jueves, 19 de julio de 2018

Sobre la secularización y más (Prólogo al libro de Félix Garitano)


Sobre la secularización y más

Prólogo

(Al libro de Félix Garitano, “25 años de vida parroquial. Una lectura pastoral a partir de la experiencia llevada a cabo en la parroquia de San Vicente de Donostia (1990-2015). Editado por Mensajero 2018, Bilbao 270 páginas)

La lectura de este trabajo de Felix Garitano, párroco de San Vicente, en la Parte Vieja donostiarra durante 25 años (1990-2015), interpela, no solamente a los que, como es mi caso, lo tuvimos de párroco durante esos años, sino también a la comunidad eclesial (no solamente a la próxima de la Parte Vieja, de Donostia o Gipuzkoa), así como a la ciudadanía que tenga alguna inquietud por el desarrollo integral de las personas. El libro se centra, ciertamente, como reza su sub-título, en la “lectura pastoral a partir de la experiencia llevada a cabo en la parroquia de San Vicente” pero, la dimensión de su autor, muchos años responsable de catequesis de adultos en España, su formación internacional y la dimensión social de su actuar, en base a la caridad cristiana, abre el interés de esta publicación, lo diría con las palabras del papa Juan, a todos los hombres de buena voluntad. Lógicamente, se sentirán en mayor grado concernidos quienes hayan estado más cerca de su trabajo, sea físicamente, sea en el campo religioso, particularmente en el de la pastoral. Pero, tanto los pastoralistas y las personas con inquietudes religiosas, así como los ciudadanos que se pregunten qué papel puede, o debe, jugar la dimensión religiosa en general, y una parroquia más en particular en el devenir de una sociedad, encontrarán en este texto material para la reflexión.

Probablemente mi doble condición de parroquiano creyente de San Vicente y de sociólogo, le han impulsado a pedirme que escriba estas líneas, como prólogo a su libro. ¿En virtud de qué condición he leído el trabajo de Garitano y, en consecuencia, desde que perspectiva lo prologo aquí? ¿desde la del creyente o desde la del sociólogo? Personalmente, desde hace mucho tiempo, sostengo que la fe, y en particular la ciencia teológica, por un lado y las ciencias sociales (las ciencias en general), por el otro, tienen sus reglas de juego, su autonomía propia pero no conforman dos comportamientos estancos. La teología y la fe no pueden desprenderse, en sus formulaciones, del contexto sociocultural en que nacieron y en la lectura que se hace de las mismas en los espacios donde y cuando se leen. Así mismo, una sociología del hecho religioso no puede no tener en cuenta las formulaciones teológicas que se proponen en el diálogo intelectual, en las propuestas a los creyentes y en la lectura que estos hacen de las mismas. Pero más aún. Un sociólogo (o un científico social) que se diga creyente, no puede situarse, a veces como sociólogo, a veces como creyente, en su despacho de trabajo como sociólogo, los domingos en la eucaristía como creyente. Lo voy a decir con las palabras de Daniele Hervieu-Léger, socióloga francesa con quien tuve el gran placer de trabajar, en un demasiado breve periodo de mi vida. Dice Daniele que “como científica, mi ambición es la de reducir la experiencia religiosa a un mecanismo social. Pero tropiezo siempre con el tope de mi fe (“je me heurte toujours au boutoir de ma propre foi”), que la sola sociología no puede explicar. Luego, me he visto obligada a reconocer que yo soy socióloga de las religiones y creyente. La cuestión no es tan paradoxal como parece. La fe, como la sociología, es un deambular crítico. Los dos abordajes son compatibles, cada uno puede dar sentido al otro. Creer es liberarse sin cesar de las ilusiones religiosas, esto es, no confundir nuestras imágenes de Dios con Dios mismo”[1].

Hay que subrayar la idea de que el abordaje crítico, con las armas de la razón y de la experimentación, personal y participada, es válido y necesario tanto para la fe como la ciencia. En los dos campos es legítimo el abordaje científico, en cuanto no solamente (aunque también) va depurando las ilusiones que la historia, personal y colectiva, han depositado sobre la verdad religiosa o la empírica, sino también porque, como ya dijera Newman, yo solamente puedo pensar con mi cabeza como solamente puedo respirar con mis pulmones. De Dios solamente puedo hablar con lo que mi cabeza y mi experiencia vital me den. Exactamente igual que un científico en su laboratorio. Es cierto que el científico “toca”, “mide”, “cuantifica” lo que experimenta. Esa es su fuerza y su limitación pues la realidad no se agota en lo que se puede tocar, medir, cuantificar etc. Por eso está en el ADN del pensamiento científico, digno de ser entendido como tal, su carácter temporal, parcial hasta que otra investigación, otra teoría (pensamiento) infirme, supere, matice, rechace etc., la verdad científica del momento. Lo mismo sucede, o debiera suceder, como método de aproximación, como abordaje, en el conocimiento religioso. ¿Es que no sabemos hoy que Pablo estaba equivocado cuando pensaba próxima la venida del Señor? Y, ¿quizás el mismo Jesús?, se preguntan algunos estudiosos del Jesús de la historia.  

Es desde esta visión de las cosas que he leído este libro de Garitano como lo hago habitualmente con los libros de ensayo, con todos los libros de ensayo, sean del ámbito que sean. No hago nada extraordinario con este planteamiento, aunque a veces, no pocos lo olvidan. Pero no así, Félix Garitano quien, constantemente, a lo largo de trabajo trata de poner en relación el mundo de hoy, y de forma particular el fenómeno de la secularización en nuestos ámbitos, con su experiencia en San Vicente (la primera parte de su trabajo), el análisis crítico que realiza de las mismas (la segunda parte) y el excelente ejercicio de prospectiva que realiza en el tercero. Es lo que cabe denominar la historicidad de la fe. Y no solamente de la fe, sino también de la esperanza y de la acción caritativa, de la acción sin adjetivos del cristiano que, o es caridad o no es acción cristiana.

Un texto de Joseph Ratzinger de hace más de cuarenta años.

Avanzado ya el texto, al inicio de la tercera parte del libro, Garitano cita un texto premonitorio escrito por el teólogo Ratzinger y que enmarca muy bien todo este trabajo en su dimensión histórica. Lo traigo aquí aun algo más extenso de lo que lleva Garitano al cuerpo de este libro.
Hace 50 años, el año 1968, el teólogo Ratzinger refiriéndose a la Iglesia Católica, pronosticaba que “se hará pequeña, tendrá que empezar todo desde el principio. Ya no podrá llenar muchos de los edificios construidos en una coyuntura más favorable. Perderá adeptos, y con ellos muchos de sus privilegios en la sociedad. Se presentará, de un modo mucho más intenso que hasta ahora, como la comunidad de la libre voluntad, a la que sólo se puede acceder a través de una decisión. Como pequeña comunidad, reclamará con mucha más fuerza la iniciativa de cada uno de sus miembros.
Ciertamente conocerá también nuevas formas ministeriales y ordenará sacerdotes a cristianos probados que sigan ejerciendo su profesión: en muchas comunidades más pequeñas y en grupos sociales homogéneos la pastoral se ejercerá normalmente de este modo. Junto a estas formas seguirá siendo indispensable el sacerdote dedicado por entero al ejercicio del ministerio como hasta ahora.
Será una Iglesia interiorizada, que no suspira por su mandato político y no flirtea con la izquierda ni con la derecha. Le resultará muy difícil. En efecto, el proceso de la cristalización y la clarificación le costará también muchas fuerzas preciosas. La hará pobre, la convertirá en una Iglesia de los pequeños. El proceso resultará aún más difícil porque habrá que eliminar tanto la estrechez de miras sectaria como la voluntariedad envalentonada. Se puede prever que todo esto requerirá tiempo.
A mí me parece seguro que a la Iglesia le aguardan tiempos muy difíciles. Su verdadera crisis apenas ha comenzado todavía. Hay que contar con fuertes sacudidas. Pero yo estoy también totalmente seguro de lo que permanecerá al final: no la Iglesia del culto político, ya exánime, sino la Iglesia de la fe. Ciertamente ya no será nunca más la fuerza dominante en la sociedad en la medida en que lo era hasta hace poco tiempo. Pero florecerá de nuevo y se hará visible a los seres humanos como la patria que les da vida y esperanza más allá de la muerte”[2].
Hasta aquí Ratzinger. Preparando este prólogo, leo (en Le Monde del 23/02/18) unas reflexiones del gran filósofo agnóstico, Jürgen Habermas, quién mantuvo hace años un muy celebrado dialogo con Joseph Ratzinger, estas palabras: “mientras la religión continúe siendo una forma actual del espíritu, representa un aguijón plantado en la carne de la modernidad. Modernidad que no debe perder su tonicidad y su vigor para trascender lo que existe”. El mismo Habermas ya había escrito años antes que “la esperanza perdida de la resurrección se siente a menudo como un gran vacío”. Estamos aquí, a mi juicio, en uno de los puntos neurálgicos del papel de la religión en lo que cabe denominar la era post-secular, cuando ya estamos, también, dejando atrás la era de cristiandad. Pero, detengámonos antes en otros aspectos de la reflexión de Felix Garitano, antes de volver, más adelante, al tema de la secularización.  
Un pastor, dentro y fuera de los muros de San Vicente.

Felix Garitano es un experto en pastoral, particularmente en la pastoral de adultos. De ahí que en gran parte de este libro haya constantes referencia a la dimensión pastoral, del presbítero sí, pero de los laicos y de toda la Iglesia también. Con reflexiones de cariz teórico, así cuando apunta a las tres etapas de la evangelización en la primera parte del libro, como las de carácter más práctico, aunque siempre desde una perspectiva de lograr, de entrada, alumbrar la llama de la fe, procurar que no se apague por el paso del tiempo, y avanzar en su profundización para que los feligreses sean cristianos de fe adulta. Todo el libro está jalonado de ideas, propuestas, elementos de reflexión, de juicio crítico también al hablar del bautismo, de las bodas, los funerales y sobre todo de la eucaristía, de la celebración de la eucaristía. Los que hemos la hemos vivido durante sus 25 años en San Vicente, hemos sido testigos de su esfuerzo continuado para que las misas fueran, de verdad comunitarias, que superaran el aburrimiento de la cansina repetición, celebraciones vivas y vividas.

Quiero señalar también, lo que llama Garitano “servicios de caridad”. Así ayudas reales a inmigrantes, sea directamente, sea via Caritas, en la legalización de su situación, en la búsqueda de trabajo, ayuda económica, también liberando espacios para acogerlos y para que pudieran encontrarse, etc. También en la atención a personas mayores o necesitadas en el barrio (aún recuerdo un trabajo promovido por él mismo para detectar cuantas personas sin recursos había en la Parte Vieja); atención a los enfermos, pastoral carcelaria, sin olvidar un ropero parroquial que, a lo que parece, cumplía una función más importante de lo que cabría esperar, de entrada. Sí, la acción pastoral no se limitaba exclusivamente a la iniciación cristiana, a la pastoral de jóvenes y adultos, a la vida cultual y sacramental sino también a la acción caritativa. Como no podía, ni debía, ser de otra manera.

Otro aspecto muy destacado en su labor es la pastoral con los jóvenes que muestro más abajo. Pero Garitano se da de bruces con la realidad de una galopante secularización

El desafío de la secularización

Es uno de los temas que recorre la totalidad de este libro. Cuando a lo largo del trabajo, da cuenta su autor, en varios momentos, de que los frutos de sus experiencias pastorales han quedado muy por debajo de las expectativas iniciales, mira como telón de fondo, el fenómeno de la secularización, aunque a veces también da cuenta de realidades más pedestres. Las distancias generacionales, por ejemplo, cuando los más jóvenes proponen modificaciones que chocan con lo que piensan los que llevan años en el oficio. O, cuando hay que aunar e impulsar una acción conjunta, como la “Unidad Pastoral Urgull” ejemplo donde los haya de adaptación a la realidad secular…y al descenso y envejecimiento de las vocaciones sacerdotales y religiosas. También las dificultades en la formación de los monitores del tiempo libre, ahogados por el día a día de su vida familiar, estudiantil o laboral etc., etc.

Voy a trasladar aquí, a título de ejemplo, lo que leemos ya muy avanzado el texto, en la tercera parte, escribiendo sobre la renovación en el modelo de iniciación cristiana estas líneas que muestran al pastor, al párroco, en su humanidad más radical: “vistos los resultados actuales en la iniciación de niños y adolescentes, uno tiende a pensar, bien que no hemos acertado en nuestro objetivo, bien que es un modelo pensado para otro tiempo, no adecuado para el momento actual, bien que lo que hoy y en este entorno podemos pedir con realismo a una iniciación debe ser muy poco, comenzar a caminar poco a poco…La verdad es que un esfuerzo tan grande no parece generar hombres y mujeres que aseguren una vivencia de fe, no configura apenas una identidad cristiana en quienes han acudido a nuestros centros parroquiales. Es duro escuchar que la Primera Comunión o la Confirmación vienen a ser en muchos casos la despedida de la comunidad cristiana, al menos hasta…”

“Al menos hasta” …, pues en la página siguiente se rehace el pastor, y escribe Félix, que aun siendo posible que “quien lea estas líneas pueda pensar que no valoro en nada el esfuerzo realizado en nuestras parroquias” se equivoca. “Nada de eso”, añade. Y vuelve a Francia, donde cursó parte de sus estudios, y nos advierte de que “hay en estos momentos, en Francia, un movimiento de gran convocatoria pastoral, ´les recommencents” (los que recomienzan), hombres y mujeres de los 50 años que ansían recuperar las raíces de una fe que habían abandonado hace tiempo”.

Pero en el fondo estamos frente a un cambio de era, es la muerte de una iglesia que vive los estertores del estado de cristiandad, inmersa en el proceso de secularización, aunque algunos pensamos que estamos ya en los comienzos, ya algo avanzados, de la era postmoderna, la era de la sociedad global y plural que exigirá, exige ya, otra Iglesia y otra forma de entender y vivir la fe. Pero a todos no resulta más fácil ver lo que fenece que lo amanece. Otear la aurora, que decía Jean Delumeau en una de sus publicaciones, con los casi 90 años a cuestas, no es tarea fácil.

En varios, bastantes, momentos del texto de Garitano se hace referencia al avance de la secularización y el efecto que tiene, en la religiosidad de los feligreses, sin olvidar a los propios sacerdotes. Así cuando escribe que “tampoco es fácil para los presbíteros y sus colaboradores mantener un buen nivel de ilusión, dado que la celebración eucarística es (“era”, más bien, pues se refiere a finales del siglo pasado) la tercera o cuarta de ese fin de semana, son ya muchos los años que lleva animando ese grupo humano, y va palpando claramente que el interés por la celebración va descendiendo alarmantemente entre la feligresía”. Al pasar los años, Garitano percibe cómo el proceso de secularización se va afirmando en su labor pastoral. Incluso lo percibe en su entorno más próximo. Escribe que “en los años 2000 y sobre todo a partir del 2010 cambió fuertemente el clima religioso en el entorno de nuestra ciudad; ya era muy difícil ver a un joven en nuestras celebraciones, incluso a unos pequeños niños. Los monitores del Tiempo Libre, una actividad en la que palpábamos también un descenso de participantes, propusieron acertadamente, a comienzos de 2010, hacer un proyecto educativo, ´las actividades que programamos tienen que responder a un proyecto asumido por todos´. Cuando el proyecto llegó a la cuarta parte, ´una actividad de inspiración cristiana´, los monitores tuvieron la elegancia de decírmelo con toda sinceridad que ellos no podían asumir ese proyecto pues se consideraban agnósticos en su mayoría, no querían engañar a los padres, a la comunidad cristiana”. Tras varias reuniones, en un ambiente de amistad y respeto mutuo, los monitores abandonaron el proyecto. “Ahí terminó prácticamente, concluye Garitano, el ´Xirimiri´, una actividad del Tiempo libre que mirado en su totalidad fue positivo”.

¿Cómo se ha llegado hasta aquí?

Mi lectura del libro de Felix Garitano ha coincidido, entre otras, con la de otra publicación, editada en febrero de este año 2018, del historiador Guillaume Cuchet y lleva por título “Comment notre monde a cessé d´être chrétien. Anatomie d´un effondrement” (“Como nuestro mundo ha dejado de ser cristiano. Anatomía de un derrumbe”), Seuil Paris 2018. Con las lecturas de ambos trabajos, y algunos más, aliñadas con mis reflexiones, entendiendo el lógico papel que Garitano le concede al proceso de secularización, presento a continuación, un avance de cómo veo yo la cuestión de la secularización, de cómo explicar lo que tantos dolores de cabeza ha provocado en Felix Garitano, avance que quizá dé lugar a otra reflexión más extensa por mi parte. ¿Dónde mejor que este libro de mi párroco durante 25 años para ofrecer estas primeras ideas, obviamente, esquemáticas?

La tesis de fondo del historiador francés, con gran detalle de datos, viene a decir que más allá de mayo del 68 (fuera de la iglesia) y de Humanae Vitae (dentro de la Iglesia), el Concilio Vaticano II es el factor clave que ha desencadenado el desplome del cristianismo en Francia. El término desencadenar es fundamental. No se trata de que el Concilio sea la causa que haya generado el innegable derrumbe, tanto de las prácticas religiosas como de la impronta del cristianismo en la gobernanza y en la vida cotidiana de los franceses, cuanto factores externos e internos de la Iglesia católica, de tal suerte que Concilio ha desencadenado un proceso que venía de antes. De la Ilustración y de la Reforma de Lutero y Calvino, ciertamente y más cerca, para Francia, de la Revolución francesa de 1789 y de la gran fractura que ocasionó en la Iglesia de Francia.

En España, todo el siglo XX, las dos Repúblicas, el nacional catolicismo del periodo franquista están detrás de la situación actual, que se manifiesta hoy en día, con una sociedad muy dividida en el tema religioso, entre un laicismo excluyente de lo religioso y los últimos, aunque recios estertores, de la añoranza del estado de cristiandad. En el País Vasco, además de todo lo anterior, hemos transitado, por decirlo rápido, de la afirmación de que “ante Dios nunca serás héroe anónimo” del carlismo, al “Jaunkoikoa eta lege zarra” del nacionalismo sabiniano, a la Euskadi atea de la izquierda abertzale, entre la indiferencia de la mayoría de la población.

En mi opinión el tema de fondo, que sea Francia, España o Euskadi, en todo el sur de Europa en general, es el derrumbe, no tanto del cristianismo, sino del Estado de cristiandad, consecuencia, originariamente, de la Ilustración. Apuntaría, además, de modo telegráfico, estas causas, razones o motivos de este derrumbe, distinguiendo, argumentos extra-eclesiales e intra-eclesiales.

Ad Extra de la Iglesia, en la sociedad en general.

-        La lectura de la ciencia como respuesta valida a determinadas prácticas religiosas (por ejemplo, las rogativas) con efecto de arrastre a otras cuestiones.
-        Una sociedad que está saliendo del estado de cristiandad y que apuesta por una moral autónoma e individualista. Una sociedad que se dice secular, pero secular de lo religioso cristiano, aceptando otras sacralidades: políticas, deportivas, vestimentarias, alimenticias…
-        En Francia, y en España también, antes del Vaticano II se vivió el boom demográfico lo que hizo que, en los años del Concilio, y hasta una década después en España hubiera más niños y menores, lo que hacía difícil percibir la caída de la práctica religiosa, ya evidente.
-        La transmisión familiar ha cambiado, básicamente porque el principal agente de educación en la fe, la madre, como mujer, se ha secularizado radicalmente.
-        Se viven grandes transformaciones en las uniones familiares: en menos de veinte años hemos pasado, mayoritariamente, del matrimonio canónico a las parejas de hecho.
-        Las relaciones sexuales más allá de la reproducción son una realidad banal y cotidiana. Hay una reivindicación del eros, por sí mismo. En ese contexto, Humanae Vitae resulta incomprensible.
-        Es capital tener en cuenta las diferencias socioculturales en general y socio-religiosas en particular a la hora de abordar la evolución de la religiosidad de la gente. Euskadi no es Andalucía, ni Oyarzun Irún.
-        Mas allá de la infravaloración de la práctica religiosa por parte de determinadas corrientes en alza en la Iglesia católica dominante en los años del Concilio (lo que se olvida), también cambió la significación social y sociológica de la práctica religiosa, en una sociedad que se pretendía secular.
-        En ámbitos sociológicos, en muchos lugares de España y Francia, se habla del catolicismo sociológico, un catolicismo de herencia histórica, correspondiente a un momento en el que se era “naturalmente” católico. Pero, ese momento ya es historia.

Ad Intra de la propia Iglesia

-        Una iglesia elitista cuando todavía era rural. Minusvaloración de la religiosidad popular. Gran parte de la gente sencilla, sin estudios, no se reconoce en la iglesia postconciliar. Tampoco la clase media aburguesada.  
-        Un Iglesia marcadamente clerical y masculina, aun diciendo valorar al laico y a la mujer.
-        Infravaloración, por parte de la Iglesia, de las prácticas religiosas y de la dimensión cultual de lo religioso, tras el Vaticano II: la misa y la confesión, de entrada: no hace falta ir a misa pare ser un buen cristiano, ni pasar por el confesonario. Después, de forma sorpresiva, no pensada ni querida, y sin solución de continuidad, caída del matrimonio religioso y del bautismo. Ahora quedan, a la baja también, los funerales: el último bastión.
-        Una teología y unos lenguajes de otros tiempos y contextos. Hoy obsoletos. Un Credo del siglo IV. Salmos de hace treinta y más siglos. Textos ininteligibles para la gran mayoría de creyentes.
-        Dificultad de la generación del Concilio Vaticano II en admitir que, al menos cronológicamente, haya coincidido con la caída espectacular de las prácticas religiosas. Además, admitirlo supondría dar la razón a la rama más conservadora y tradicional de la Iglesia que habría quedado claramente en minoría en Vaticano II.
-        En algunos sectores y en algunos momentos en la Iglesia se vivía, como una necesidad, de ocultación o, al menos, de no excesiva visibilización de la matriz cristiana de determinadas obras, en cuya fuente u origen estaba la Iglesia. Lo viví el año 1986 en el Congreso Mundial Vasco, en la sección de drogodependencias, cuando un periodista nos preguntó por qué ocultábamos que “Proyecto Hombre” había venido a Gipuzkoa de la mano de la Iglesia, “Proyecto Hombre” que en su cuna estaba la figura de un sacerdote. La argumentación era doble: la Iglesia no buscaba colgarse medallas, y, sobre todo, en las obras de la iglesia no se hacía acepción de personas. Además, visibilizar la marca iglesia en Proyecto Hombre podría retraer a posibles drogodependientes no creyentes.
-        Este rasgo de ocultación, de retraimiento se ha manifestado también en la dificultad para muchas personas de manifestar públicamente sus convicciones religiosas o, más simplemente, de ser tenido por católico. Todavía hoy en día, para muchos creyentes, es más fácil decirse cristiano que católico. Por muchas razones o motivos. Su connotación de retrogrado, en gran parte. Por considerar que se trata de algo íntimo y personal que no debe porqué tener visibilidad social, aunque habrá menos dificultad, o ninguna dificultad en decirse nacionalista, de izquierdas, progresista etc., etc. En otras palabras, ser católico no está en el aire del tiempo.
-        Etc., etc.

Un testimonio excepcional

Es en este marco, aquí muy sucintamente señalado, en el que creo que cabe entender la situación que describe Felix Garitano en este libro de su proceso en los veinticinco años de ejercicio pastoral en la parroquia de San Vicente en la Parte Vieja donostiarra. La lectura de este libro resulta, a la postre, un ejemplo de primer nivel de lo que ha sucedido, en la religiosidad de gran parte del pueblo vasco en las últimas décadas. Contado, además, por un protagonista de excepción, un presbítero enamorado de su labor sacerdotal y lo hace en un lenguaje sincero, profundo, directo, barojiano, diría, de no andarse por las ramas y de decir las cosas sin circunloquios. Estamos ante un testimonio reflexivo de primera importancia. Para los que han trabajado con él, ciertamente. Para la historia, también.

Así lo hace Garitano en la tercera parte de este trabajo en un ejercicio crítico de los cambios y reformas necesarias “en” la Iglesia, reformas “de” la iglesia, que detalla en lúcidas palabras cuando valora el papel de laicado, el de la mujer en el ministerio pastoral, en el reconocimiento del pluralismo reinante dentro y fuera de la Iglesia, en la necesidad de cambiar el lenguaje religioso y adaptarle al mundo de hoy, etc. También subraya la importancia de las primeras experiencias religiosas, ya desde la infancia y, siempre, siempre, la imprescindible espiritualidad. También hace alguna referencia a la música, aunque aquí me hubiera gustado que no hubiera sido tan parco en este punto que es tan importante para él.

En fin, y para cerrar ya estas líneas, permítaseme que recuerde el texto de Juan 12, 24: "En verdad, en verdad os digo: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo; pero si muere, da mucho fruto". Los granos que has sembrado, Félix, no te quede duda, renacerán, aunque, es probable, que por razón de edad tu no lo veas.  Eskerrik asko, Félix.

Donostia 26 de febrero de 2018
Javier Elzo



[1]. Esta afirmación proviene de una entrevista en “La Vie”, 19 de septiembre de 1996, recogida en un libro sumamente interesante, “Le gouvernement de l´Eglise Catholique. Synodes et Exercice du Pouvoir”. Sous la direction de Jacques Palard. Institut d´Études politiques de Bordeaux. Editions du Cerf. Paris 1997, página 19.

[2] En castellano, ya en 1973, reeditado bajo el título “Fe y Futuro”, en Desclée, el año 2009

sábado, 14 de julio de 2018

Tras un artículo injurioso de Rubén Amón contra José María Setién



Tras un artículo injurioso de Rubén Amón contra José María Setién

El pasado día 12 del presente mes de julio de 2018, Rubén Amón publicó un artículo, particularmente injurioso, en “El País”, titulado “Monseñor Setién y la serpiente de la paz”. Lo reproduzco en su integridad aquí abajo. Su lectura me impulsó, el mismo día, a escribir un comentario en la edición digital de “El País”. No di con la pestaña correspondiente y decidí enviarlo a “Cartas a la directora”. Pasados dos días no he visto que la hayan publicado. De ahí que suba a este blog, primero el artículo de Rubén Amón y, a continuación, mi breve comentario al mismo.

1.    El artículo de Rubén Amón en “El País” (12/0718)
No parece probable que monseñor Setién resucite al tercer día. Las fechorías de su existencia le han hipotecado el reino de los cielos. Y lo sustraen a la convención de una elegía edulcorada.  Por eso no tiene derecho el pater soberanista a la diplomacia del estilo sepulcral, género literario que exalta los méritos del difunto a costa de esconder los errores. Y que acostumbra a resumirse en un epitafio presuntuoso y grandilocuente. El dolor que ocasiona la esquela y la tradición coral de las plañideras encubren incluso al finado más feroz y despiadado.
Acaso Setién permanezca a la categoría, más aún despojado de la cruz y del hábito episcopal que disfrazaban su ambigüedad con el terrorismo. No porque hubiera urdido un atentado o porque los hubiera legitimado con el agua bendita de las cañerías, sino porque contribuyó a los mensajes de indulgencia y de empatía, como si fuera posible asumir una posición de equidistancia entre el verdugo y la víctima en el nombre de la otra mejilla.
Setién no tuvo compasión con los muertos de ETA y sí tuvo condescendencia con los pistoleros, hasta el extremo de elevarlos al rango de revolucionarios. Era la perspectiva desde la que podían justificarse las matanzas. No sólo porque representaban la factura inevitable de la guerra de ocupación, sino porque el niño, el guardia civil, el periodista o el soldado eran los mártires necesarios del camino hacia la normalidad, entendiéndose como normalidad la amnesia y la obscenidad con que han sido asimilados en las instituciones los próceres intelectuales del terrorismo.
Tiene escrito Edmund Burke que la victoria del mal solo requiere que los buenos no hagan nada. Y no se le podrá reprochar a Setién el defecto de la pasividad. Al contrario, especuló en el bando del mal y convirtió los confesionarios en zulos. E hizo de las homilías un ejercicio de apología de la resistencia y de la independencia que hubiera asumido como propias cualquier clérigo yihadista.
No fue un hombre de Dios Setién. Ni un hombre de Iglesia. El mensaje de la tolerancia del cristianismo y su vocación universal se resintieron de un sesgo oscurantista y despiadado. Setién simpatizaba con el soberanismo acariciando con su anillo a los chacales. Y abasteciéndolos de promesas ultraterrenas, ninguna tan atractiva como la independencia de Euskadi.
No ha vivido para bendecir el nacimiento de la nueva patria con el incienso de la pólvora antigua, pero casi llega a tiempo de votar en el referéndum que han amañado el PNV y Bildu en la estrategia de la desconexión y en la provocación mimética del soberanismo catalán. El clero vasco y catalán extremista simpatizan en la pira de la Constitución. Y veneran la serpiente de la paz que monseñor Setién custodiaba en su regazo, recreándose en el desamparo de las víctimas de ETA y evocando aquél siniestro pasaje del Don Carlos de Schiller en el que el marqués de Poza recrimina a Felipe II haber predispuesto la paz... de los sepulcros. Dice Rubalcaba que en España se entierra muy bien. Y tiene razón, pero monseñor Setién se merece una fosa común sin epitafio.

2.    MI comentario enviado el mismo día 12 a “El País” y no publicado, al menos a día de hoy.

Apoyándome en su citación de
Edmund Burke de que “la victoria del mal solo requiere que los buenos no hagan nada”, siendo lector asiduo de “El País”, a veces con dificultad, no puedo dejar pasar que el resentimiento, insulto y odio que anidan en el texto de Rubén Amón, queden sin un breve comentario mío. Setién cometió errores en su dilatada vida como obispo, pero nunca insultó y, menos aún, odió. El odio es mal consejero. También para un periodista. De Setién me queda, entre otras muchas cosas, su denodado esfuerzo por traer la pacificación al País Vasco, y que nunca hay que responder al insulto. Por eso, aquí, hoy, ahí me quedo.

domingo, 1 de julio de 2018

Breverias 3. Roberto Calasso y la interrogación de Stuart Mill


Roberto Calasso y la interrogación de Stuart Mill
Breverías 3 

La lectura, relectura y anotaciones del primer capítulo (pp. 9 - 84) del excepcional libro de Roberto Calasso. “La actualidad innombrable”. Anagrama, Barcelona, 2018, 173 p., me están ocupando no pocas horas de estos meses. Aunque volveré más adelante a este libro en mi blog, quiero traer hoy aquí, sin comentario alguno, unos párrafos que consagra a una reflexión de Stuart Mill. Están en las paginas 51-52 de su libro.

Escribe así Roberto Calasso:

“Stuart Mill contó: ´Desde el invierno de 1821, cuando leí a Bentham por primera vez, y especialmente desde los comienzos de la Westminster Review, yo había tenido lo que con verdad podría llamarse una meta en la vida: ser el reformador del mundo. Mi concepción de mi propia felicidad estaba completamente identificada con ese objetivo (….) Solía felicitarme por la certeza de haber encontrado un modo feliz de vivir por haber situado mi ideal de felicidad en algo duradero y distante, en el que siempre cabía realizar algún progreso, sin llegar nunca a agotarlo por haberlo conseguido por completo´. Esta situación se mantuvo durante cinco años ´a lo largo de los cuales la mejoría general que tenía lugar en el mundo y la idea de que otros y yo estamos entregados a la lucha por promover esa mejoría, me parecía suficiente para llenar de interés y animación mi existencia´.

Hasta que un día, continúa Stuart Mill, ´desperté de todo eso como de un sueño´. ¿Qué había pasado? Había llegado el momento de realizar una pregunta: ´suponte que todas las metas de tu vida se hubieran realizado: que todas las transformaciones que tú persigues en las instituciones y en las opiniones pudieran efectuarse en este mismo instante: ¿sería eso el motivo de gran alegría y felicidad para ti?´.  Apesadumbrado, Stuart Mill cobró conciencia de que su decidida respuesta a esa pregunta era: ¡No!. Entonces experimentó una sensación desconocida y aguda: ´Los fundamentos sobre los que había construido mi vida se desmoronaron´. De pronto todo era ´insípido e indiferente´. Siguieron meses de una profunda depresión que abarcó el invierno de 1826 - 1827. Visto desde fuera nada había cambiado. Stuart Mill seguía llevando una vida plena de actividad: ´Durante ese periodo no dejé de dedicarme a mis ocupaciones usuales (….) Estaba tan habituado a cierto tipo de ejercicio mental que podía seguir en esa línea incluso cuando el espíritu se había desvanecido. Compuse y pronuncié unos discursos para la Sociedad de Debates. Cómo pude hacerlo y con qué resultado son cosas que ignoro´.”

“Stuart Mill es considerado todavía hoy una de las luminarias del progresismo. El hecho es que a los progresistas de todas las especies - laicas y religiosas - les faltó siempre la capacidad y la lúcida audacia para hacerse la pregunta que se formuló Stuart Mill en su integra honradez, y que lo precipitó a un estado que solo Coleridge supo describir: ´un dolor sin espasmos, vacío, oscuro y desolado´”.

sábado, 30 de junio de 2018

A vueltas con la soberanía y la capacidad de decidir


A vueltas con la soberanía y la capacidad de decidir

La semana pasada, al menos dos ministras del nuevo gobierno de Madrid declararon que la soberanía reside en el Parlamento español y que “el derecho a decidir” no forma parte de su agenda, mientras que, bien al contrario, 175.000 personas unieron las tres capitales de la CAV, convocados por la plataforma “Gure esku dago” afirmando, aun con acentos distintos, que se abre un nuevo ciclo sobre el derecho de los vascos a decidir su futuro. Mis demonios particulares me llevan, una vez más, a darle vueltas al tema de las soberanías que, a la postre, no es otra cosa que dilucidar donde está el sujeto político con capacidad real de decidir, y de decidir qué. Una reciente lectura me ha impulsado, también, a escribir estas líneas.

En el número 273 de la Revista “Iglesia Viva”, de enero-marzo de 2018, hay una larga conversación de 24 páginas entre la directora de la revista, Teresa Forcades, y un ex juez, durante 12 años, del Tribunal Constitucional Federal de Alemania, Dieter Grimm. Reflexiona sobre las relaciones entre la justicia de cada estado miembro y el Tribunal de Justicia Europeo, convertido en instancia superior en la actual Unión Europea en construcción. De ahí que, en la conversación, se aborde la cuestión de la soberanía, más allá del solo ámbito jurídico. Parafraseo algunas de las ideas centrales del juez Grimm.

Soberanía y derechos de soberanía. El juez alemán hace una distinción entre la “soberanía” y los “derechos de soberanía” particulares. Los Estados han transferido una serie de derechos de soberanía a la UE, pero no la soberanía que reside en cada uno de los estados miembros. Ante una cuestión de carácter social, afirma que una Europa social presupondría una mayor transferencia de derechos soberanos a la UE, pero no necesariamente suspendería su soberanía. Aunque lo que obstaculiza una unión social no es tanto la soberanía nacional cuanto la dificultad práctica. Los sistemas de seguridad social de los Estados miembros son tan diferentes que la unificación es casi imposible. Y, añade el juez, que transformar los ejércitos nacionales en un ejército europeo supondría un impacto mucho mayor en la soberanía nacional que la instauración de una unión social. En este momento, no ve ninguna disposición en los Estados miembros a renunciar a su soberanía. Es ahí, precisamente ahí, donde se da de bruces, el presidente Macron cuando, en varias ocasiones el presente año (en febrero en la Soborna, en mayo al recibir en Aquisgrán el Premio Carlomagno) propugna la soberanía europea.

Cuando la cantidad deviene calidad. Volvamos al juez alemán. Afirma que, en el futuro de la UE, se producirán otras transferencias de soberanía, pues el número de problemas que ya no se pueden solucionar de manera efectiva en el marco de los Estados no disminuye, sino que crece. Y añade una precisión que juzgo capital: “uno no debe olvidar que hay un límite detrás del cual la cantidad da un vuelco en calidad. Los Estados miembros siguen teniendo la mayoría de los derechos de soberanía. Pero puede suceder que cedan tantos derechos soberanos que la parte restante ya no merece el nombre de soberanía". Y pone como ejemplo que, en la actualidad, se discute si la unión monetaria podrá tener éxito, si no se produce también una unión de la política financiera y económica. “Eso sería un nuevo desplazamiento de competencias de gran alcance. Lo mismo vale decir de la ampliación de la UE a una comunidad de defensa. Está en discusión una unificación del derecho de asilo”, subraya. Si esos desplazamientos de competencias se llevan a cabo, la pregunta se impone: ¿no sería más exacto decir, siguiendo la terminología del juez Grimm que, entonces, la “soberanía” residiría en el Parlamento europeo, y que los parlamentos de los Estados miembros se limitarían a los, cada día, más menguantes “derechos de soberanía”? Pensando en Euskadi respecto de España, y sí tuviéramos, ¡al fin!, las plenas competencias asignadas al Estatuto de Gernika, ¿qué sujeto político, Euskadi o España, sería “soberano” y cual ejecutor de “derechos de soberanía”, siguiendo la distinción del juez alemán?

Subsidiariedad no aplicada. Al abordar las cuestiones de las naciones sin Estado en una Europa de los Estados, nuestro juez echa mano del principio de subsidiariedad, que está en los Tratados de la UE desde 1992, recuerda, pero se ha quedado en letra muerta pues no ha sido nunca aplicado. Lamentablemente, puntualiza, pues las cuestiones que puedan ser resueltas a un nivel más cercano a los ciudadanos, deben mantenerse ahí y que el nivel superior solamente se ocupe de lo que el nivel inferior no pueda asumir. Y añade, “deberíamos hacer a nivel europeo lo que hacen todos los Estados federales: distinguir de forma selectiva lo que puede ser legislado a cada nivel, es decir, crear un sistema escalonado de competencias legislativas” aunque en Alemania es más fácil pues “Alemania es mucho más homogénea que España”.

Sentimiento de pertenencia. Pero, trasladar el debate sobre las soberanías, (o sobre los derechos de soberanía, lo que viene a ser soberanía compartida) a un debate sobre las competencias legislativas, ¿supone, en la práctica un avance? Tiendo a contestar afirmativamente. Considero que el concepto de soberanía que, en principio, o es absoluta o no es soberanía, está ya, de facto, superado e, incluso, sostengo que es polemógeno. Claro que más de uno me argüirá, con razón, si la cuestión de la nación, de la nacionalidad, se limita, entonces, a una mera descentralización administrativa (poco importa que sea en el marco español, francés o europeo), a la postre a una distribución de competencias a nivel local, autonómico (de TTHH, además, en Euskadi), estatal, europeo y planetario. Mi respuesta es negativa, por supuesto. Pues falta un ingrediente capital, central, para muchos incuestionable: su sentimiento de pertenencia que es tanto más importante a medida que la sociedad, el mundo de nuestros días, es más global, más plural. Pero el sentimiento de pertenencia no tiene por qué circunscribirse al ámbito territorial competencial en el que, administrativamente, esté inscrito cada ciudadano. Los tres millones de vascos europeos estamos repartidos en la CAV, en Navarra, o en Iparralde. La CAV y Navarra están en España e Iparralde en Francia. Y los vascos de la CAV, Navarra e Iparralde, no tenemos sentimientos de pertenencia homogéneos sino, a menudo, fuertemente encontrados, mientras que muchos “pasan” de estos temas.

Es desde estos mimbres que los tenemos a Euskal Herria en la cabeza y en el corazón debemos mirar al futuro para que haya una mayoría de vascos, de habitantes en toda Vasconia (o ¿Baskonia?), autóctonos y los que vengan de fuera (ahora los 63 refugiados del Aquarius), que afirmen, con tranquilo y acogedor orgullo, “ni euskalduna naiz”. Lo que exige trabajar por una Euskadi competente, convivial, con algo que aportar al planeta. Esto me parece prioritario. La fórmula geopolítica que tendrá Euskal Herria, digamos en 2050, dependerá, en gran medida, de ello.

(Publicado el 29 de junio de 2018 en DEIA y en Noticias de Gipuzkoa)

viernes, 29 de junio de 2018

Crueldad, crueldad: Contra la prisión permanente revisable



Quienes no quieran ser cómplices de crueldad deben, al menos, leer este artículo.
Rara vez en mi vida me he sentido tan identificado con un texto como este que aquí transcribo.
Desde mis años de estudiante he pensado y sostenido por escrito que las cárceles actuales, también las de occidente, son equiparables a las galeras del mundo antiguo. ¿Por que tanta crueldad inútil?. ¡Vergüenza de nuestra justicia pero, sobre todo, vergüenza de nuestra sociedad, que la alimenta! Crueldad, crueldad, crueldad, crueldad, crueldad.......


Contra la prisión permanente revisable
·         
o   ENRIQUE GIMBERNAT
·         
o   l
·        El MUNDO 29 JUN. 2018 02:08

Para acudir únicamente a los países de nuestro entorno: ni Noruega, ni Portugal, ni Croacia, ni Serbia contemplan en sus leyes la pena de prisión perpetua.
Ciertamente que en otras naciones europeas la prisión perpetua figura en su catálogo de penas. Pero el plazo que tiene que transcurrir para que se revise esa pena y el recluso pueda alcanzar la libertad condicional es: de siete años en Irlanda; de 10 años en Suecia y Suiza; de 12 en Chipre, Dinamarca y Finlandia; de 15 en Austria, Alemania, Bélgica, Liechtenstein, Luxemburgo y Macedonia; de 18 en Francia; y de 20 en Bulgaria, Grecia, Hungría, República Checa y Rumanía. En España la revisión de la prisión permanente se ha fijado, según la gravedad del delito cometido, en 25 o, en su caso, en 35 años. Hasta 2015 la pena máxima, introducida en nuestro Código Penal (CP) en 2003, era la de 40 años de cumplimiento efectivo, pena que ahora se ha visto superada en su severidad, en una escalada imparable, por la pena de prisión permanente revisable creada en virtud de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo.
El número de personas privadas de libertad por cada 100.000 habitantes es: de 53 en los Países Bajos y en Suecia; de 55 en Finlandia; de 58 en Dinamarca; de 74 en Noruega; de 78 en Alemania; de 80 en Irlanda; de 83 en Suiza; de 89 en Grecia; de 90 en Italia; de 93 en Austria; de 98 en Bélgica; y de 103 en Francia. En España el número se dispara hasta las 130 personas privadas de libertad por cada 100.000 habitantes.
Mientras que en otros países ha disminuido en los últimos años el número de personas privadas de libertad por cada 100.000 habitantes (en Finlandia de 190 a 57, en los Países Bajos de 128 a 53, en Alemania de 104 a 78, en Suecia de 81 a 53, en Austria de 108 a 93), corresponde a España el dudoso honor de haber aumentado su población penitenciaria casi cuadruplicándola: de 38 personas privadas de libertad por cada 100.000 habitantes en 1984 se ha pasado a 130.
La extremada dureza de nuestro CP en relación con los Estados europeos que acabo de mencionar, podría obedecer al alto número de delitos contra la vida que se realizan en España. Pero, afortunadamente, sucede todo lo contrario: España es uno de los países donde menos delitos de esa naturaleza se cometen y, en consecuencia, una de las naciones más seguras del mundo.
Así, y por ponerlo en relación con algunos de los Estados europeos que he mencionado anteriormente, donde, o no existe prisión permanente, o la revisión de ésta se lleva a cabo antes -o mucho antes- de la que establece nuestro CP, el número de delitos contra la vida (asesinatos y homicidios dolosos) que se registran por cada 100.000 habitantes es: de 1,7 en Grecia; de 1,6 en Finlandia y Bélgica; de 1,4 en Macedonia; de 1,3 en Hungría; de 1,2 en Croacia y Portugal; de 1,0 en la República Checa y en Francia; de 0,9 en Austria y en los Países Bajos. España, con 0,8 de delitos dolosos contra la vida cometidos por cada 100.000 habitantes ocupa prácticamente -junto con Dinamarca, Luxemburgo y Alemania- el último lugar del mundo por lo que se refiere a las posibilidades de que una persona pierda la vida a consecuencia de un ataque intencional contra su persona.
Cuando se alega en España, a favor de la prisión permanente revisable o de la brutal pena de 40 años de prisión efectiva, que ello es necesario para satisfacer los fines de prevención general (con la amenaza de penas prácticamente ilimitadas se cometerían menos delitos), se están formulando afirmaciones que, simplemente, no son ciertas.
Mediante la prevención general se confía en que, por el miedo al castigo, los ciudadanos se abstengan de cometer delitos; ciertamente que esta función nunca se satisface plenamente, porque en todas las sociedades, a pesar de estas amenazas, se cometen delitos. Pero que ese miedo al castigo consigue disminuir, en gran medida, la comisión de hechos delictivos es algo empíricamente comprobable, en cuanto que, siempre que, de alguna manera, se produce un vacío del poder punitivo estatal, por ejemplo, con ocasión de grandes catástrofes como terremotos o graves inundaciones, o a consecuencia de huelgas generales de la policía, aumenta espectacularmente -mediante actos de pillaje contra la propiedad y de ataques contra las personas- la comisión de actos delictivos por parte de muchas personas que, hasta entonces, nunca habían actuado al margen de la ley penal, lo que encuentra su explicación en que la función de prevención general ha quedado transitoriamente suspendida, porque también ha quedado suspendida, total o parcialmente, la actividad policial encargada de la persecución de delitos, y, con ello, también el miedo a tener que responder por los comportamientos delictivos que se cometen en esas situaciones de emergencia.
Pero los efectos de prevención general del Derecho penal no dependen de la mayor o menor gravedad de las penas, sino de que éstas vayan a aplicarse efectivamente. Y así, y por lo que se refiere a la mayor pena imaginable: la de muerte, las estadísticas demuestran que esta sanción para nada influye en la prevención general. Unos pocos ejemplos entre los numerosísimos: los delitos de violación disminuyeron en Canadá a raíz de la supresión de la pena de muerte prevista para tales hechos; en Inglaterra no aumentó la comisión de aquellos delitos que, en 1957, dejaron de ser castigados con la pena capital; y lo mismo se observó en Yugoslavia a partir de 1950. Los resultados estadísticos de Alemania, Austria, EEUU (en los Estados federados donde se ha abolido la pena de muerte), Finlandia, Noruega y Suecia señalan, asimismo, el nulo influjo preventivo-general de esa máxima pena. Y en relación específica con la prisión perpetua, en Noruega, cuando se suprimió la prisión perpetua, los delitos que hasta entonces estaban castigados con esa pena, no solamente no aumentaron, sino que disminuyeron. Y es que, como sabemos ya desde el gran Cesare Beccaria, el fundador del Derecho penal moderno, con su libro De los delitos y las penas (1764), "el mayor freno de los delitos no es la crueldad de las penas, sino su infalibilidad... La certeza de un castigo, aunque éste sea moderado, surte más efecto que el temor de otro más terrible unido a la esperanza de su impunidad o de su incumplimiento".
Como ya he señalado, la existencia del CP hace que, por miedo a la pena, ello suponga una inhibición para que la generalidad de las personas no incurra en conductas delictivas que podrían cometer si esa amenaza no existiera. Pero en toda sociedad existen personas que delinquen, a pesar de esa amenaza de sufrir una pena, lo que obedece a que el infractor confía en que no va a ser descubierto ni, con ello, condenado. Esto rige también, y muy especialmente, en los delitos contra la vida, que, por lo general, se ejecutan bajo situaciones emocionales extremas o como consecuencia de acciones en cortocircuito. Pero incluso cuando el asesinato se lleva a cabo fríamente, tampoco el autor piensa que va a pagar por su delito, como lo pone de manifiesto, para acudir a un ejemplo reciente, el del niño Gabriel Cruz: la asesina confesa, Ana Julia Quezada, mató a su víctima porque ésta suponía un "estorbo" en la relación sentimental que mantenía con el padre del niño, relación sentimental que la autora sólo podía pensar -como pensó- que iba a poder continuar porque confiaba en que no se iba a descubrir su delito y porque, en consecuencia, proseguiría su vida en libertad junto a su novio, por lo que era indiferente para impedir su asesinato que la pena señalada a éste fuera de muchos años de prisión o -tal como sucede con la legislación penal al tiempo de los hechos- la de prisión permanente revisable.
A pesar de todos estos argumentos racionales y razonables, ¿cómo es posible que España, con su despiadada pena de prisión de 40 años de cumplimiento efectivo y con su plazos de revisión de la cadena perpetua de una extensión que no tiene equivalente en los países de la Europa occidental, haya superado, con mucho, la extensión de las penas privativas de libertad que podían aplicarse durante el franquismo, donde éstas, con la pena máxima de reclusión de 30 años y la institución de la redención de penas por el trabajo, nunca excedían -en los casos más extremos- de 20 años de privación real de libertad? Ciertamente que también existía la pena de muerte, pero, con la excepción de las impuestas por los tribunales militares, esa pena, de facto, se había dejado de aplicar a los delitos comunes, ya que la última ejecución por garrote vil se remonta al año 1959 en el que fue ajusticiado José María Jarabo, condenado por un cuádruple asesinato.
Son varios los factores a los que obedece esa transformación de nuestro Código en el más despiadado de la Europa occidental; por citar un último ejemplo, en Alemania la duración media de la prisión perpetua es de 18 años, algo de lo que ahora se separa sideralmente nuestro país con sus, por una parte, 40 años de cumplimiento efectivo de prisión y, por otra, sus plazos de revisión de 25 a 35 años para la perpetua.
El primer factor es la existencia de dos grupos de presión que han conseguido que el legislador incorporara al CP, íntegramente, sus pretensiones punitivas.
Por lo que se refiere a las asociaciones de víctimas del terrorismo, sus demandas fueron acogidas por la Ley Orgánica 7/2003 de reforma del Código Penal, introduciéndose la pena de 40 años de cumplimiento efectivo. El segundo grupo de presión está encabezado por padres de víctimas de 18 o menos años de edad (casos Marta del CastilloDiana Quer, entre otros) que han conseguido hacerse oír hasta lograr que se introdujera en el CP, en 2015, la pena de prisión permanente revisable para, entre otros, los mismos terribles delitos de los que habían sido objeto sus hijas.
Pero todas esas movilizaciones de esos grupos de presión no habrían sido suficientes para introducir esas extremas reformas penológicas en el CP, si no se hubieran visto espectacularmente reflejadas -y apoyadas- en los medios de comunicación. Para referirme a un solo ejemplo: el caso del niño Gabriel Cruz acaparó todas las noticias, comentarios y tertulias, desde su desaparición, el 27 de febrero del presente año; y, al día siguiente de que se encontrase su cadáver y de que fuera detenida su asesina confesa, en sus ediciones de 12 de marzo, los cuatro periódicos españoles de difusión nacional dieron la noticia a cinco columnas, dos de ellos ocupando todas sus portadas, algo que, como señaló mi amigo Manuel Hidalgo, en otros tiempos sólo habría suscitado semejante atención por parte del semanario El Caso. Para comparar este despliegue con el que habría tenido lugar en un país que conozco muy bien, Alemania, porque he vivido en él varios años, la noticia de un asesinato de esas características sólo habría tenido un alarde tipográfico parecido en el amarillista Bild Zeitung, habiendo quedado relegado en los periódicos no sensacionalistas -Frankfurter AllgemeineSüddeutsche ZeitungDie Welt- a páginas interiores o, como mucho, a una columna en sus portadas.
Pero, con todos mis respetos para esos grupos de presión, de los que yo, tal vez, formaría parte si el destino me hubiera golpeado con una tragedia semejante a la que ellos han padecido, hay que decir que no son los más indicados para dictar las reformas penológicas que deben introducirse en el CP. Porque, como ha señalado, con razón, el antiguo presidente de una de las Salas de lo Penal del Tribunal Supremo alemán, Thomas Fischer, esas personas no son neutrales y si fueran jueces de los asesinos de sus hijas tendrían que abstenerse de formar parte del tribunal por tener un interés directo en la causa.
Cuando por parte de miembros de esas asociaciones se escapa el eslogan: "que se pudran en la cárcel", esa formulación es tan comprensible como incompatible con nuestra Constitución (CE), ya que, por muy horrible que sea el delito que ha cometido, el autor tiene intactos sus derechos a la integridad física y moral y a no ser sometido a penas o tratos inhumanos y degradantes (art. 15 CE), a la dignidad de la persona y al libre desarrollo de su personalidad (art. 10.1 CE), así como, específicamente para los condenados, a que las penas privativas de libertad estén orientadas hacia la reeducación y reinserción social (art. 25.2 CE).
Además de la sentencia del Tribunal Constitucional alemán (TCA) de 21 de junio de 1977, que obligó al legislador germano a fijar, en los casos de prisión perpetua, un plazo transcurrido el cual el recluso podía alcanzar la libertad condicional, plazo que, finalmente, se fijó en 15 años, dicha sentencia, así como alguna otra, como la de 8 de noviembre de 2006, han fundamentado, con argumentos constitucionales, la razón del establecimiento de ese plazo, así como el modo en que paliar, en lo posible, los efectos negativos de, en general, las penas largas de privación de libertad. El TCA opera en su motivación, primordialmente, con el derecho inviolable de toda persona -también de los condenados- a su dignidad, así como con las obligaciones que derivan de una nación constituida en un Estado social de Derecho. De acuerdo con ello la revisión preceptiva de la prisión perpetua, así como las condiciones de la ejecución de la pena, las deriva el TCA de la obligación del Estado de "contrarrestar" los efectos dañinos de las penas de larga duración, que pueden llevar a modificaciones deformadoras de la personalidad, tanto en el aspecto somático como en el espiritual y psiquiátrico, lo que estaría en contradicción con la inviolabilidad de la dignidad de la persona.
En el mismo sentido se han pronunciado las Recomendaciones (2003) 23 y (2006) 2 del Consejo de Ministros de la Unión Europea en relación a la prisión perpetua y a otras penas de larga duración en el sentido de que el tratamiento penitenciario de esos reclusos debe estar orientado a contrarrestar los efectos negativos y orientado a reinsertarlos con éxito en la sociedad, debiendo "[ajustarse] la vida en prisión lo máximo posible a los aspectos positivos de la vida en el exterior".
Dentro de esta conexión, el TCA pone como ejemplos de cómo "contrarrestar" tales efectos perjudiciales, que a los penados con reclusión perpetua les puedan ser concedidos permisos de salida así como el régimen abierto.
Además de que, de acuerdo con los estudios empíricos sobre la materia, penas inamovibles de 25, 35 o 40 años producen daños irreversibles en el soma y en la psique de los reclusos, para acabar de arreglarlo la práctica penitenciaria española con los responsables de los delitos más graves es la de mantenerlos durante todo el tiempo de su condena en primer grado de clasificación penitenciaria, es decir: en un régimen que durante todos los años de su interminable condena les mantiene en una celda aislada en la que permanecen encerrados, sin salidas al patio, al menos 21 horas diarias, sometidos a cacheos diarios, sin permiso alguno de salida, sin contacto con otros presos y desayunando, comiendo y cenando entre barrotes. En esta situación de régimen cerrado se encuentran, según informa El País de 21 de marzo de 2018, el 88% de los 243 presos de ETA y, de acuerdo con una noticia del mismo periódico de 18 de marzo de este año, desde hace casi 15 años, Tony Alexander King, el asesino de Sonia Carabantes y de Rocío Wanninkhof, clasificación de régimen cerrado que es el que, lógicamente y en el futuro, también se les aplicará a los condenados a 40 años de prisión efectiva y de prisión permanente revisable. Un encarcelamiento en estas condiciones, que sólo puede tener como consecuencia el aniquilamiento físico y moral del recluso, es impropio de un Estado social de Derecho, atenta contra la dignidad humana, el fin resocializador de las penas y la prohibición de tratos inhumanos, y hace todo lo contrario de lo que prescriben las recomendaciones del Consejo de Ministros europeo.
Asumiendo íntegramente las reclamaciones de las asociaciones de víctimas del terrorismo, el CP exige ahora, para que los etarras condenados a prisión permanente revisable puedan acceder a la libertad condicional, que cumplan con unas condiciones que no puedo por menos que calificar de inasumibles. En primer lugar, que el condenado «haya colaborado activamente con las autoridades... para la identificación, captura y procesamiento de responsables de delitos terroristas», una exigencia que, incluso éticamente, me parece discutible. Un escritor tan preocupado por problemas morales como Graham Greene, autor del guión de la película El tercer hombre, plantea el dilema que se le presenta a Holly Martins (Joseph Cotten) entre prestarse a la captura de su íntimo amigo, y traficante de penicilina adulterada, Harry Lime (Orson Welles) o, renunciado a ello, regresar a América, decidiéndose por la primera alternativa, traición que no le perdona su novia actual, encarnada por Alida Valli, que antes lo había sido de Harry Lime, sin que Graham Greene tome posición sobre cuál de las dos conductas sería la éticamente correcta. De otras exigencias, como las del arrepentimiento del penado o la de pedir sincero perdón a las víctimas, me he ocupado ya, críticamente, en un artículo publicado en EL MUNDO de 24 de abril de 2015, para rechazarlas, porque para un Derecho penal no moralizante lo único decisivo no debe ser que el condenado se convierta en un policía y experimente sentimientos que no está en su mano poder controlar, sino únicamente que tenga un pronóstico favorable de que no va a volver a delinquir, criterio de no-peligrosidad que es, según el TCA, el único que debe decidir si el delincuente debe quedar o no en libertad.
Rechazando -como rechazo- la pena de prisión permanente revisable, y que se ejecuta en España de una manera tan distinta a como se hace en los países de nuestro entorno, no obstante, y naturalmente, yo también comparto la preocupación de que hay que proteger a la sociedad de delincuentes peligrosos condenados ante la eventualidad de que, una vez en libertad, vuelvan a cometer los mismos delitos; pero esa peligrosidad no se debe combatir con penas, sino con medidas de seguridad. Como la pena tiene un carácter aflictivo -por eso se cumple en un establecimiento penitenciario-, y se impone para retribuir el mal hecho en el pasado, no se entiende por qué, entre dos violadores, puede liberarse al no-peligroso, mientras que debe seguir en prisión otro que ha cometido el mismo delito, pero en el que concurre un riesgo de reiteración; porque si el primer delincuente no peligroso ha saldado ya su deuda con la sociedad, al cabo de unos determinados años de privación de libertad, por los mismos motivos, y porque el delito ha sido el mismo, debería considerarse que el segundo delincuente ha saldado también esa cuenta. Ciertamente que este último sigue siendo peligroso y que, potencialmente, puede incurrir en futuros delitos; pero ni es responsable de su peligrosidad -porque no la puede evitar: ¡qué más querría él!- ni debe pagar con la permanencia en prisión por delitos que sólo hipotéticamente pudiera cometer, pero que, de hecho, no ha cometido. Esa peligrosidad no debe combatirse prolongando la pena de prisión, que sólo debe imponerse por los hechos pasados: esa peligrosidad se combate, no con la prisión, sino con medidas de seguridad de carácter no aflictivo como las de internamiento en un centro no penitenciario o, en los casos en que ello sea suficiente, con otras de carácter ambulatorio.
Mi rechazo de la prisión permanente revisable se basa en que es inútil desde un punto de vista de prevención general, en que, desde el de la prevención especial, ciertamente que hay que -una vez cumplida su condena- proteger a la sociedad de delincuentes peligrosos, pero no con la prolongación de la pena de prisión, sino con medidas de seguridad, y, finalmente, en que las penas largas privativas de libertad causan daños irreparables a aquellos a los que se les aplican, vulnerándose, así, derechos fundamentales de los que también son titulares los delincuentes condenados.
Muchas gracias por su atención, especialmente a los que me la han prestado, a pesar de no estar de acuerdo con mis opiniones.
Enrique Gimbernat es catedrático de Derecho penal de la UCM y miembro del Consejo Editorial de EL MUNDO. Su último libro El Derecho penal en el mundo(Aranzadi 2018) contiene, entre otros trabajos, la mayoría de los artículos que ha publicado en este periódico durante los últimos años.
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Elmundo.es ENRIQUE GIMBERNAT (copiado el 29/06/2018)

Para acudir únicamente a los países de nuestro entorno: ni Noruega, ni Portugal, ni Croacia, ni Serbia contemplan en sus leyes la pena de prisión perpetua.
Ciertamente que en otras naciones europeas la prisión perpetua figura en su catálogo de penas. Pero el plazo que tiene que transcurrir para que se revise esa pena y el recluso pueda alcanzar la libertad condicional es: de siete años en Irlanda; de 10 años en Suecia y Suiza; de 12 en Chipre, Dinamarca y Finlandia; de 15 en Austria, Alemania, Bélgica, Liechtenstein, Luxemburgo y Macedonia; de 18 en Francia; y de 20 en Bulgaria, Grecia, Hungría, República Checa y Rumanía. En España la revisión de la prisión permanente se ha fijado, según la gravedad del delito cometido, en 25 o, en su caso, en 35 años. Hasta 2015 la pena máxima, introducida en nuestro Código Penal (CP) en 2003, era la de 40 años de cumplimiento efectivo, pena que ahora se ha visto superada en su severidad, en una escalada imparable, por la pena de prisión permanente revisable creada en virtud de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo.
El número de personas privadas de libertad por cada 100.000 habitantes es: de 53 en los Países Bajos y en Suecia; de 55 en Finlandia; de 58 en Dinamarca; de 74 en Noruega; de 78 en Alemania; de 80 en Irlanda; de 83 en Suiza; de 89 en Grecia; de 90 en Italia; de 93 en Austria; de 98 en Bélgica; y de 103 en Francia. En España el número se dispara hasta las 130 personas privadas de libertad por cada 100.000 habitantes.
Mientras que en otros países ha disminuido en los últimos años el número de personas privadas de libertad por cada 100.000 habitantes (en Finlandia de 190 a 57, en los Países Bajos de 128 a 53, en Alemania de 104 a 78, en Suecia de 81 a 53, en Austria de 108 a 93), corresponde a España el dudoso honor de haber aumentado su población penitenciaria casi cuadruplicándola: de 38 personas privadas de libertad por cada 100.000 habitantes en 1984 se ha pasado a 130.
La extremada dureza de nuestro CP en relación con los Estados europeos que acabo de mencionar, podría obedecer al alto número de delitos contra la vida que se realizan en España. Pero, afortunadamente, sucede todo lo contrario: España es uno de los países donde menos delitos de esa naturaleza se cometen y, en consecuencia, una de las naciones más seguras del mundo.
Así, y por ponerlo en relación con algunos de los Estados europeos que he mencionado anteriormente, donde, o no existe prisión permanente, o la revisión de ésta se lleva a cabo antes -o mucho antes- de la que establece nuestro CP, el número de delitos contra la vida (asesinatos y homicidios dolosos) que se registran por cada 100.000 habitantes es: de 1,7 en Grecia; de 1,6 en Finlandia y Bélgica; de 1,4 en Macedonia; de 1,3 en Hungría; de 1,2 en Croacia y Portugal; de 1,0 en la República Checa y en Francia; de 0,9 en Austria y en los Países Bajos. España, con 0,8 de delitos dolosos contra la vida cometidos por cada 100.000 habitantes ocupa prácticamente -junto con Dinamarca, Luxemburgo y Alemania- el último lugar del mundo por lo que se refiere a las posibilidades de que una persona pierda la vida a consecuencia de un ataque intencional contra su persona.
Cuando se alega en España, a favor de la prisión permanente revisable o de la brutal pena de 40 años de prisión efectiva, que ello es necesario para satisfacer los fines de prevención general (con la amenaza de penas prácticamente ilimitadas se cometerían menos delitos), se están formulando afirmaciones que, simplemente, no son ciertas.
Mediante la prevención general se confía en que, por el miedo al castigo, los ciudadanos se abstengan de cometer delitos; ciertamente que esta función nunca se satisface plenamente, porque en todas las sociedades, a pesar de estas amenazas, se cometen delitos. Pero que ese miedo al castigo consigue disminuir, en gran medida, la comisión de hechos delictivos es algo empíricamente comprobable, en cuanto que, siempre que, de alguna manera, se produce un vacío del poder punitivo estatal, por ejemplo, con ocasión de grandes catástrofes como terremotos o graves inundaciones, o a consecuencia de huelgas generales de la policía, aumenta espectacularmente -mediante actos de pillaje contra la propiedad y de ataques contra las personas- la comisión de actos delictivos por parte de muchas personas que, hasta entonces, nunca habían actuado al margen de la ley penal, lo que encuentra su explicación en que la función de prevención general ha quedado transitoriamente suspendida, porque también ha quedado suspendida, total o parcialmente, la actividad policial encargada de la persecución de delitos, y, con ello, también el miedo a tener que responder por los comportamientos delictivos que se cometen en esas situaciones de emergencia.
Pero los efectos de prevención general del Derecho penal no dependen de la mayor o menor gravedad de las penas, sino de que éstas vayan a aplicarse efectivamente. Y así, y por lo que se refiere a la mayor pena imaginable: la de muerte, las estadísticas demuestran que esta sanción para nada influye en la prevención general. Unos pocos ejemplos entre los numerosísimos: los delitos de violación disminuyeron en Canadá a raíz de la supresión de la pena de muerte prevista para tales hechos; en Inglaterra no aumentó la comisión de aquellos delitos que, en 1957, dejaron de ser castigados con la pena capital; y lo mismo se observó en Yugoslavia a partir de 1950. Los resultados estadísticos de Alemania, Austria, EEUU (en los Estados federados donde se ha abolido la pena de muerte), Finlandia, Noruega y Suecia señalan, asimismo, el nulo influjo preventivo-general de esa máxima pena. Y en relación específica con la prisión perpetua, en Noruega, cuando se suprimió la prisión perpetua, los delitos que hasta entonces estaban castigados con esa pena, no solamente no aumentaron, sino que disminuyeron. Y es que, como sabemos ya desde el gran Cesare Beccaria, el fundador del Derecho penal moderno, con su libro De los delitos y las penas (1764), "el mayor freno de los delitos no es la crueldad de las penas, sino su infalibilidad... La certeza de un castigo, aunque éste sea moderado, surte más efecto que el temor de otro más terrible unido a la esperanza de su impunidad o de su incumplimiento".
Como ya he señalado, la existencia del CP hace que, por miedo a la pena, ello suponga una inhibición para que la generalidad de las personas no incurra en conductas delictivas que podrían cometer si esa amenaza no existiera. Pero en toda sociedad existen personas que delinquen, a pesar de esa amenaza de sufrir una pena, lo que obedece a que el infractor confía en que no va a ser descubierto ni, con ello, condenado. Esto rige también, y muy especialmente, en los delitos contra la vida, que, por lo general, se ejecutan bajo situaciones emocionales extremas o como consecuencia de acciones en cortocircuito. Pero incluso cuando el asesinato se lleva a cabo fríamente, tampoco el autor piensa que va a pagar por su delito, como lo pone de manifiesto, para acudir a un ejemplo reciente, el del niño Gabriel Cruz: la asesina confesa, Ana Julia Quezada, mató a su víctima porque ésta suponía un "estorbo" en la relación sentimental que mantenía con el padre del niño, relación sentimental que la autora sólo podía pensar -como pensó- que iba a poder continuar porque confiaba en que no se iba a descubrir su delito y porque, en consecuencia, proseguiría su vida en libertad junto a su novio, por lo que era indiferente para impedir su asesinato que la pena señalada a éste fuera de muchos años de prisión o -tal como sucede con la legislación penal al tiempo de los hechos- la de prisión permanente revisable.
A pesar de todos estos argumentos racionales y razonables, ¿cómo es posible que España, con su despiadada pena de prisión de 40 años de cumplimiento efectivo y con su plazos de revisión de la cadena perpetua de una extensión que no tiene equivalente en los países de la Europa occidental, haya superado, con mucho, la extensión de las penas privativas de libertad que podían aplicarse durante el franquismo, donde éstas, con la pena máxima de reclusión de 30 años y la institución de la redención de penas por el trabajo, nunca excedían -en los casos más extremos- de 20 años de privación real de libertad? Ciertamente que también existía la pena de muerte, pero, con la excepción de las impuestas por los tribunales militares, esa pena, de facto, se había dejado de aplicar a los delitos comunes, ya que la última ejecución por garrote vil se remonta al año 1959 en el que fue ajusticiado José María Jarabo, condenado por un cuádruple asesinato.
Son varios los factores a los que obedece esa transformación de nuestro Código en el más despiadado de la Europa occidental; por citar un último ejemplo, en Alemania la duración media de la prisión perpetua es de 18 años, algo de lo que ahora se separa sideralmente nuestro país con sus, por una parte, 40 años de cumplimiento efectivo de prisión y, por otra, sus plazos de revisión de 25 a 35 años para la perpetua.
El primer factor es la existencia de dos grupos de presión que han conseguido que el legislador incorporara al CP, íntegramente, sus pretensiones punitivas.
Por lo que se refiere a las asociaciones de víctimas del terrorismo, sus demandas fueron acogidas por la Ley Orgánica 7/2003 de reforma del Código Penal, introduciéndose la pena de 40 años de cumplimiento efectivo. El segundo grupo de presión está encabezado por padres de víctimas de 18 o menos años de edad (casos Marta del CastilloDiana Quer, entre otros) que han conseguido hacerse oír hasta lograr que se introdujera en el CP, en 2015, la pena de prisión permanente revisable para, entre otros, los mismos terribles delitos de los que habían sido objeto sus hijas.
Pero todas esas movilizaciones de esos grupos de presión no habrían sido suficientes para introducir esas extremas reformas penológicas en el CP, si no se hubieran visto espectacularmente reflejadas -y apoyadas- en los medios de comunicación. Para referirme a un solo ejemplo: el caso del niño Gabriel Cruz acaparó todas las noticias, comentarios y tertulias, desde su desaparición, el 27 de febrero del presente año; y, al día siguiente de que se encontrase su cadáver y de que fuera detenida su asesina confesa, en sus ediciones de 12 de marzo, los cuatro periódicos españoles de difusión nacional dieron la noticia a cinco columnas, dos de ellos ocupando todas sus portadas, algo que, como señaló mi amigo Manuel Hidalgo, en otros tiempos sólo habría suscitado semejante atención por parte del semanario El Caso. Para comparar este despliegue con el que habría tenido lugar en un país que conozco muy bien, Alemania, porque he vivido en él varios años, la noticia de un asesinato de esas características sólo habría tenido un alarde tipográfico parecido en el amarillista Bild Zeitung, habiendo quedado relegado en los periódicos no sensacionalistas -Frankfurter Allgemeine, Süddeutsche Zeitung, Die Welt- a páginas interiores o, como mucho, a una columna en sus portadas.
Pero, con todos mis respetos para esos grupos de presión, de los que yo, tal vez, formaría parte si el destino me hubiera golpeado con una tragedia semejante a la que ellos han padecido, hay que decir que no son los más indicados para dictar las reformas penológicas que deben introducirse en el CP. Porque, como ha señalado, con razón, el antiguo presidente de una de las Salas de lo Penal del Tribunal Supremo alemán, Thomas Fischer, esas personas no son neutrales y si fueran jueces de los asesinos de sus hijas tendrían que abstenerse de formar parte del tribunal por tener un interés directo en la causa.
Cuando por parte de miembros de esas asociaciones se escapa el eslogan: "que se pudran en la cárcel", esa formulación es tan comprensible como incompatible con nuestra Constitución (CE), ya que, por muy horrible que sea el delito que ha cometido, el autor tiene intactos sus derechos a la integridad física y moral y a no ser sometido a penas o tratos inhumanos y degradantes (art. 15 CE), a la dignidad de la persona y al libre desarrollo de su personalidad (art. 10.1 CE), así como, específicamente para los condenados, a que las penas privativas de libertad estén orientadas hacia la reeducación y reinserción social (art. 25.2 CE).
Además de la sentencia del Tribunal Constitucional alemán (TCA) de 21 de junio de 1977, que obligó al legislador germano a fijar, en los casos de prisión perpetua, un plazo transcurrido el cual el recluso podía alcanzar la libertad condicional, plazo que, finalmente, se fijó en 15 años, dicha sentencia, así como alguna otra, como la de 8 de noviembre de 2006, han fundamentado, con argumentos constitucionales, la razón del establecimiento de ese plazo, así como el modo en que paliar, en lo posible, los efectos negativos de, en general, las penas largas de privación de libertad. El TCA opera en su motivación, primordialmente, con el derecho inviolable de toda persona -también de los condenados- a su dignidad, así como con las obligaciones que derivan de una nación constituida en un Estado social de Derecho. De acuerdo con ello la revisión preceptiva de la prisión perpetua, así como las condiciones de la ejecución de la pena, las deriva el TCA de la obligación del Estado de "contrarrestar" los efectos dañinos de las penas de larga duración, que pueden llevar a modificaciones deformadoras de la personalidad, tanto en el aspecto somático como en el espiritual y psiquiátrico, lo que estaría en contradicción con la inviolabilidad de la dignidad de la persona.
En el mismo sentido se han pronunciado las Recomendaciones (2003) 23 y (2006) 2 del Consejo de Ministros de la Unión Europea en relación a la prisión perpetua y a otras penas de larga duración en el sentido de que el tratamiento penitenciario de esos reclusos debe estar orientado a contrarrestar los efectos negativos y orientado a reinsertarlos con éxito en la sociedad, debiendo "[ajustarse] la vida en prisión lo máximo posible a los aspectos positivos de la vida en el exterior".
Dentro de esta conexión, el TCA pone como ejemplos de cómo "contrarrestar" tales efectos perjudiciales, que a los penados con reclusión perpetua les puedan ser concedidos permisos de salida así como el régimen abierto.
Además de que, de acuerdo con los estudios empíricos sobre la materia, penas inamovibles de 25, 35 o 40 años producen daños irreversibles en el soma y en la psique de los reclusos, para acabar de arreglarlo la práctica penitenciaria española con los responsables de los delitos más graves es la de mantenerlos durante todo el tiempo de su condena en primer grado de clasificación penitenciaria, es decir: en un régimen que durante todos los años de su interminable condena les mantiene en una celda aislada en la que permanecen encerrados, sin salidas al patio, al menos 21 horas diarias, sometidos a cacheos diarios, sin permiso alguno de salida, sin contacto con otros presos y desayunando, comiendo y cenando entre barrotes. En esta situación de régimen cerrado se encuentran, según informa El País de 21 de marzo de 2018, el 88% de los 243 presos de ETA y, de acuerdo con una noticia del mismo periódico de 18 de marzo de este año, desde hace casi 15 años, Tony Alexander King, el asesino de Sonia Carabantes y de Rocío Wanninkhof, clasificación de régimen cerrado que es el que, lógicamente y en el futuro, también se les aplicará a los condenados a 40 años de prisión efectiva y de prisión permanente revisable. Un encarcelamiento en estas condiciones, que sólo puede tener como consecuencia el aniquilamiento físico y moral del recluso, es impropio de un Estado social de Derecho, atenta contra la dignidad humana, el fin resocializador de las penas y la prohibición de tratos inhumanos, y hace todo lo contrario de lo que prescriben las recomendaciones del Consejo de Ministros europeo.
Asumiendo íntegramente las reclamaciones de las asociaciones de víctimas del terrorismo, el CP exige ahora, para que los etarras condenados a prisión permanente revisable puedan acceder a la libertad condicional, que cumplan con unas condiciones que no puedo por menos que calificar de inasumibles. En primer lugar, que el condenado «haya colaborado activamente con las autoridades... para la identificación, captura y procesamiento de responsables de delitos terroristas», una exigencia que, incluso éticamente, me parece discutible. Un escritor tan preocupado por problemas morales como Graham Greene, autor del guión de la película El tercer hombre, plantea el dilema que se le presenta a Holly Martins (Joseph Cotten) entre prestarse a la captura de su íntimo amigo, y traficante de penicilina adulterada, Harry Lime (Orson Welles) o, renunciado a ello, regresar a América, decidiéndose por la primera alternativa, traición que no le perdona su novia actual, encarnada por Alida Valli, que antes lo había sido de Harry Lime, sin que Graham Greene tome posición sobre cuál de las dos conductas sería la éticamente correcta. De otras exigencias, como las del arrepentimiento del penado o la de pedir sincero perdón a las víctimas, me he ocupado ya, críticamente, en un artículo publicado en EL MUNDO de 24 de abril de 2015, para rechazarlas, porque para un Derecho penal no moralizante lo único decisivo no debe ser que el condenado se convierta en un policía y experimente sentimientos que no está en su mano poder controlar, sino únicamente que tenga un pronóstico favorable de que no va a volver a delinquir, criterio de no-peligrosidad que es, según el TCA, el único que debe decidir si el delincuente debe quedar o no en libertad.
Rechazando -como rechazo- la pena de prisión permanente revisable, y que se ejecuta en España de una manera tan distinta a como se hace en los países de nuestro entorno, no obstante, y naturalmente, yo también comparto la preocupación de que hay que proteger a la sociedad de delincuentes peligrosos condenados ante la eventualidad de que, una vez en libertad, vuelvan a cometer los mismos delitos; pero esa peligrosidad no se debe combatir con penas, sino con medidas de seguridad. Como la pena tiene un carácter aflictivo -por eso se cumple en un establecimiento penitenciario-, y se impone para retribuir el mal hecho en el pasado, no se entiende por qué, entre dos violadores, puede liberarse al no-peligroso, mientras que debe seguir en prisión otro que ha cometido el mismo delito, pero en el que concurre un riesgo de reiteración; porque si el primer delincuente no peligroso ha saldado ya su deuda con la sociedad, al cabo de unos determinados años de privación de libertad, por los mismos motivos, y porque el delito ha sido el mismo, debería considerarse que el segundo delincuente ha saldado también esa cuenta. Ciertamente que este último sigue siendo peligroso y que, potencialmente, puede incurrir en futuros delitos; pero ni es responsable de su peligrosidad -porque no la puede evitar: ¡qué más querría él!- ni debe pagar con la permanencia en prisión por delitos que sólo hipotéticamente pudiera cometer, pero que, de hecho, no ha cometido. Esa peligrosidad no debe combatirse prolongando la pena de prisión, que sólo debe imponerse por los hechos pasados: esa peligrosidad se combate, no con la prisión, sino con medidas de seguridad de carácter no aflictivo como las de internamiento en un centro no penitenciario o, en los casos en que ello sea suficiente, con otras de carácter ambulatorio.
Mi rechazo de la prisión permanente revisable se basa en que es inútil desde un punto de vista de prevención general, en que, desde el de la prevención especial, ciertamente que hay que -una vez cumplida su condena- proteger a la sociedad de delincuentes peligrosos, pero no con la prolongación de la pena de prisión, sino con medidas de seguridad, y, finalmente, en que las penas largas privativas de libertad causan daños irreparables a aquellos a los que se les aplican, vulnerándose, así, derechos fundamentales de los que también son titulares los delincuentes condenados.
Muchas gracias por su atención, especialmente a los que me la han prestado, a pesar de no estar de acuerdo con mis opiniones.

Enrique Gimbernat es catedrático de Derecho penal de la UCM y miembro del Consejo Editorial de EL MUNDO. Su último libro El Derecho penal en el mundo(Aranzadi 2018) contiene, entre otros trabajos, la mayoría de los artículos que ha publicado en este periódico durante los últimos años.