martes, 4 de febrero de 2020

La voluntad popular, la ley y la justicia. Excelente artículo de Antoni Puigverd


Subo aquí un excelente artículo del columnista de "La Vanguardia" sobre la cuestión catalana, con unas reflexiones sobre la voluntad popular, el incumplimiento de la ley y la aplicación de la justicia.
Mi acuerdo con Puigverd es total.



‘Vae victis’ (¡ay de los vencidos!)
Antoni Puigverd


“La Vanguardia” 3 de febrero de 2020
Una de las fechas trágicas de los antiguos romanos corresponde a un día también muy trágico de nuestra historia. 18 de julio. Según narra Tito Livio, los romanos fueron derrotados por los galos senones en el valle del río Alia, afluente del Tíber, el 398 o el 390 a.C. Los galos entraron en Roma y la incendiaron. Desesperados, los romanos se encastillaron en el Campidoglio y resistieron el asedio durante meses. Finalmente, negociaron su rescate con el oro enviado por sus aliados de Marsella. Mientras pesaban las libras del oro pactado, los romanos protestaron al considerar que el peso estaba siendo falsificado. Ante las protestas, Breno, el caudillo galo, puso su espada sobre un plato de la balanza, exclamando: “Vae victis” (¡ay, de los vencidos!). En un mundo salvaje no hay límites a la interpretación que el vencedor hace de la ley.
¿Estamos todavía en un país salvaje? Al Estado, personificado en fiscales y jueces, no le basta con la derrota y la condena. Necesita un suplemento de crueldad. Mientras el nuevo Gobierno intenta abrir una vía de diálogo, la mano férrea del Estado, en vez de relajar la presión, la intensifica. Tribunal de Cuentas, Junta Electoral Central, Audiencia, Fiscalía, Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional: todas las estructuras judiciales españolas trabajan en comandita para imponerse al independentismo de la manera más dura posible.
¿No hay límites a la interpretación arbitraria que el vencedor hace de la ley?
La letra de la ley y el procedimiento se han convertido en valores absolutos que el Estado utiliza para aplastar a sus enemigos. Lo explicó mucho mejor el profesor Sánchez-Cuenca en un artículo en La Vanguardia (“Ley y democracia”, 11/I/2020). Sostiene Sánchez-Cuenca que la justicia española actúa sobre los independentistas “despreciando en sus argumentaciones el peso de los valores democráticos”, ya que, “cuando han surgido conflictos entre valores democráticos y procedimentales, siempre han prevalecido los segundos”. Sánchez-Cuenca sostiene que “hay un sesgo sistemático que lleva a una interpretación ciega de la ley, sin sensibilidad hacia los valores democráticos en juego”. Y concluye: “La democracia aparece en autos y sentencias como una creación del Estado de derecho”, cuando debería ser al revés. El Estado de derecho no es un absoluto, sino “un mecanismo de que se dota la democracia para proteger y perfeccionar sus principios y valores”.
Sánchez-Cuenca escribía estas reflexiones a propósito de la argumentación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que corrigió expeditivamente (como se ha vuelto a ver ahora con el escaño europeo de Clara Ponsatí) la exigencia administrativa de la Junta Electoral Central. Había pretendido esta junta que fuera más importante el trámite de jurar o prometer la Constitución que la decisión soberana de los votantes. Más allá de su utilidad concreta, la sentencia europea contiene en espíritu la solución de todo el conflicto catalán.
En efecto: si interpretamos lo que ha sucedido en términos de valores democráticos, la respuesta inteligente de un Estado a la ruptura de la legalidad (unilateralidad) por parte del independentismo no era la aplicación tremendista del derecho penal (aunque el delito de desobediencia era palmario), sino la acción política. Dialogar no significaba ceder. Sólo significaba hablar. Ahora sabemos que, si el Estado, a través del poder ejecutivo, hubiera hecho una contrapropuesta y hubiera abierto un diálogo, seguramente no habríamos caído en el pozo en el que ahora estamos.
El problema catalán tiene muchas causas, pero estalla con la sentencia sobre el Estatut: un tribunal corrigió una votación popular. La solución consistiría en enmendar esta anomalía. Se está haciendo exactamente lo contrario: convertir esta anomalía (preeminencia de los tribunales sobre el voto popular) en regla.
Se entiende el argumento de la Fiscalía para negar el permiso de 72 horas a Jordi Cuixart. “No ha asumido los hechos delictivos ni ha mostrado arrepentimiento”. Los fiscales se sienten fuertes en su dureza, no se conforman con la condena: esperan que el líder independentista entregue no sólo el cuerpo (ya encarcelado) sino el alma (sus ideas). Se puede dar la vuelta como un calcetín a este argumento fiscal: quizás si el Estado fuera suaviter in modo sin dejar de ser fortiter in re, quizás si aceptara que, más allá de la condena, hay un problema político de fondo que hay que afrontar y resolver, quizás si el Estado tuviera una actitud no represora, sino propositiva, quizás entonces todos los independentistas se moderarían (como ya está haciendo ERC) y podríamos encontrar una salida política a un problema que nunca debió salir del cauce político.
Los jueces y fiscales más duros notan de manera muy cercana e íntima el calor de una opinión pública vengativa. La tentación del vae victis , la tentación de aplastar a los vencidos, es muy visible en algunos partidos españoles y en la mayor parte de los medios. Pero la venganza, aunque sea en forma de exquisita orfebrería jurídica, no es nunca la solución a un problema político. Al contrario: es un paso irreversible hacia la destrucción de los fundamentos democráticos del Estado.


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