Subo aquí un excelente artículo del columnista de "La Vanguardia" sobre la cuestión catalana, con unas reflexiones sobre la voluntad popular, el incumplimiento de la ley y la aplicación de la justicia.
Mi acuerdo con Puigverd es total.
‘Vae victis’ (¡ay de los
vencidos!)
Antoni Puigverd
“La
Vanguardia” 3 de febrero de 2020
Una
de las fechas trágicas de los antiguos romanos corresponde a un día también muy
trágico de nuestra historia. 18 de julio. Según narra Tito Livio, los romanos
fueron derrotados por los galos senones en el valle del río Alia, afluente del
Tíber, el 398 o el 390 a.C. Los galos entraron en Roma y la incendiaron.
Desesperados, los romanos se encastillaron en el Campidoglio y resistieron el
asedio durante meses. Finalmente, negociaron su rescate con el oro enviado por
sus aliados de Marsella. Mientras pesaban las libras del oro pactado, los
romanos protestaron al considerar que el peso estaba siendo falsificado. Ante
las protestas, Breno, el caudillo galo, puso su espada sobre un plato de la
balanza, exclamando: “Vae victis” (¡ay, de los vencidos!). En un mundo salvaje
no hay límites a la interpretación que el vencedor hace de la ley.
¿Estamos
todavía en un país salvaje? Al Estado, personificado en fiscales y jueces, no
le basta con la derrota y la condena. Necesita un suplemento de crueldad.
Mientras el nuevo Gobierno intenta abrir una vía de diálogo, la mano férrea del
Estado, en vez de relajar la presión, la intensifica. Tribunal de Cuentas,
Junta Electoral Central, Audiencia, Fiscalía, Tribunal Supremo, Tribunal
Constitucional: todas las estructuras judiciales españolas trabajan en
comandita para imponerse al independentismo de la manera más dura posible.
¿No hay límites a
la interpretación arbitraria que el vencedor hace de la ley?
La
letra de la ley y el procedimiento se han convertido en valores absolutos que
el Estado utiliza para aplastar a sus enemigos. Lo explicó mucho mejor el
profesor Sánchez-Cuenca en un artículo en La Vanguardia (“Ley
y democracia”, 11/I/2020). Sostiene Sánchez-Cuenca que la justicia española
actúa sobre los independentistas “despreciando en sus argumentaciones el peso
de los valores democráticos”, ya que, “cuando han surgido conflictos entre
valores democráticos y procedimentales, siempre han prevalecido los segundos”.
Sánchez-Cuenca sostiene que “hay un sesgo sistemático que lleva a una
interpretación ciega de la ley, sin sensibilidad hacia los valores democráticos
en juego”. Y concluye: “La democracia aparece en autos y sentencias como una
creación del Estado de derecho”, cuando debería ser al revés. El Estado de
derecho no es un absoluto, sino “un mecanismo de que se dota la democracia para
proteger y perfeccionar sus principios y valores”.
Sánchez-Cuenca
escribía estas reflexiones a propósito de la argumentación del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea (TJUE), que corrigió expeditivamente (como se ha
vuelto a ver ahora con el escaño europeo de Clara Ponsatí) la exigencia
administrativa de la Junta Electoral Central. Había pretendido esta junta que
fuera más importante el trámite de jurar o prometer la Constitución que la
decisión soberana de los votantes. Más allá de su utilidad concreta, la
sentencia europea contiene en espíritu la solución de todo el conflicto
catalán.
En
efecto: si interpretamos lo que ha sucedido en términos de valores
democráticos, la respuesta inteligente de un Estado a la ruptura de la
legalidad (unilateralidad) por parte del independentismo no era la aplicación
tremendista del derecho penal (aunque el delito de desobediencia era palmario),
sino la acción política. Dialogar no significaba ceder. Sólo significaba
hablar. Ahora sabemos que, si el Estado, a través del poder ejecutivo, hubiera
hecho una contrapropuesta y hubiera abierto un diálogo, seguramente no
habríamos caído en el pozo en el que ahora estamos.
El
problema catalán tiene muchas causas, pero estalla con la sentencia sobre el
Estatut: un tribunal corrigió una votación popular. La solución consistiría en
enmendar esta anomalía. Se está haciendo exactamente lo contrario: convertir
esta anomalía (preeminencia de los tribunales sobre el voto popular) en regla.
Se
entiende el argumento de la Fiscalía para negar el permiso de 72 horas a Jordi
Cuixart. “No ha asumido los hechos delictivos ni ha mostrado arrepentimiento”.
Los fiscales se sienten fuertes en su dureza, no se conforman con la condena:
esperan que el líder independentista entregue no sólo el cuerpo (ya
encarcelado) sino el alma (sus ideas). Se puede dar la vuelta como un calcetín
a este argumento fiscal: quizás si el Estado fuera suaviter in
modo sin dejar de ser fortiter in re, quizás si
aceptara que, más allá de la condena, hay un problema político de fondo que hay
que afrontar y resolver, quizás si el Estado tuviera una actitud no represora,
sino propositiva, quizás entonces todos los independentistas se moderarían
(como ya está haciendo ERC) y podríamos encontrar una salida política a un
problema que nunca debió salir del cauce político.
Los jueces y fiscales
más duros notan de manera muy cercana e íntima el calor de una opinión pública
vengativa. La tentación del vae victis , la tentación de
aplastar a los vencidos, es muy visible en algunos partidos españoles y en la
mayor parte de los medios. Pero la venganza, aunque sea en forma de exquisita
orfebrería jurídica, no es nunca la solución a un problema político. Al
contrario: es un paso irreversible hacia la destrucción de los fundamentos
democráticos del Estado.
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