La soberanía popular acorralada por el Tribunal Supremo

 

La soberanía popular acorralada por el Tribunal Supremo

“El Tribunal Supremo (TS) ha avalado que las escuelas catalanas impartan un 25% de las clases en castellano y ha fijado, además, que deben darse en este idioma no sólo las asignaturas correspondientes a esta lengua, sino también alguna de las materias troncales. El porcentaje fue recurrido por dos padres de alumnos, que solicitaban que se fijara en un 50% y por la Generalitat de Catalunya que entendía que el TSJ, cuando fijó ese criterio, estaba suplantando una potestad que le correspondía a la administración catalana”. (La Vanguardia 09/05/15)

He aquí un ejemplo claro de cómo la Administración de Justicia, una vez más, complejiza y politiza un problema que afectaba a una ínfima parte de ciudadanos. Solamente dos padres recurrieron en justicia el modelo educativo aprobado por la soberanía popular, expresada, legalmente, por el Parlament catalán, donde, por cierto, se sientan parlamentarios que no están de acuerda con lo que la mayoría decide pero, democráticamente lo aceptan. Lo que al Tribunal Supremo parece no importarle nada y no respeta la mayoría del pueblo catalán.   

Parece que es mucho pedir que el Tribunal Supremo aplique el principio de proporcionalidad, ya en la admisión a trámite de una denuncia, y más aún en la sentencia. El problema que plantean los dos padres que presentan la denuncia se puede resolver, muy fácilmente sin necesidad de modificar una ley, insisto fuertemente en ello, legítima y democráticamente adoptada. Pues ¡no!. Hay que modificar la ley.

 

Me dirán que lógica judicial no tiene porqué adaptarse a la lógica democrática de las decisiones de la gobernanza. Así parece en efecto. Pero entonces tenemos un problema, no con la gobernanza democráticamente ejercida sino con la Justicia que, una y otra vez, se la salta. Así nos va.