Violencia, ¿qué violencia? Justicia, ¿qué justicia?

Violencia, ¿qué violencia? Justicia, ¿qué justicia?

En un articulo que publiqué en la prensa vasca y después subí con algunas consideraciones más a mi blog, me referí a la argumentación sobre la violencia ejercida por el independentismo catalán, para denegar la libertad a Oriol Junqueras. Transcribí, con extensión, para contextualizarlas, unas frases del Auto del Supremo al respecto, que comenté con estas palabras: “Tras la lectura de este texto me quedo estupefacto.  Resulta que los responsables de la increíble actuación de la policía el 1º de Octubre, contra unos pacíficos ciudadanos que iban a manifestar sus opciones políticas, sin hacer daño a nadie, son exclusivamente los responsables políticos que les incitaron a votar. ¿Por qué la policía actuó como actuó, sabiendo que la votación era inválida, legalmente hablando? ¿Qué ley es esa, en la que, para hacer cumplir la ley, hay que agredir a ciudadanos indefensos y que, encima, los máximos guardianes de la ley, en su Auto, no tengan ninguna consideración hacia las víctimas?”. Este es el enlace a ese texto en mi blog: http://javierelzo.blogspot.com.es/2018/01/cuando-los-jueces-son-el-primer-poder.html

Podría haber añadido que, ni los magistrados, ni la cúpula del PP, de Ciudadanos y del PSOE tuvieron consideración alguna hacia las víctimas, hacia “esas víctimas” para ser más preciso. Y para ser completo en mi percepción de las cosas, añadiré que tampoco el rey actual la tuvo en su discurso del 6 de octubre. Ese día, el rey Felipe VI, dejo de ser, me temo que definitivamente, un rey que pueda apoyar.

Llarena vuelve a mandar a la cárcel a cinco políticos catalanes.

Y ahora me encuentro con el increíble auto del Juez Llarena, del 23 de marzo, volviendo a mandar a prisión a cinco políticos catalanes salidos de las urnas, uno de los cuales, iba a ser votado en el Parlament catalán para poder ser investido President de Catalunya. Y lo hace arguyendo, de nuevo, a la violencia ejercida por los independentistas a los que acusa nada menos que de rebelión violenta. Esta vez no voy a citar párrafos de su Auto. Lo voy a hacer trascribiendo párrafos del editorial de “La Vanguardia” del día de hoy, siguiente al del Auto, medio de comunicación catalán que, como es bien sabido, sostiene tendencias rabiosamente independentistas (confío que algún despistado lector entienda mi sarcasmo). Podemos leer estos párrafos:

“El auto de procesamiento contiene reiteradas alusiones a una presunta situación de violencia en Catalunya ante la cual no podemos sino expresar nuestra discrepancia. La amplia corriente de opinión en favor de la soberanía de Catalunya, que durante más de cinco años ha movilizado a centenares de miles de personas, no ha tenido comportamientos violentos, ni ha apelado nunca a la violencia. En las multitudinarias manifestaciones del Onze de septiembre no se ha roto ni un cristal, ni una papelera. El independentismo catalán –en nuestra opinión, responsable de graves equivocaciones políticas estos últimos años– no ha sido, ni es, un movimiento de matriz violenta. En este sentido llama poderosamente la atención que el juez instructor Llarena llegue a afirmar que la manifestación que tuvo lugar el pasado 20 de septiembre frente a la sede de la conselleria de Economía en Barcelona, era en algún modo equiparable a la “toma de rehenes con disparos al aire”. Asimismo, no entendemos las órdenes de prisión dictadas ayer, ni la reciente decisión de mantener en la cárcel al exconseller Joaquim Forn, cuya puesta en libertad ha sido solicitada por la Fiscalía.

(…)

La misión de la justicia no es fabricar soluciones para los problemas políticos, sino investigar y juzgar los actos presuntamente delictivos. Lo sabemos. Pero el lenguaje y las decisiones de la justicia tienen siempre repercusión política, sobre todo cuando no valoran correctamente el contexto social. Catalunya vive un grave problema de fondo. El apoyo social al independentismo no es una anécdota, como quedó perfectamente demostrado el pasado 21 de diciembre. La inmensa mayoría de la sociedad catalana rechaza la violencia y no aceptará ser tratada como un sujeto violento. Una vez más, reclamamos iniciativa política para resolver la cuestión de fondo, con diálogo, paz y concordia”.

Hasta aquí el editorial de “La Vanguardia” del 24 de marzo que aplaudo sin reservas. Pero dudo que en la prensa de Madrid haya un editorial con ese grado de ecuanimidad. Yo al menos no lo he encontrado. España está rota. Mejor dicho, la han roto. Básicamente el ultra nacionalismo español: el rey, los partidos políticos, la prensa madrileña, muchos intelectuales que hacen pequeño al nacionalismo vasco, aunque sin tiros en la nuca, afortunadamente. Les basta meter a la gente a la cárcel. Es el poder de los fuertes. ¡Ah! ¡En nombre de la ley!

Un texto mío de 1995 en el que critico la inacción de la justicia.

Por encargo de la Consejería de Interior del Gobierno Vasco, dirigí, el año 1995, una investigación sobre la subcultura de la violencia en una parte de la juventud vasca. Al inicio del Informe redacté, yo mismo, un resumen de lo esencial del trabajo. Ese resumen, de cerca de 40 páginas, se puede consultar en mi blog en este enlace:  http://javierelzo.blogspot.com.es/1995/09/subcultura-de-la-violencia-en-la.html

La dirección de aquel Informe me supuso diez años, dos meses y dos días de protección policial de los cuales, cuatro años y medio con un escolta permanente. Sé muy bien lo que es la violencia y padecerla y, déjenme decirlo ya, la violencia a la que se refieren los Autos de la Justicia de hoy, encarcelando un juez de instrucción a muchos políticos electos y personas que hacían política en Catalunya, es un juego de niños, en comparación con la violencia que padecíamos aquellos años en Euskadi. En medio de la indolencia (siendo muy suave en el epíteto) de la Justicia de entonces.

De aquel resumen traslado aquí los párrafos relacionados con la dimensión judicial de la de subcultura de la violencia en algunos jóvenes vascos próximos al MLNV y al terrorismo de ETA en particular.

“6º. Otro ámbito de especial importancia es el que se refiere al judicial.

6.1. Corrección del déficit de legitimidad. Hay demasiadas dudas de anticonstitucionalidad en más de un aspecto de la actual legislación, olvidar los pronunciamientos del propio Tribunal Constitucional derogando más de un artículo de la legislación antiterrorista. No hay que olvidar, tampoco, que Amnesty International lleva años reclamando la derogación de determinados aspectos del sistema procesal español (incomunicación de los detenidos durante 72 horas). Piénsese en la consecuencia de este estado de cosas a la hora de la socialización política de jóvenes por parte de los agentes del MLNV.

6.2. Hay una evidente contradicción en algunos aspectos del planteamiento penal del denominado problema vasco. Por un lado, se dice que los delincuentes y detenidos de ETA son “una simple banda de criminales” y que como tales deben ser considerados, cuando al mismo tiempo se arguye y defiende una ley antiterrorista y un tratamiento penitenciario diferenciado. Resulta difícil convencer a un joven de que no estamos ante presos “diferentes”, lo que a su entender no es otra cosa que “presos políticos”.

Ya hemos señalado reiteradamente en estas páginas nuestra convicción de que en el contencioso vasco hay también un componente político y que como tal debe ser tratado, pero no pensamos que ello deba tener su traslado en su aspecto penal y procesal donde el principio de la igualdad ante la ley debe primar sobre toda otra consideración. Hay, por lo demás, suficientes ejemplos en la historia penal y judicial de Occidente donde se ha comprobado que los Tribunales y Jurisdicciones Especiales han sido más perniciosos, a la larga, que beneficiosos pueden parecer a la corta.

6.3. Si la mayor parte de los delitos son cometidos en el País Vasco y, en todo caso, realizados desde la perspectiva primera de promover cambios en el País Vasco, ¿por qué juzgar esos delitos fuera del País Vasco, y más concretamente en Madrid, propiciando así la interesada lectura de que estamos en una pretendida guerra entre el País Vasco y España?

6.4. Hay un arsenal de normas que manifiestamente no se aplican. Por ejemplo, las manifestaciones ilegales, sin hablar de los daños causados a personas y bienes en no pocas de esas manifestaciones. ¿No existe acaso un sentimiento de impunidad en no pocos jóvenes (y menos jóvenes) ante la certeza, real, de que hagan lo que hagan prácticamente no va a tener consecuencias para su quehacer cotidiano? Una revisión, sea de las normas, sea de las dificultades de su aplicación, sea de ambas cosas, se impone urgentemente. Lo contrario es una constante burla del sistema legal y, lo que es más grave, de la legitimidad democrática de la aplicación de la ley, pues queda como arsenal de utilización arbitraria.

7. El paso de planteamientos abstractos a otros más concretos ha sido señalado, con denominaciones distintas, por la práctica totalidad de los miembros del grupo de investigación. Los jóvenes que practican la violencia rara vez se ven enfrentados a las consecuencias de sus actos, y en concreto en las secuelas que dejan en las víctimas y en los familiares y amigos de las víctimas. Se vive el problema desde lo colectivo (el pueblo vasco, la injusticia social, la opresión del Ejército español, etcétera, hasta se invoca genéricamente a los presos vascos), pero no hay un afrontamiento concreto con la acción llevada a cabo.

Desde esta perspectiva debe reclamarse una actuación más eficaz de poder judicial y, singularmente, de la fiscalía que hasta la fecha ha desarrollado un comportamiento excesiva e irresponsablemente falto de compromiso en la pacificación de Euskalherria. Sucesos como los recientes de Hernani, Rentería o Pasajes (que hoy en 2018 soy incapaz de recordar), exigen una acción judicial decidida que no genere un sentimiento de impunidad en sus autores. A los efectos de limar la tradicional y secular desconfianza de los cuerpos policiales con el poder judicial se plantea como urgente y necesaria la creación de espacios y foros de encuentro que tiendan a presentar a sus miembros las distintas perspectivas desde las que abordar el problema de la delincuencia de cobertura política.

Nuestra propuesta va en el sentido de enfrentar a los jóvenes con las consecuencias reales de sus actos, de la forma más directa y posible, y, por ello, consideramos que debiera incluirse entre las normas de enjuiciamiento penal, al menos para jóvenes responsables de delitos no especialmente graves, procedimientos de conciliación entre autor y víctima al modo de los establecidos en otros países, como por ejemplo Alemania”. Hasta aquí los párrafos del Informe de 1995

Unas pocas reflexiones finales

¿Qué violencia?, ¿Qué justicia?, titulo estas líneas. Creo que queda claro que tras una violencia menor (en definitiva la del 20 de septiembre en la conselleria de Economia en Barcelona y algunas frases encontradas en unos documentos ocultos) que ha llevado a la cárcel a políticos elegidos en las urnas y a personas que la ejercían, democrática y pacíficamente, mientras que una violencia mayor, la de centeneras y miles de personas próximas a ETA y el MLNV, que quemaban librerías (Lagun cuyo 50 aniversario hemos aplaudido) nos gritaban a la cara “ETA mátalos”, desfilaban orgullosos profiriendo insultos y amenazas por doquier, etc., etc., la justicia miraba a otro lado. Peor aún, cuando se pretendió instalar cámaras para poder determinar las personas concretas que proferían tales amenazas, esa justicia se opuso, en nombre - ¡asómbrense- de la libertad de expresión. Concluyan Ustedes. La rabia me lleva a decir cosas impublicables. Y con miedo de que me acusen, ¡vaya Usted a saber de qué! Y nos les cuesta nada meterte en la cárcel. Sí, el eterno retorno de los fascismos que dijera Rob Riemen.

Donostia 25 de marzo de 2018

Javier Elzo