Dos incertidumbres político -
religiosas al inicio del año 2019
Avanzamos ya en este año 2019 con múltiples incertidumbres. Sin
salir de España, la cuestión territorial con Catalunya en primer, pero no único
lugar; el nuevo gobierno en Andalucía; elecciones autonómicas y municipales aquí
y allá; trascendentales elecciones al parlamento europeo con una derecha
extrema de malos recuerdos al alza y, todo ello, con un gobierno muy en minoría
en Madrid y la irrupción de Vox en el panorama político español.
Es cierto que la historia nunca se repite plenamente, pues las
circunstancias cambian. La acertada expresión de Ortega y Gasset de “yo soy yo
y mi circunstancia”, vale también para las realidades sociales. Sobre todo, si
realizamos sociología comparativa. Así, hay debates que, cual Guadiana,
reaparecen con tintes novedosos y, claro está, con protagonistas diferentes
pero que, mirando con detenimiento, reproducen querellas que atraviesan décadas
y siglos. Es lo que, de forma inusitada, presenciamos en la actualidad en el
universo social, cultural y político de la España de nuestros días, en varios
aspectos. Por hacerlo corto y breve hoy
me centraré en dos cuestiones. Por un lado, lo que denomino, el debate
soterrado entre la eclesiofobia reinante y la emergencia de un neocatolicismo
de vieja escuela. En segundo lugar, apuntaré a la aporía de pretender resolver
la cuestión territorial en la España de 2019, en base al concepto de soberanía.
Es lo que nos depara el próximo juicio a los presos políticos catalanes (sé que
la expresión no gusta a muchos, pero defiendo el derecho, yo también, a la
pacífica y respetuosa libertad de expresión) juicio que, parodiando a García
Márquez, vamos a vivir en una (larguísima) crónica de una condena anunciada.
La emergencia social de un viejo catolicismo que creíamos,
ilusamente, fenecido, no solamente en VOX y aledaños, y que se enfrenta,
envalentonándose, a una eclesiofobia que, ésta, lleva décadas bien despierta y,
entre burlona y belicosa, campando en cierta izquierda caviar (“la gauche
caviar” que se decía en torno al mayo francés de 1968). Esta última, vive y se
agita, bajo el manto del laicismo excluyente de lo religioso, de mala copia
francesa, y desea encerrar a los cristianos en sus templos y sacristías, así
como limpiar la vida y los edificios públicos de toda referencia religiosa.
Estas dos polaridades, el del neocatolicismo añorante del estado de
cristiandad, ya felizmente en sus estertores, y el fundamentalismo laicista, en
esquemas de finales del siglo XIX, desgraciadamente rampante (también en
Euskadi), se retroalimentan reforzándose, bajo el esquema de “yo” o el “otro”,
mientras la pluralidad respetuosa se difumina, aminora, en una timorata, aunque
imprescindible, defensa del “yo” y el “otro”, postura que es objeto de mofa y
escarnio por los mentores del neocon católico y del laicismo excluyente, como
se puede constatar en la lectura de los medios, en nada marginales, que les
sostienen sin vergüenza, sin rigor ni decoro alguno. Desconocen el término y la
práctica de la “ecuanimidad”.
Un triste ejemplo. Al poco de las
elecciones andaluzas del 2 de diciembre pasado, el obispo de Córdoba, Demetrio
Fernández, publicó su carta semanal sobre el tema y que adelantó Alfa y
Omega (06/12/18). Podemos leer esto. “Me alegro de que esta sociedad
andaluza haya sido capaz de dar un vuelco de este calibre, rompiendo una
inercia casi imposible de superar. Andalucía se sitúa como pionera de un cambio
social que esperamos en la sociedad española”, escribe el prelado cordobés, sin
mencionar concretamente a ningún partido.
Sí lanza un mensaje al actual Gobierno
andaluz, que es a la vez análisis de las causas del resultado electoral: “No se
puede estar contradiciendo la sensibilidad de un pueblo religioso y cristiano,
un pueblo que pide respeto para sus tradiciones religiosas y está dispuesto a
respetar a los demás. No se puede estar atacando la libertad religiosa
impunemente, reclamando la propiedad pública de la mezquita-catedral de Córdoba
con argucias que no se sostienen ni por parte de los que las montan. […] No se
puede trocear España, sin que eso tenga un precio político. No se puede
pretender eliminar el derecho de los padres a elegir la educación que quieren
para sus hijos, introduciendo leyes de ingeniería social. No se puede eliminar
la vida inocente al inicio o al final de la vida, y esperar que encima les
voten. Los andaluces son sensibles a todo esto, y han querido decir en las
urnas cuál es el futuro que quieren para ellos y para sus hijos”.
Quiero recordar en este contexto la Carta Pastoral “Preparar la Paz ” del 29 de mayo de 2002,
firmada por todos los Obispos de Euskal Herria del momento, Ricardo Blázquez,
Juan Mª Uriarte, Miguel Asurmendi y Karmelo Etxenagusia, pero
significativamente no por el Arzobispo de Pamplona, Fernando Sebastián, donde se
podía leer que “ni la aspiración soberanista, ni la adhesión a un mayor o menor
autogobierno, ni la preferencia por una integración más o menos estrecha en el
Estado español son, en principio, para la Iglesia , “dogmas políticos” que requieran un
asentamiento incondicionado. En este punto, el pensamiento social cristiano
afirma como un derecho cívico la libertad de sostener y promover por vías
pacíficas cualquiera de estas opciones”. Esta carta abrió la caja de los
truenos y enervó al ejecutivo que presidía Aznar, que pidió a la Conferencia Episcopal
Española (CEE) una réplica al mismo.
Así la
Asamblea Plenaria de la CEE aprueba en noviembre de 2002, con 63 votos a
favor, 8 en contra y 5 abstenciones, la Instrucción Pastoral
titulada “Valoración moral del Terrorismo en España”, donde se puede leer que:
“poner en peligro la convivencia de los españoles, negando unilateralmente la
soberanía de España, sin valorar las graves consecuencias que esta negación
podría acarrear, no sería prudente ni moralmente aceptable”. Y de ahí surgen
los pronunciamientos de algunos obispos de que “la unidad de España es un bien
moral”, lo que jamás dijeron los obispos vascos o catalanes de la unidad de
Euskadi o de Catalunya. Y ahí seguimos.
Por otra parte, iniciamos 2019, con los peores augurios, en el
contencioso territorial, en estos tiempos focalizado en Catalunya, pero no se
olvide esa parte importante de la sociedad vasca, manifiestamente descontenta
con la situación política, y con la de los presos, particularmente con la de
los presos gravemente enfermos (problema que también se vive en otras partes,
como en Valencia y que ahora parece preocupar a políticos vascos de los que
antaño enarbolaban aquello de “que se pudran en la cárcel”).
Hace años, un significado político vasco, socialista, con fuerte
presencia en Madrid, de cuyo ejecutivo llegó a formar parte, (y de quien he
defendido que sería un excelente presidente de España) escribió que “en el
siglo XXI las soberanías o son compartidas o son peligrosas”. Otro político,
este del PP, y que también se sentó en la mesa del Consejo de Ministros,
propuso la solución de la soberanía compartida para solventar el lacerante
quiste del Peñón de Gibraltar. El lehendakari Urkullu en el pleno de Política
general en el Parlamento Vasco del 25 de septiembre de 2014, reiteró su apuesta
por la soberanía compartida en clave de bilateralidad Estado-Euskadi,
trasladando a lo político el esquema del Concierto económico vasco. “Soberanía
compartida desde la libertad de pacto y para evitar el incumplimiento
unilateral de los pactos alcanzados”.
Esta idea de las soberanías compartidas la vengo sosteniendo desde
mis años de estudiante en Lovaina, idea recibido de uno de mis profesores en
Lovaina que más huella me ha dejado: Paul M. G. Levy. En su juventud luchó
contra el “rexismo”, (viene de Christus Rex), un catolicismo integralista,
fascista y que, bajo el liderazgo del tristemente célebre León Degrelle, se
asoció al nazismo en Bélgica. Paul M. G. Levy nos decía (¡qué clases aquellas,
sin tantas chorradas, pretendidamente pedagógicas, como muchas ahora, cuando el
profesor tenía algo propio que decir) que, en una situación socio política en
grave conflicto, la pretensión de poseer toda la verdad era criminógena, y que
debemos superarla en el respeto a las diferencias. Había que solventar los
inevitables conflictos, sostenía, mediante la deliberación continuada. Lo que
exigirá cesiones. Por parte de todos. Es cuestión de prioridades. Y en una
sociedad rica, más aún, opulenta como la nuestra, la primacía debe ir a la
convivencia en el respeto y aplicación de los Derechos Humanos. Pero eso es
imposible, radicalmente imposible, si en un conflicto territorial, como el
catalán, como el español, como el vasco, defendemos el principio de la
soberanía absoluta. En estos temas, además, nadie está en posesión de la verdad
absoluta. Absolutamente nadie, y de alguna de sus lecturas recomendadas por
Paul M. G. Levy, aun retengo la del hoy olvidado Gastón Bouthoul, en su pionero
Tratado de Polemología. Por eso sostengo que el concepto de soberanía debe ser
enviado al baúl de las cosas, no solamente inútiles, sino polemógenas. Nos va
en ello nuestro futuro en paz.
En la era de la mundialización
vengo sosteniendo, insistentemente, que los conceptos de independencia y de
soberanía (particularmente el concepto de soberanía absoluta) amen de irreales,
pues todos somos interdependientes, están no solamente obsoletos, pese a que
grupos extremistas se reclaman de ellos, incluso con violencia, sino también criminógenos
o polemógenos. España, el Estado Español, de facto y de iure, ya ha aceptado
trasferir parte de su soberanía a la Unión Europea y, de iure, aunque no de
facto, también a las Comunidades Autónomas. Aunque parece que, tras 39 años, ¡sí,
39 años!, se va a cumplir casi todo el Estatuto Vasco. Y será, si lo es, por un
plato de lentejas: los votos del PNV a los presupuestos del gobierno de
Sánchez. Aunque ahí están Ciudadanos y Vox que, con sumo gusto, nos quitarían la
Autonomía y al PP, ¡bueno! al PP tampoco le hace mucha gracia, dejémoslo ahí.
Personalmente llevo años
propugnando substituir los conceptos de independencia y soberanía, y con ellos
el Estado Nación, por los de subsidiariedad, competencias y responsabilidades
solidariamente compartidas, en una Europa fuerte, unida pero no uniforme.
Además, a poco que pensemos, nos separan de esa situación, al menos en el Estado
Español (pongan España si prefieren) más las palabras que las realidades.
Donostia San Sebastián 27 de
enero de 2019
Javier Elzo
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