Mostrando entradas con la etiqueta España. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta España. Mostrar todas las entradas

domingo, 25 de octubre de 2020

Los Intelectuales y España. Entrevista a Javier Elzo

 

Los intelectuales y España. Javier Elzo

 

(Entrevista publicada en El Mundo el 24 de octubre de 2020)

 

Catedrático emérito de Sociología de la Universidad de Deusto, Javier Elzo

(Beasáin, 1942) es uno de los mayores expertos en nuestro país sobre cuestiones como valores de la juventud, religiosidad en la sociedad española, drogas, nacionalismo o ETA. Con un nuevo libro ‘en el horno’,

sufre las secuelas que le ha dejado el coronavirus. Y no dejan indiferentes sus opiniones sobre la lucha contra la Covid.

 

POR EDUARDO ÁLVAREZ

FOTO JUSTY GARCÍA

 

 

Profesor de Sociología durante varias décadas y articulista habitual en prensa, es responsable o coautor de numerosas obras. Entre otros libros, ha publicado ‘El silencio de los

adolescentes’ (2000), ‘Jóvenes españoles’ (2005) o ‘Tras la losa de ETA’ (2014).

 

«Lo sanitario no puede ocultar todo lo demás en la gestión de esta pandemia»

 

Pregunta.– Sigue con secuelas por el coronavirus. La suya ha sido una experiencia realmente dura.

Respuesta.– Ingresé en la policlínica de San Sebastián el 19 de marzo y estuve aislado más de 10 días con un pronóstico muy preocupante. Los médicos no sabían del virus nada entonces. Me dijeron que tocara madera. Es la primera vez en mi vida que he sentido que la muerte podía estar cerca. Tuve que echar mano de recursos personales y religiosos para afrontarlo.

P.– Pidió que en ningún caso le ingresaran en la UCI.

R.– En la UCI a uno le intuban y deja de tener en contacto con la gente. Hay personas que han pasado así muchos días y otras que, por desgracia, han muerto. En Holanda adoptaron un protocolo


 

 

que aquí se transmitió mal tachándolo poco menos que de eutanasia. Y no es eso. Se trata de explicar bien al enfermo qué es lo que le puede pasar. Y una posibilidad es morir sin poder despedirse de nadie. Una persona de mi edad, 78 años, con una mochila como la mía –una EPOC, algún pequeño problema de corazón, kilos...– es candidata. Y dije: no, tengo edad para poder morirme, tengo mi conciencia tranquila y si me tengo que morir, me muero aquí en el hospital o si puede ser en casa. Mi médico lo respetó.

P.– Ha mencionado la eutanasia. En España se está tramitando la ley. Los partidos discrepan hasta en si hay una demanda social. ¿Qué opinión le merece?

R.– Todos tenemos derecho a una muerte digna. No estoy de acuerdo con el encarnizamiento terapéutico, con mantener a alguien con vida porque aún le late el corazón o el encefalograma no es plano. La vida es más que eso. Hay una vida física o biológica, pero hay una vida afectiva, social, intelectual... ¿Por qué hemos de determinar que la fundamental es la biológica? Yo no creo que la sociedad esté muy dividida respecto a la eutanasia. El problema que tiene la tramitación de la ley, como casi todo, es que se va a politizar. La muerte digna debiera estar más allá de partidismos y plantearse al menos por tres quintas partes del Parlamento.

Y tal como está ahora, quizá no sea el mejor momento, porque en realidad no se va a debatir sobre la eutanasia. Pero eso nos lleva a otros temas, a la necesidad de cambiar el Parlamento. No en el sentido de las mayorías, sino de talante. Hay que recuperar el espíritu de la Transición. No todo se hizo bien entonces, pero

en lo político estábamos mejor que ahora.

P.– Volviendo a la pandemia, hemos pasado del saldremos mejores que repetía el Gobierno como eslogan a que sea otro motivo de división en la sociedad...

R.– La sociedad no es una, son muchas. El miedo se ha instalado en mucha gente. Pero está emergiendo con fuerza una postura de hartazgo. Si tengo que morir me muero, pero déjeme salir a la calle... Incluso muchas personas mayores empiezan a pensar esto. No puede ser que el todo sanitario oculte el todo lo demás.

Por no hablar de quienes ven arruinados sus negocios. Escuchaba a un epidemiólogo decir que es falsa la dicotomía entre salud y economía. No es falsa. Es muy real. Y un gobernante tiene que saber jugar con todos los registros. Por supuesto que la salud es importante, pero no es sólo la salud. Yo prefiero un planteamiento más holístico. Creo que los expertos en los que se basan las tomas de decisiones, si es que aquí realmente hay expertos, no pueden ser sólo sanitarios. Tiene que haber también expertos en leyes, en educación, en economía... Lo que no puede ocurrir es que se impongan medidas como el confinamiento de Madrid y que luego lo tumbe un tribunal. ¡Váyase a hacer puñetas! Quien tiene la capacidad de tomar decisiones debe estar muy bien asesorado por actores multidisciplinares.

P– Usted ha centrado muchos de sus estudios en los jóvenes. ¿Están demostrando falta de generosidad intergeneracional en esta pandemia?

R.– Hay jóvenes y jóvenes. Y es verdad que una parte no son conscientes del peligro y acaban creando alarma social. Los botellones, las fiestas ilegales, demuestran una falta de responsabilidad sin duda. Ahora bien, ¿por qué se ha llegado a esto? El problema de fondo es que durante muchos años se ha transigido en exceso en nuestro país con el ocio nocturno. Y se ha educado en los derechos y no en los deberes. El principio

de mayo del 68, prohibido prohibir, donde se ha aplicado es en España. Se aplicó aquí a partir de la Transición. Veníamos de una dictadura y no aceptábamos ningún límite a la libertad. Y nos cayó la pandemia de la heroína, el pozo de la droga... En España hemos pasado del modo de beber mediterráneo al modo de beber nórdico, que es uno de nuestros graves problemas. Y estamos pagando las consecuencias.

P.– Usted es un firme defensor de la gestión política descentralizada, de la «cogobernanza» como repite el

presidente Sánchez. Pero, ¿cree que está funcionando?

R.– Tiene que haber diferentes niveles de responsabilidad y de toma de decisiones, vale para la pandemia y para casi todo. Yo en concreto echo en falta que Europa no haya sido capaz de abordarla desde una perspectiva comunitaria.

En España, la cogobernanza es lo razonable, aunque debe haber

unos principios generales admitidos por todas las fuerzas políticas, sin que tengan por qué ser aplicados en todas partes a la vez. En la disputa entre el Gobierno de España y el de Madrid, más allá de disquisiciones técnicas, tengo la opinión de que el autonómico tiene una visión más global que el de Sánchez, más sanitarista.

P.– En todo caso, el hecho de que no haya acuerdos ni para combatir la pandemia, ¿no está agrandando el desapego ciudadano por la política?

R.– Es un peligro social enorme. El desapego político da lugar a toda suerte de populismos de extrema izquierda y de extrema derecha. La sociedad española está excesivamente polarizada. El germen de las dos Españas viene, como es sabido, desde los siglos XIX y XX. Pero ahora lo estamos extremando todavía más,

con un riesgo grande de confrontación. Y eso lo vemos en el Parlamento, donde a este paso van a acabar pegándose. La clase política tiene que hacer algo. Y la clase periodística también. De un debate de cinco horas, se resalta sólo el rifi rafe de uno y otro, eso no es lo esencial. Esta sociedad se ha ido descosiendo, desmembrando...Nadie es capaz de ponerse en el lugar del otro. Pero en los momentos de crisis pueden venir las grandes soluciones. Cómo salgamos de esta crisis va a ser muy importante también en lo político. Por ejemplo, estamos ante una oportunidad extraordinaria para hacer una Europa más fuerte.

P.– Hablemos del País Vasco. La reciente polémica por un cartel publicitario de Patria, la serie basada en la novela homónima de Fernando Aramburu, ha reavivado ciertos fantasmas, como el de la equidistancia...

R.– Yo he vivido 10 años dos meses y dos días con protección. Desde luego que no puede haber equidistancia. No se puede equiparar el sufrimiento que ha generado ETA con nada. ETA es la página más negativa que se ha escrito en el País Vasco. La mayor vergüenza que tenemos los vascos es que entre nosotros

haya surgido ETA y que haya sido apoyada por una parte importante. Pero, dicho eso, no se pueden obviar acciones por parte del Estado totalmente reprobables. No me refiero sólo a los GAL o al Batallón Vasco Español. Hablo de las torturas, que ha sido un problema serio desde el punto de vista ético. Y ha llegado la hora de un reconocimiento por parte del Estado de que en su día no fue suficientemente diligente para acabar con las torturas. No se lava de ningún modo a ETA porque se diga que no ha sido la única que ha ejercido la violencia, sin que se puedan equiparar sus 836 asesinatos con los casos de torturas. Déjeme decirle por otra parte que creo que las penas de cárcel en España, y ahí incluyo a las de los terroristas, son demasiado largas. Si queremos que sirvan de verdad para rehabilitar a la persona no pueden pasar de los 15 o 20 años. Estoy en contra de la prisión permanente revisable. Yo creo, al revés, que tiene que ser una prisión no superior a los 20 años, revisable.

P.– Cuando publicó Tras la losa de ETA, en 2014, decía que el final del conflicto vasco no es la reconciliación sino la convivencia. ¿En qué punto se está hoy?

R.– En una convivencia light. La mayor parte de la gente ha hecho borrón y cuenta nueva. Siempre, no es de ahora, se ha mirado hacia otro lado. Ha habido un reconocimiento relativamente digno a las víctimas del terrorismo. Y estamos aprendiendo a convivir.

P.– Un peligro es el falseamiento de los relatos. Otro,

la desmemoria. Conocíamos esta semana que más de

la mitad de los españoles no sabe quiénes son Miguel

Ángel Blanco, Irene Villa u Ortega Lara. ¿Le asombra?

R.– Los datos no me sorprenden. Desgraciadamente,

la ignorancia de nuestra historia es muy grande y aún mayor entre los jóvenes, cuya primera fuente de información son las redes sociales, particularmente las que establecen con y desde sus coetáneos. ¿Cuántos sabrían decir los nombres de los presidentes del Gobierno desde la Transición?

P.– Las encuestas muestran un estancamiento del sentimiento independentista en el País Vasco. Al mismo tiempo, como se vio en las elecciones de julio, la hegemonía del PNV parece indestructible...

R.– No es sólo un estancamiento, hay un descenso. Si en su momento pudo rozar el 40%, que no creo que llegara nunca, hoy el sentimiento independentista no es superior al 20 o 22%. Lo cual no quiere decir que la sociedad no sea mayoritariamente

nacionalista, que se sienta vasca, pero no necesariamente no española o antiespañola. Todos tenemos, lo admitamos o no, identidades múltiples. Lo que no se puede admitir bajo ningún concepto es que alguien defienda la independencia de un territorio por las armas. Eso se ha acabado para siempre. Yo no creo en la independencia de Euskadi ni en la de España. Hoy los

estados ya no son independientes. Un ejemplo, la pesca.

Nuestra cuota la marca Bruselas.

P.– Usted acuñó el concepto violencia lúdica para

hablar de la kale borroka. ¿Ve paralelismos con los

CDR hoy en Cataluña?

R.– La violencia lúdica era una parte de la violencia política. Sí, cabe la equiparación. Tras la sentencia del 1-O, los disturbios terribles de Barcelona tuvieron sin duda una componente de esa violencia lúdica. Cataluña es que está dividida en dos y su principal problema es cómo se las van a arreglar entre las dos partes.

P.– ¿Y las dos Españas tienen arreglo?

R.– Hay más de dos. Aunque de la tercera España, esa que intenta tender puentes desde Madariaga, hoy veo poco. Lo intentó un partido como Ciudadanos y ya vemos en qué ha quedado. Tenemos un problema de desmembración emocional en España.

P.– Recientemente, usted ponía a la Monarquía como

ejemplo de las dos Españas de hoy.

R.– Tiene que ver con todo lo que está pasando con el Emérito. Juan Carlos I hizo una excelente labor en general como Rey. No sólo por el 23-F. Fue decisivo en el tránsito de la dictadura a la democracia. Y durante mucho tiempo ejerció bien su labor. Ahora se han conocido las corrupciones y entonces parece que todo lo que hizo fue malo. Mi hijo me dice que soy un juancarlista frustrado y avergonzado. [Risas] Esto daría para hablar mucho del papel de los medios. La prensa tendrá que explicar por qué se ocultó todo eso.

P.– ¿Pero puede la Corona seguir desempeñando un rol aglutinador por encima de la pugna política?

R.– Yo no sé si la Monarquía española tiene capacidad de remontar esto. Pero sí diría varias cosas. La Monarquía como institución es una antigualla. Pero, a la vez, países modélicos desde el punto de vista democrático tienen monarquía y funciona muy bien, lo que ya le hace a uno pensar que antes de mandar esto a freír puñetas hay que pensárselo dos veces. Si en Bélgica no existiera Monarquía el país ya se habría roto en dos

o en tres. Creo que Felipe VI se equivocó en el discurso del 3-O. Hizo que muchos catalanes y vascos dijeran «yo éste no». El Rey no gobierna, pero tiene que tener cierto margen de maniobra. No sabe lo importante que sería que se buscara alguna fórmula oportuna para que por ejemplo acudiera a Guernica y dijera que

la Corona respeta la singularidad vasca... Y otro tanto valdría para Cataluña. El Rey sabe dónde tiene los problemas. Hace falta que haga gestos. Mis hijos y mis nietos decidirán si tiene que haber monarquía o república, pero ahora mejor dejar las cosas como están.

P.– Está a punto de salir su último libro, ¿Tiene futuro el cristianismo en España? Le pregunto: ¿España ha dejado de ser católica?

R.– Estamos pasando de la era de cristiandad a la era postsecular. La religiosidad en España, afortunadamente,

va a ser muy distinta a la que conocimos. Hay espacios en los que está adquiriendo importancia, como el movimiento por los refugiados o Cáritas, con la labor tan importante que hace. Lo que no va a haber es un laicismo excluyente peligroso como el que defiende Podemos. Cuando pregunta Iglesias que por qué tiene que haber misa en TVE se le podría responder ¿por qué misa no y sí fútbol o cualquier otra cosa? Pero la respuesta es porque una parte importante de los españoles son católicos

viernes, 20 de diciembre de 2019

“Capacidad de decidir, obligación de pactar”




“Capacidad de decidir, obligación de pactar”


Parece claro que el Informe para renovar o actualizar el Pacto Estatutario topa básicamente en el tema del derecho a decidir, que en una formula, que yo entiendo correcta, solamente la sostienen el PNV y Elkarrekin Podemos. Según leo en “El Correo” (01/12/19)” la formula del PNV tras apelar a la manifestación institucional de los Derechos Históricos, afirma que “se exterioriza a través del derecho a decidir de su ciudadanía libre y democráticamente expresado, siendo su ejercicio pactado con el Estado”.  La redacción de Elkarrekin Podemos es similar al abogar por “el derecho de su ciudadanía a expresar su voluntad libre y democráticamente, siendo su ejercicio legal y pactado con el Estado”. Manifiesto mi acuerdo con estas fórmulas, con un inciso que considero clave, “pactado con el Estado”.

No me resulta en nada extraño que tanto el PP, como Ciudadanos, y lo hubiera dicho con más ahínco aún VOX, en el ámbito de las derechas, como EH Bildu en la izquierda extrema, rechacen el Informe. Pues estas formaciones, más allá de su diferente apuesta en lo social convergen en su concepción político territorial: son soberanistas puros. Digo puros pues en nada aceptan la fórmula que, a veces, los soberanistas españoles han esgrimido para solventar la cuestión de Gibraltar: la soberanía compartida.

Jaime Ignacio del Burgo, ponente del PP, en la Comisión, en una entrevista a “El Correo” (06/12/19) arguye que “No se puede pretender, sin modificar previamente la Constitución, que el País Vasco establezca una relación confederal 'con' España. (…) que tres territorios de una nación inexistente como es Euskal Herria deciden erigirse en Estado soberano para eliminar toda huella de pertenencia a la nación española …”. Pero no es eso lo que presentó el experto del PNV y el de Podemos sino el derecho a decidir con la transcendental condicional de “pactado con el Estado”.

En unas declaraciones recogidas en El Correo (25/08/19) con motivo del 40 aniversario del Estatuto de Gernika, Otegi, afirmaba que “para nosotros, hablar de autogobierno o de soberanía es hablar de dónde, quién y qué se decide. Y EH Bildu quiere que sean los ciudadanos y ciudadanas en Euskal Herria quienes lo decidan todo. Desde las pensiones a la independencia”. ¡Pues no! Eso es imposible. No vivimos en una isla, apartados del mundo. Somos interdependientes. El derecho a decidir exige una limitación clave: derecho a decidir ¿qué? Ni España, ni Francia, ni EE. UU, ni China tienen capacidad de decidir todo por mucho derecho a decidir que reclamen. Aunque ciertamente unos tienen más derecho a decidir que otros, pero siempre sobre según qué cosas.

Más sensata (y hasta arriesgada, conociendo cómo se conforma el Tribunal Constitucional) me parece la postura de Iñigo Urrutia, experto de EHBildu quien se inclina por “un nuevo órgano de relación que blindaría las competencias vascas y que obligaría a dirimir los conflictos competenciales en una ´sala paritaria´ que se debería crear en el Tribunal Constitucional” (El Correo 02/12/19). Aboga, en suma, por una España Confederal, que yo no rechazaría de entrada. Es una opción defendible.

En fin, en el PSOE, vuelvo a encontrar su eterna indefinición al final del recorrido, cada vez que se aborda este tema: “sí, pero no”. Hoy diríamos que, algunos, apuestan por la España Federal, pero en el marco de la Constitución, mientras que otros no ven esa posibilidad por ningún lado en la actual Constitución, que tampoco quieren modificar, arguyendo últimamente, para enfrentarse unidos a VOX. El experto del PSOE en la ponencia, Basaguren, no oculta su rechazo al derecho a decidir. Propone que no se incluya esa cuestión y rechaza los textos de sus dos compañeros de mesa (PNV y Elkarrekin Podemos). Lo hace con argumentos contundentes, añade “El Correo (01/12/19). “El llamado derecho a decidir, en primer lugar, no es un derecho». Y no lo es, porque «ningún texto jurídico, ni constitucional ni internacional, reconoce tal derecho como 'derecho'”. Es cierto. Recuerdo haber leído a juristas nacionalistas apelar por el “derecho de los pueblos” en vez del “derecho a decidir” que parece no estar recogido en textos internacionales.
Pero yo soy sociólogo, no jurista, aunque tengo un enorme respeto a la imprescindible labor de los juristas, pero, a menudo, se pierden, como los exégetas bíblicos o los expertos en el Talmud hebreo, es disquisiciones semánticas…sin llegar a ponerse de acuerdo, y dejando el problema tal y como estaba antes de iniciarlo.
No veo ninguna salida a la cuestión por parte del PP, Ciudadanos y VOX.
Son partidos anclados en el viejo soberanismo, aunque ya inexistente. Diría lo mismo de EH Bildu, si no fuera por la salida que veo en el experto Urrutia. Pero ¿le sigue la cúpula de su formación? Lo mismo diría del PSOE-PSE, al menos a tenor de su experto (ante cuya honradez y altura intelectual me inclino) pero desde la autonomía asimétrica de Maragall a la España Federal, por la que, según el día que tenga o le aconsejen sus “gurus”, aboga Sánchez, me abre una espita a la esperanza. Claro que Elkarrekin Podemos no debe cambiar, y es preciso que el PNV imperante en Bizkaia se imponga al de Gipuzkoa. Todo está inventado: “capacidad de decidir, obligación de pactar”.


Donostia 6 de diciembre de 2019
Javier Elzo
Catedrático Emérito de Sociología. Universidad de Deusto

Publicado en “El Correo” el 16 de diciembre de 2019 eliminando los detalles de la citas de “El Correo” (Cuando mucho, cuando poco)

jueves, 10 de octubre de 2019

Esperando a Godot (a la sentencia del procès)


Esperando a Godot (a la sentencia del procès)


Dicen que la sentencia del 'procés' es inminente, pues hay algunos presos políticos (quiero ser dueño de mis palabras) que están a punto de cumplir dos años de prisión preventiva y, pasada esa fecha, debe ser algo más complicado mantenerles en la cárcel. Que la sentencia coincida con la cuarta campaña electoral en cuatro años no es sino eso: una mera coincidencia que en nada debe alterar el trabajo de los magistrados y la oportunidad de hacer público su fallo. Es bien sabido que en España hay división de poderes. La independencia de la Justicia es evidente, así como la disposición de los poderes políticos a acatar sin rechistar las disposiciones judiciales aun estando disconformes. Todo ello, sin olvidar la confianza en la Justicia de la sociedad española, aunque la pongan en duda no pocas encuestas. Pero es conocido que las encuestas, a menudo, se equivocan.
Cabría decir, por tanto, que nos queda esperar tranquilamente -excepto los encausados que, a día de hoy, no saben si tras la sentencia irán a sus casas a dormir o volverán a sus celdas, vaya usted a saber cuánto tiempo más (días, semanas, meses o años)-, pues todo puede pasar, según los entendidos en leyes, quienes manifiestamente no se ponen de acuerdo en el tenor de la decisión del Supremo. Aunque parece que pintan bastos si atendemos a los comentarios que unos y otros emiten. Además, los responsables políticos en Madrid manifiestan que van a llevar todavía más Policía a Catalunya al temer un desbordamiento ciudadano con una sentencia no absolutoria. Y ya advierten que no les temblará el pulso para otra aplicación del 155.
Luego, de tranquilidad, nada de nada. Es que este juicio tiene muchas particularidades. Me voy a limitar aquí a una sola. A lo largo de mi vida, tras una sentencia judicial rechazada por parte de la población, he escuchado decir a profesionales del Derecho, así como a magistrados, que muchas veces solo los miembros de un tribunal -con los fiscales y defensores comprendidos, pero no siempre- tienen un conocimiento completo de la realidad de los hechos que se juzgan, que a menudo el ciudadano de a pie no conoce. Y el ciudadano de a pie rara vez sigue un proceso con el detenimiento que se hace en el tribunal, salvo los que son escabrosos, que bien que se airean. Pero, en el caso del 'procés', los hechos juzgados son públicos. Todos hemos visto el comportamiento policial las primeras horas del 1 de octubre de 2017, golpeando a gentes que acudían a votar en unos comicios por muy ilegales que fueran. Todos hemos visto lo esencial de los hechos del 20 de septiembre de aquel año en la Consellería de Economía. Todos hemos visto en qué consistió la fugaz declaración de independencia de Catalunya el 11 de octubre, suspendida segundos después por quien la proclamó. Y así todo lo que sucedió aquellos trágicos días.
Con esto quiero decir que tenemos suficientes elementos de juicio para estimar en qué debería consistir una sentencia justa del 'procés'. No les oculto la mía: una condena por desobediencia que, con el tiempo que ya llevan en prisión, debería suponer su excarcelación inmediata. No veo rebelión ni sedición. Una opinión que, para sostenerla -yo que no soy hombre de leyes-, me baso en declaraciones de muchos hombres y mujeres de leyes que así lo ven. Me basta dar aquí un solo ejemplo. Nada menos que el del expresidente del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial Pascual Sala, quien declaró: «para mí es muy difícil, casi imposible, que exista un delito de rebelión y muy problemático, por no decir que tampoco, el de sedición» (en la prensa del 16/10/18).
Claro que ni Pascual Sala ni ninguno de nosotros debemos tomar esa decisión que corresponde, como debe ser en un Estado de Derecho, al correspondiente tribunal. En este caso, el presidido por el juez Marchena. Tribunal que debe actuar conforme a Derecho. Añado que no tengo duda alguna ni de su competencia ni de su honestidad.
Pero, y aquí el 'pero' es descomunal, la historia nos dice que ante los mismos hechos los jueces han dictado sentencias muy, pero que muy diferentes. Un solo ejemplo que nos toca de cerca. Recuérdese cómo el Tribunal Constitucional anuló en junio de 2012, por seis votos a cinco, la sentencia del Supremo de marzo de 2010 que, por nueve votos a siete, prohibía la inscripción de Sortu en el Registro de Partidos Políticos.
Obviamente, tampoco pongo en duda ni la competencia ni la honestidad intelectual de los once magistrados de Constitucional, ni la de los dieciséis del Supremo, pero no puedo no constatar que aplicaron de forma diferente la misma ley a los mismos hechos. Y también sabemos que se han modificado leyes 'ad hoc' en los parlamentos, por ejemplo, para poder ilegalizar a Batasuna. Si la memoria no me falla, se arguyó también que lo hacían por necesidad, conveniencia o utilidad pública (no recuerdo el término). ¿Sería mucho pedir al Alto Tribunal que juzga el caso del 'procés' que tengan en cuenta las consecuencias de su fallo y que analicen con detenimiento qué consecuencias sociales, políticas y, sobre todo, de convivencia ciudadana tendrá la interpretación que hagan de la ley? Los ciudadanos de a pie se lo agradeceríamos. Pues todo, absolutamente todo, depende de la interpretación que hagan de la ley.
Javier Elzo
(Publicado en “El Correo”, el 8 de octubre de 2019)

viernes, 30 de agosto de 2019

Inteligencia Vasca (Artículo de Enric Juliana)


A veces me sucede, al leer un artículo, que piense, “ese es al artículo que me hubiera gustado escribir”. Es lo que me sucedió ayer cuando leí el artículo de Enric Juliana en La Vanguardia, que aquí abajo reproduzco y subo a mi blog.


Inteligencia Vasca

Enric Juliana (La Vanguardia 30 de agosto de 2019)

Mientras la política europea entra en ebullición, así en el Reino Unido como en Italia, mientras la izquierda española se pierde en el interior de su laberinto, el Partido Nacionalista Vasco enciende las luces largas. El último partido analógico que opera en España vuelve a emitir señales de talento estratégico.
El lehendakari Iñigo Urkullu presentó ayer al Vaticano una propuesta para organizar la acogida de inmigrantes y refugiados en Europa a partir de las regiones. La propuesta Share del Gobierno vasco plantea jerarquizar los cupos de acogida a partir de tres parámetros: el Producto Interior Bruto, la población y el porcentaje de paro, por este orden. Acogerían más refugiados e inmigrantes las regiones más ricas, las más necesitadas de población y las menos castigadas por el paro.
Es una propuesta inteligente que busca romper la cadena de la insolidaridades territoriales, uno de los principales detonantes de la oleada xenófoba que recorre Europa. Es un planteamiento racional en un tiempo caracterizado por la manipulación fácil de las emociones. Es una propuesta socialdemócrata. Es una propuesta socialcristiana. No es postureo mediático para quedar bien con Richard Gere a bordo el Open Arms. Es una idea que pertenece a la vieja cultura de la complejidad. No es fácil de resumir, peso se puede sintetizar con menos de 140 caracteres: que cada región acoja según sus posibilidades y aumente su población según sus necesidades.
El plan Share a Euskadi no le vendría mal. Es una sociedad rica, envejecida y con un moderado porcentaje de inmigrantes. Con 34.079 euros de renta per cápita –la segunda más alta de España después de la Comunidad de Madrid– el País Vasco presenta uno de los mayores índices de envejecimiento, detrás de Asturias, Galicia, Castilla y León y Cantabria. Uno de cada cinco vascos ya tiene más de 65 años. Su tasa de paro es la más baja de España (9,5%) y es la novena comunidad autónoma con más inmigrantes en el censo (151.000 ciudadanos de origen extranjero en una sociedad de poco más de dos millones de habitantes), cifra que ha aumentado de una manera especial durante los tres últimos años.
La propuesta de los nacionalistas vascos puede interesar al Vaticano en la medida que el discurso del papa Francisco necesita una vertiente pragmática para hacer frente a las acusaciones de “buenismo” que propalan sus enemigos, cada vez más numerosos.
Urkullu, político de formación católica, hizo ayer un buen trabajo en Roma. Demuestra que las relaciones del Gobierno vasco con la Santa Sede vuelven a ser excelentes, especialmente con el secretario de Estado, cardenal Pietro Parolin. Asocia el nacionalismo vasco al concepto solidaridad en una España cuya última novedad es el descaro del “paraíso fiscal” de Madrid. Lanza una propuesta de interés para Bruselas, refuerza el perfil institucional del PNV, y al mismo tiempo exige la revalorización política de las regiones europeas. Con finura, Urkullu viene a decir que el jacobinismo no sirve para afrontar un asunto tan complejo como el de la inmigración. Y por último, aunque no lo último, da un toque de atención a la Generalitat catalana. En Roma también se habló ayer de Catalunya.


sábado, 3 de agosto de 2019

Datos discutibles de la practica religiosa en las Comunidades Autónomas de España





La religiosidad de los españoles en 2019: cuidado con los datos de las Comunidades Autónomas y con las edades

Estos días pasados he leído en varios medios el descenso de la religiosidad de los españoles en base a este titular: “España deja de ser católica: ya hay más ateos o no creyentes que católicos practicantes”. Parte de los datos se refieren al Barómetro del CIS dado a conocer el 30 de julio de 2019. Los datos globales son correctos, pero hay que andar con mucho cuidado con los datos por comunidades autónomas (y controlar las edades, al valorar la formación de las personas, así como esperar a más información para profundizar en otros), pues, en muchos casos, su base muestral siendo extremadamente baja, impide decir nada, en esas Comunidades Autónomas, con el mínimo rigor científico, dado el enorme error porcentual posible. Así, Murcia con 80 personas encuestadas, Extremadura 76, Baleares 66, Cantabria 40, Navarra 39 y La Rioja 20. De esas comunidades no cabe decir nada y, en algunas más, hay que andar con muchísimo tiento.
El azar ha querido que, para una conferencia que debo dar en Madrid el 23 de septiembre próximo, haya trabajado la misma encuesta del CIS, pero la del Barómetro del 2 junio de 2019. Obviamente la religiosidad de los españoles no ha variado en dos meses. Espero que los organizadores de la conferencia de Madrid no me tengan en rigor que adelante aquí las tres páginas en las que me detengo, en mi conferencia, en la religiosidad de los españoles de junio de 2019.
La práctica religiosa el mes de junio de 2019

Nos detenemos, con cierto detalle, en el Barómetro del CIS de junio de 2019 en que se pregunta por la asistencia a misa u otros oficios religiosos a los españoles de 18 y más años.

Asistencia a misa u otros oficios, excluyendo bodas, comuniones y funerales. Datos en porcentajes


Todos los españoles
Solamente los católicos
y creyentes de otra religión
Nunca
22
31
Casi nunca
21
29
Varias veces al año
12
17
Dos o tres veces al mes
5
7
Todos los domingos y festivos
9
12
Varias veces a la semana
1
2
Agnósticos indiferentes, no creyentes o ateos
27
No procede
N.C
1
2
N =
2.974
2.133
Total
100 %

Fuente: Barómetro del CIS, junio de 2019, elaboración propia

La columna de la izquierda (todos los españoles) mide la práctica religiosa en base al conjunto de españoles de 18 y más años de edad, 2.974 personas en la encuesta del CIS. La columna de la derecha mide la proporción católicos y creyentes de otra religión[1], luego excluidos los agnósticos, indiferentes, no creyentes y ateos, que suman 2.133 personas.

Retengamos estos datos: si nos atenemos al conjunto poblacional español solamente el 10 % de la población asiste regularmente a misa, el 9 % todos los domingos y festivos y un 1% adicional lo hace varios días a la semana. No asiste nunca o casi nunca el 43 % de los españoles a los que hay que añadir el 27 % que se dice agnóstico, indiferente, no creyente y ateo, aunque es posible, e incluso probable, que algunos de entre ellos asistan en alguna ocasión concreta (siempre excluyendo, en el cálculo, bautizos, bodas y funerales).

Si nos limitamos a la asiduidad a misa de quienes se declaran católicos las cifras son estas: el 12,4% dice acudir a la Iglesia los domingos y festivos y el 1,7% varios días a la semana. Sumando las dos cifras, en números redondos, el 14 % de los católicos (10 % del conjunto poblacional)
asistiría regularmente, semanalmente y más, a misa, a tenor de los datos de junio de 2019.

Segmentados por sexo y edad, estos son los datos. Acuden regularmente a misa, entre los católicos, el 11% de hombres y el 17% de mujeres. Según la edad el 4% de los jóvenes de 18 a 24 años, el 8% de quienes tienen edades comprendidas entre los 25 y 34 años, mismo porcentaje entre los de 35 a 44 años, 9 % entre los 45 a 54 años, 8% de nuevo entre los de 55 a 64 años y la cifra sube al 27 % entre los que tienen 65 y más años.

¿Qué decir? El desenganche de los más jóvenes es brutal, se acerca a una práctica residual. De los 25 años en adelante y hasta, al menos los 65 años, la práctica religiosa regular entre los españoles que se dicen católicos es del 8%, que se quedaría en el 6% si lo calculamos sobre el conjunto poblacional español, se digan o no católicos. Hay que llegar a los 65 años de edad para constatar que más de un cuarto de los católicos, y algo menos de ese cuarto en toda la población, asisten regularmente a misa. Pero yo apuntaría, incluso, que habríamos de pasar de los 70 y más años para encontrar esa cifra de asistentes a misa.

Hace muchos años que hemos constatado que la práctica religiosa en nuestros días responde a su brusca caída a finales de los años 60 del siglo pasado, década en la cual muchos estudiosos ponen el acento para entender lo que, algunos, denominan la descristianización de Europa Occidental que yo concreto aún más, en España, Portugal, Francia, Bélgica y también, aunque lo he estudiado menos, en Alemania y Holanda.

Las personas que solamente tienen estudios primarios o, aun menos, son quienes en mayor porcentaje (casi el 20 %) aceden regularmente a misa, pero es más que probable que el factor explicativo, en este caso, no sea su nivel de estudios sino su edad y, también el sexo. En efecto, el siguiente colectivo, que acude con mayor frecuencia a misa es el conformado por los que tienen estudios superiores: el 12 %, por delante de los que no han pasado de los estudios secundarios (11%), siendo los que han estudiado FP, claramente como los menos asistentes a la iglesia, con un 5%. En efecto, en el Estudio de Valores europeo de 2019 (EVS), en su aplicación a Francia encontramos que manteniendo la edad constante, quienes han salido más tarde del sistema educativo son quienes en mayor proporción son católicos practicantes[2].

La práctica religiosa es claramente mayoritaria en la clase media antigua (24%), a continuación, en los de la clase media alta y muy alta (15%), las nuevas clases medias (13%) siendo los menos asiduos los obreros, en torno al 11%[3]. En Francia, en el trabajo del EVS ya referenciado “los dos grupos profesionales católicos que practican con mayor frecuencia son los directores, cuadros directivos y gerentes (18% de practicantes), y las profesiones intelectuales y científicas (16%), mientras que la tasa de práctica religiosa no es sino del 9 % entre los obreros de la industria y de los transportes, sean o no cualificados”.

El voto político, en base a quien se votó en las generales de abril de 2019, y limitándome por seguridad estadística a las cinco formaciones de ámbito estatal, y con submuestra suficiente, estos son los datos, en junio de 2019: el 28 % de los votantes al PP, acuden regularmente a misa; a continuación los votantes a VOX (25%) , el 11% de los que se decantan por C´s, el 10% por el PSOE y el 4% a Unidas Podemos. Datos del todo punto previsibles, como lo son los que se ofrecen a tenor de las Comunidades Autónomas donde residen, pero aquí dado el escasísimo número de personas entrevistadas en muchas comunidades (Murcia 72 personas, Extremadura 66, Aragón 65, Asturias 46, Baleares 41, Cantabria 28, Navarra 22, La Rioja 16) no doy cifras. Me limito a decir que, limitándome a las Comunidades donde se han preguntado a más de 100 personas, este es el ranking de Comunidades autónomas de asistencia a misa, de mayor a menor: Castilla y León a la cabeza (24,6% de practicantes dominicales), le sigue, casi en las mismas cifras, la Comunidad de Castilla- La Mancha, después Galicia y Andalucía, a continuación, la Comunidad Valenciana, y cerrando el ranking el País Vasco y Catalunya (8,2 %). (No hay que detenerse demasiado en las diferencias, en los datos de junio y julio de 2019. Es normal que así suceda, pues los puntos muestrales, no son, ni pueden, ni deben ser los mismos, luego dado el tamaño muestral de las encuestas en las Comunidades Autónomas, las fluctuaciones porcentuales en preguntas con varias posibilidades de respuesta son normales. Lo anormal, y digno de sospecha, sería que coincidieran)

Aquí la historia y la sociología socio-religiosa de las diferentes Comunidades autónomas es imprescindible para entender y analizar los datos. Pero es radicalmente insuficiente con tener en cuenta un solo factor, como la industrialización o la talla poblacional, como viene sosteniendo la “vulgata” de la teoría de la socialización. En la actualidad, en España, es imposible no tener en cuenta el peso de la religiosidad popular, el de la emigración e inmigración, y la historia socio-religiosa pasada y reciente. Quizá el caso catalán sea paradigmático. Hipotetizo que Catalunya, siendo la primera comunidad que se secularizó, es también la primera comunidad española que ya ha tocado fondo en la exculturación socio cultural de lo religioso, ofreciendo la mejor respuesta al pluralismo interreligioso, aceptando la diversidad religiosa sin falsos irenismos, (que también encontramos en algunas parroquias en Madrid capital y parece que en más sitios). Sin olvidar ni dejar de lado, que aún quedan, - no solamente pero también, y con fuerza, en Catalunya- , algunos núcleos, sea fuertemente anti- religiosos, pero de corte y razonamiento decimonónico que, aunque con fuerte presencia mediática, se reducirán cada vez más, sea otros, ya casi residuales, que añoran una religiosidad que no ha de volver y se mantienen en base a unos pronunciamientos contra el papa Francisco, también decimonónicos, si no tridentinos.

Donostia San Sebastián, 3 de agosto de 2019
Javier Elzo



[1] Pero conforman solamente el 2,2 % de la población, el resto de creyentes son los que se dicen católicos, practicantes y no practicantes, y no es posible segmentarlos tal y como nos ofrece los datos el CIS, que lo hace en base a los que se han declarado católicos y creyentes de otra religión. Es la columna de la derecha de la tabla. La columna de la izquierda es elaboración de mía en base a los datos del CIS.
[2] Pierre Bréchon, F. Gonthier, S. Astor (dir) “La France des valeurs. Quarante ans d´évolutions“. Presses Universitaires de Grenoble, abril 2019, 382 páginas. Las cifras, estas y las que doy más abajo se basan en el inicio de la Sexta parte del Informe “La Religión en movimiento”

[3] Repito que las cifras se refieren a quienes se han posicionados previamente como católicos. Llamo la atención de que, entre los que se sitúan en la clase social alta y media el porcentaje de los que se dicen católicos es del 57%, el más bajo según las diferentes clases sociales como las presenta el CIS, clase social donde encontramos, lógicamente, la mayor proporción de quienes se dicen agnósticos, indiferentes, no creyentes o ateos, el 41%. En el universo poblacional estas cifras son, respectivamente del 69% y del 27%.