popular (hay que insistir en este punto) presentó al Tribunal Constitucional una demanda de inconstitucionalidad del Texto del Estatut aprobado por el pueblo catalán. Después de cuatro años de deliberaciones, los 10 magistrados del Tribunal Constitucional, tras votar por bloques, a veces con mayorías de 6 a 4 recortaron 14 artículos del Estatut. Así una mayoría exigua de 6 a 4 miembros del Tribunal Constitucional tumbó una decisión refrendada por el pueblo catalán. Para quien suscribe, no solamente esto me parece un sinsentido absoluto, sino una grave deriva de uno de los principios básicos de la democracia: la soberanía del pueblo. Eso sí, se recorto el Estatut en nombre de la ley.

El President de la Generalitat en 2010, el socialista José Montilla declaró que "el Tribunal Constitucional está lamentablemente desacreditado y moralmente deslegitimado". Añadió que Catalunya "es una nación" y consideró que "ningún tribunal puede jugar con los sentimientos ni con la voluntad" de los catalanes. Y convocó a una manifestación unitaria tras la "senyera", que tuvo lugar el 9 de Julio de aquel año 2010. En el diario “El País” se podía leer que “el recorte del Estatuto por el Tribunal Constitucional desembocó ayer en la manifestación más grande de la historia de la democracia en Cataluña. Decenas de miles de personas marcharon por el centro de Barcelona (425.000 según el cómputo de EL PAÍS a las 19.30); en un acto que vino a confirmar que cuatro años de rifirrafes en el Tribunal Constitucional sobre el Estatuto han actuado como una verdadera fábrica de soberanistas”.

Algo similar puede suceder ahora en Catalunya en la próxima constitución del Parlament, y del Govern. Unos ciudadanos que se presentaban, legalmente, a ocupar escaños en el Parlament de Catalunya, han sido elegidos. Aunque, algunos, no han podido defender convenientemente su candidatura: unos porque decidieron acogerse a la justicia belga, otros porque se encontraban encarcelados. Pero, pese a ser diputados electos, según el auto emitido por el juez Pablo Llarena el 12 de enero, algunos no podrían acceder al Parlament y algunos otros, Puigdemont entre ellos, si lo consiguen, inmediatamente serían detenidos. ¿Es que va a jugar al gato y al ratón, como, cuando el gobierno español hizo lo posible para que no pudiera votar el 1º de octubre y tuvo que cambiar de vehículo en el interior de un túnel, como en una película de buenos y malos, y, ahora, tratar de entrar en el Parlament, sin ser detectado, a lo Santiago Carrillo con una peluca o como Mas en un helicóptero?

No se ha profundizado suficientemente, aunque se haya repetido incesantemente, que las elecciones del 21 de diciembre de 2017 al Parlament de Catalunya, han sido excepcionales. Que un candidato a la presidencia de la Generalitat, ex president cesado por el presidente del gobierno de España, haga campaña electoral desde Bruselas, sea objeto de una eurorden de detención por la justicia española y que la misma justicia (aunque otro juez) la retire, temiendo no poder imputarle lo que le imputa, provisionalmente, la justicia española, pasará a los Anales de la Ciencia Política. Que otro candidato a la presidencia lo haga desde la cárcel, provisionalmente detenido, por riesgo de violencia, riesgo reiterado, en opinión de un el juez el 12 de enero, para impedirle asistir al Pleno de constitución del Parlament, - cuando rara vez se han visto manifestaciones tan numerosas y tan pacíficas, bien distintas a las que tuvimos que padecer en Euskadi-  y cuando consigue pasar un mensaje, sea castigado por la Administración penitenciara, pasará a los anales de la ciencia jurídico procesal. No soy jurista, pero resulta difícil de entender que Puigdemont, Junqueras y Sánchez tengan, según la ley, derecho a presentarse a las elecciones, pero uno debe hacerlo por videoconferencia (porque si entra en España iría a la cárcel) donde están los otros dos, quienes se las ven y se las desean para hacer llegar sus mensajes, limitados por la ley. A mí me cuesta muchísimo entenderlo. Más aún, lo digo francamente, y es lo que origina este texto: me preocupa enormemente, pues veo una justicia en la que no veo que prime la Justicia. Voy a detenerme, más abajo, en un punto concreto, pero antes, un inciso sobre la prensa catalana.

Dos opiniones de la prensa de Barcelona

La edición digital de “El Periódico de Catalunya” del día 4 de enero de 2018, fecha en la que Oriol Junqueras compareció en el Tribunal Supremo, “El Periódico de Catalunya”, en su primera noticia, bajo el titular de “Esperando a Junqueras” comenzaba con esta frase: “El futuro de la legislatura catalana pasa este jueves por el Tribunal Supremo. A partir de las diez y media de la mañana, Oriol Junqueras intentará que tres magistrados estimen contra pronóstico su recurso y le permitan abandonar la cárcel de Estremera, donde cumple prisión preventiva desde el 2 de noviembre. Pase lo que pase, la decisión tendrá un peso determinante en las negociaciones que los partidos independentistas mantienen sobre la composición del Parlament y sobre la investidura de un nuevo 'president' “.

Tras su lectura envié unas líneas a un amigo periodista catalán que escribe habitualmente en “El Periódico” sugiriéndole que sería más correcta la noticia con un cambio en su titular: en vez de “Esperando a Junqueras”, habría de poner “Esperando a los jueces del Tribunal Supremo”.

Dos días después, el 6 de enero, ya conocido el auto de los tres jueces del Supremo, constituidos en Sala, otro gran periódico catalán, “La Vanguardia” en su editorial escribía, en su segundo párrafo, que transcribo en su integridad lo siguiente: “La permanencia del republicano en la cárcel, pasados ya dos meses de su ingreso, no es una buena noticia. Es evidente que el proceso independentista, implementado en las infaustas sesiones parlamentarias del 6 y 7 de septiembre, cuando desde las más altas instancias de la Generalitat se quebró la ley, se acometió de modo erróneo. Es también evidente que el Estado central había advertido sobre los efectos que esta deriva tendría. Es obvio además que ni el Estado ni la judicatura van a relativizar la gravedad de aquellos hechos ni a tolerar que se repitan. Pero, dicho esto, merecen también atención quienes creen que se está haciendo un uso desproporcionado de la prisión preventiva. No suscribimos el tuit de ayer del cesado presidente Puigdemont, según el cual Junqueras y otros encarcelados son “rehenes”. Pero sí nos parece opinable la posibilidad de que Junqueras vaya a reincidir pronto. Porque no se dan las condiciones para reeditar el proceso. Porque Junqueras no ocupa ya los cargos públicos que tuvo. Y porque, dada la inminencia del juicio y las dificultades de JxCat y ERC para pactar su posible alianza, es impensable que Junqueras vaya a enredar más su caso”.

Que estos dos periódicos, en nada independentistas, pero sí buscando la ecuanimidad y una información ponderada a sus lectores, hagan los balances que hacen del ejercicio de la via judicial debiera hacer pensar a los jueces, a los políticos y a la prensa de Madrid. Pero me temo que sea pena perdida, aunque la historia será muy dura con ellos.

Unas frases del auto del Supremo del 5 de enero de 2018

¿De qué les acusan a los independentistas catalanes? De cosas muy serias: rebelión, sedición, malversación de fondos, actos de violencia y hasta de propiciarla, con sus planteamientos en las situaciones de violencia, “tumultuarias” escriben, y de no recuerdo que más incumplimientos de la Ley. Me centro y limito en adelante, por razones de espacio, y porque es una cuestión a la que soy muy sensible, a las acusaciones a los independentistas de violencia y de propiciarla. Transcribo, con extensión, para bien contextualizarlas, unas frases del Auto del Supremo:

 “El día 1 de octubre, previsto para la celebración del referéndum, el recurrente (Oriol Junqueras) y los demás partícipes, con su actuación previa, concretamente el recurrente en declaraciones públicas efectuadas el día 21 de setiembre, impulsaron a intentar abrir o mantener abiertos los locales donde estaba previsto que se hallaran los colegios electorales, y a depositar su voto, a un número altísimo de personas, a pesar de que ya conocían los graves incidentes producidos, entre otros en los días 20 (oponerse a registros en la Consejería de Economía) y 21 de setiembre, y de que sabían que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, en cumplimiento de las leyes vigentes, tenían la obligación de impedirlo. En esa fecha, el recurrente sabía que si sus consignas relativas a la participación en el referéndum declarado inconstitucional y fuera de la ley por el Tribunal Constitucional, eran seguidas por sus partidarios, se produciría inevitablemente un enfrentamiento físico entre éstos y el Estado de Derecho, representado por los agentes policiales que defendían el cumplimiento de la ley, esencial en un Estado de esa clase. Constituye una conducta de extraordinaria gravedad incitar a varios millones de ciudadanos a que acudan a votar ilegalmente a sabiendas de que se van a encontrar necesariamente con la oposición física de los agentes policiales que, en representación del Estado de Derecho, van a actuar con el único fin de asegurar el cumplimiento de sus normas más elementales y de las sentencias del Tribunal Constitucional que han ordenado su cumplimiento. No solo porque la referida conducta supone prescindir de las reglas democráticas para intentar imponer por la fuerza (¿qué fuerza?, me permito interrumpir. La única fuerza que se ha sustanciado es la del 20 de septiembre, y en este punto aplaudo la resolución judicial) las propias ideas, sino también por el desasosiego y la intranquilidad que causa en la ciudadanía, dentro y fuera de Cataluña, que confía en el imperio de la ley, y por el elevado riesgo real de que se produjeran resultados lesivos mucho más graves de los que efectivamente se produjeron, lo que afortunadamente no ocurrió.”

Mis reflexiones tras la lectura del auto

Tras la lectura de este texto me quedo estupefacto.  Resulta que los responsables de la increíble actuación de la policía el 1º de Octubre, contra unos pacíficos ciudadanos que iban a manifestar sus opciones políticas, sin hacer daño a nadie, son exclusivamente los responsables políticos que les incitaron a votar. ¿Por qué la policía actuó como actuó, sabiendo que la votación era inválida, legalmente hablando? ¿Qué ley es esa, en la que, para hacer cumplir la ley, hay que agredir a ciudadanos indefensos y que, encima, los máximos guardianes de la ley, en su Auto, no tengan ninguna consideración hacia las víctimas?. (Releyendo mi texto días después, añado que ni los jueces, ni el Presidente de Gobierno ni el Rey, tuvieron en cuenta, lo mas mínimo, el daño injusto causado a unas victimas indefensas. La historia juzgará.)

En el argumentario del Auto se subraya el incumplimiento de la ley por parte de los independentistas catalanes. No seré yo el que defienda el incumplimiento de las leyes legales y legitimas. Con dos considerandos. La primera, que hay que cumplir todas las leyes. Lo que no es el caso. En Euskadi nos basta con recordar el incumplimiento de las trasferencias del Estatuto de Gernika, en más de un caso por la nula voluntad del gobierno de Madrid. Pero, además, el argumentario sobre la violencia en el Auto de la Sala del Supremo se nos antoja un cuento de hadas cuando aquí, en Euskadi, hemos tenido que soportar que nos griten a la cara “ETA mátalos” durante tantos años, antes de que la justicia moviera ficha.

La segunda, que la ley se aplique con proporcionalidad y contextualización, según el artículo 3º del vigente Código Civil, en el que se dice que “las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas”. Sin embargo, hemos leído que fuentes de la Sala consideraban "altamente improbable" la excarcelación de Junqueras (…) con las consecuencias políticas que eso conlleva y que los magistrados conocen, pero que "son ajenas a la estricta función jurisdiccional". (El Periódico de Catalunya 01/01/18). Discrepo radicalmente de este razonamiento. En las decisiones judiciales, si se quiere que sean actos de Justicia, más allá de exquisitas disquisiciones en torno a la letra de la ley, no se puede, ni debe, no tener en cuenta, la terrible tensión en la que vive Catalunya, ni lo que la soberanía popular ha decidido en unas elecciones democráticas. No se trata, como se apunta en el Auto, correctamente, que el hecho de haber sido elegido suponga impunidad alguna, pero si proporcionalidad, mesura, contextualización de las decisiones etc., etc. Y yo no he visto nada de esto en el Auto de la Sala.

El ámbito judicial se mueve en parámetros muy concretos y limitados, a la postre, sesgados: valorar y juzgar si determinados actos, dichos o escritos se mueven en el marco de la letra de la ley. Y aquí dependemos de la lectura que el juez de turno, en su leal saber y entender, valore los actos, dichos o escritos que se les someta a su consideración. Será lo que juzgue, sin tomar en consideración, ni el contexto en el que han tenido lugar los hechos o dichos objeto de su valoración, ni tampoco las consecuencias de su decisión con tal de que su resolución la estime ajustada a derecho, esto es, a la letra de la ley. No discuto la honradez y profesionalidad de los jueces, sino el hecho de que viven en una torre de marfil, con lo que es imposible hacer justicia. Me recuerdan, a menudo, a los rabinos en el Talmud, que leen y releen los textos bíblicos y las interpretaciones que han dado sus predecesores creando monumentales disquisiciones que hacen las delicias de los expertos. Sospecho que algo así sucede con lo que se denomina la jurisprudencia: analizar, por estudiosos de la ley, los razonamientos que anteriores magistrados han dado a determinadas cuestiones, creando así precedentes, creando así jurisprudencia. 

A fin de cuentas, lo que se pretende es que Catalunya no se independice. Pues eso, y no otra cosa, es el auténtico problema: el temor a que se desgaje de España. La cuestión es política. No legal. No creo que Catalunya sea nunca un Estado soberano, pero, como no lo es, ya, España, aunque es algo más soberana que Catalunya. Pero España es cada vez menos España, cada vez menos ciudadanos con DNI español se dicen y sienten españoles y cada vez más rechazan decirse y sentirse españoles. ¡Vaya victoria la del nacionalismo español!

Donostia 14 de enero de 2018

Javier Elzo

(Una redacción muy resumida de este texto, se publicó en DEIA y en “Noticias de Gipuzkoa” el 13 de enero de 2018)