Cuando los jueces son el primer poder
El
actual embrollo catalán tiene muchas aristas y actores. Aquí me limito,
exclusivamente, a la dimensión judicial, especialmente al Auto de los tres
jueces del Tribunal Supremo, constituidos en Sala, del 5 de enero de 2018, denegando
la libertad provisional a Oriol Junqueras. Su lectura me ha generado una seria
preocupación por la deriva que está adoptando la democracia en España. Al
final, en este caso, y no es el único con grandes consecuencias políticas, la
decisión judicial resulta ser más relevante que lo que la población haya
decidido después de unas elecciones del todo punto legales. Es el primer poder.
Nadie tiene más poder en España que un juez, unos pocos jueces, en realidad. Hagamos
un poco de historia. Historia reciente.
El poder de unos pocos jueces.
En junio de 2006 se aprobó en Catalunya, en Referéndum, con
una mayoría próxima al 74% de los votos emitidos en una participación de casi
el 49%, el texto aprobado en las Cortes Españolas, dos meses antes, texto
reformado a la baja, del que salió en el Parlament de Catalunya con una
abrumadora mayoría de casi el 90 % de sus miembros. Pues bien, el actual
problema catalán
comenzó cuando el Partido Popular, haciendo caso omiso a la voluntad popular
(hay que insistir en este punto) presentó al Tribunal Constitucional una
demanda de inconstitucionalidad del Texto del Estatut aprobado por el pueblo
catalán. Después de cuatro años de
deliberaciones, los 10 magistrados del Tribunal
Constitucional, tras votar por bloques, a veces con mayorías de 6 a 4
recortaron 14 artículos del Estatut. Así una mayoría exigua de 6 a 4 miembros
del Tribunal Constitucional tumbó una decisión refrendada por el pueblo
catalán. Para quien suscribe, no solamente esto me parece un sinsentido
absoluto, sino una grave deriva de uno de los principios básicos de la
democracia: la soberanía del pueblo. Eso sí, se recorto el Estatut en nombre de la ley.
El President de
la Generalitat en 2010, el socialista José Montilla declaró que "el Tribunal Constitucional está
lamentablemente desacreditado y moralmente deslegitimado". Añadió que
Catalunya "es una nación" y consideró que "ningún tribunal puede
jugar con los sentimientos ni con la voluntad" de los catalanes. Y convocó
a una manifestación unitaria tras la "senyera", que tuvo lugar el 9
de Julio de aquel año 2010. En el diario
“El País” se podía leer que “el recorte del Estatuto por el
Tribunal Constitucional desembocó ayer en la manifestación más grande de
la historia de la democracia en Cataluña. Decenas de miles de personas
marcharon por el centro de Barcelona (425.000 según el cómputo de EL PAÍS a las
19.30); en un acto que vino a confirmar que cuatro años de rifirrafes en el
Tribunal Constitucional sobre el Estatuto han actuado como una verdadera
fábrica de soberanistas”.
Algo
similar puede suceder ahora en Catalunya en la próxima constitución del
Parlament, y del Govern. Unos ciudadanos que se presentaban, legalmente, a
ocupar escaños en el Parlament de Catalunya, han sido elegidos. Aunque,
algunos, no han podido defender convenientemente su candidatura: unos porque
decidieron acogerse a la justicia belga, otros porque se encontraban
encarcelados. Pero, pese a ser diputados
electos, según el auto emitido por el juez Pablo Llarena el 12 de enero,
algunos no podrían acceder al Parlament y algunos otros, Puigdemont entre
ellos, si lo consiguen, inmediatamente serían detenidos. ¿Es que va a
jugar al gato y al ratón, como, cuando el gobierno español hizo lo posible para
que no pudiera votar el 1º de octubre y tuvo que cambiar de vehículo en el
interior de un túnel, como en una película de buenos y malos, y, ahora, tratar
de entrar en el Parlament, sin ser detectado, a lo Santiago Carrillo con una
peluca o como Mas en un helicóptero?
No
se ha profundizado suficientemente, aunque se haya repetido incesantemente, que
las elecciones del 21 de diciembre de 2017 al Parlament de Catalunya, han sido
excepcionales. Que un candidato a la presidencia de la Generalitat, ex
president cesado por el presidente del gobierno de España, haga campaña
electoral desde Bruselas, sea objeto de una eurorden de detención por la
justicia española y que la misma justicia (aunque otro juez) la retire,
temiendo no poder imputarle lo que le imputa, provisionalmente, la justicia
española, pasará a los Anales de la Ciencia Política. Que otro candidato a la
presidencia lo haga desde la cárcel, provisionalmente detenido, por riesgo de
violencia, riesgo reiterado, en opinión de un el juez el 12 de enero, para impedirle asistir al Pleno de
constitución del Parlament, - cuando rara vez se han visto manifestaciones tan
numerosas y tan pacíficas, bien distintas a las que tuvimos que padecer en
Euskadi- y cuando consigue pasar un
mensaje, sea castigado por la Administración penitenciara, pasará a los anales
de la ciencia jurídico procesal. No soy jurista, pero resulta difícil de
entender que Puigdemont, Junqueras y Sánchez tengan, según la ley, derecho a
presentarse a las elecciones, pero uno debe hacerlo por videoconferencia
(porque si entra en España iría a la cárcel) donde están los otros dos, quienes
se las ven y se las desean para hacer llegar sus mensajes, limitados por la
ley. A mí me cuesta muchísimo entenderlo. Más aún, lo digo francamente, y es lo
que origina este texto: me preocupa enormemente, pues veo una justicia en la
que no veo que prime la Justicia. Voy a detenerme, más abajo, en un punto
concreto, pero antes, un inciso sobre la prensa catalana.
Dos opiniones de la
prensa de Barcelona
La edición digital de “El Periódico de
Catalunya” del día 4 de enero de 2018, fecha en la que Oriol Junqueras
compareció en el Tribunal Supremo, “El Periódico de Catalunya”, en su primera
noticia, bajo el titular de “Esperando a Junqueras” comenzaba con esta frase: “El futuro de la legislatura catalana pasa
este jueves por el Tribunal Supremo. A partir de las diez y media de la mañana, Oriol Junqueras intentará
que tres magistrados estimen contra pronóstico su recurso y le permitan
abandonar la cárcel de Estremera, donde cumple prisión preventiva desde el 2 de noviembre. Pase lo
que pase, la decisión tendrá un peso determinante en las negociaciones que los partidos independentistas
mantienen sobre la composición del Parlament y sobre la investidura de un nuevo
'president' “.
Tras su lectura envié unas líneas a un amigo periodista
catalán que escribe habitualmente en “El Periódico” sugiriéndole que sería más
correcta la noticia con un cambio en su titular: en vez de “Esperando a
Junqueras”, habría de poner “Esperando a los jueces del Tribunal Supremo”.
Dos días después, el 6 de enero, ya conocido el auto de los
tres jueces del Supremo, constituidos en Sala, otro gran periódico catalán, “La
Vanguardia” en su editorial escribía, en su segundo párrafo, que transcribo en
su integridad lo siguiente: “La permanencia del republicano en la cárcel, pasados ya dos meses
de su ingreso, no es una buena noticia. Es evidente que el proceso
independentista, implementado en las infaustas sesiones parlamentarias del 6 y
7 de septiembre, cuando desde las más altas instancias de la Generalitat se
quebró la ley, se acometió de modo erróneo. Es también evidente que el Estado
central había advertido sobre los efectos que esta deriva tendría. Es obvio
además que ni el Estado ni la judicatura van a relativizar la gravedad de
aquellos hechos ni a tolerar que se repitan. Pero, dicho esto, merecen también
atención quienes creen que se está haciendo un uso desproporcionado de la
prisión preventiva. No suscribimos el tuit de ayer del cesado presidente
Puigdemont, según el cual Junqueras y otros encarcelados son “rehenes”. Pero sí
nos parece opinable la posibilidad de que Junqueras vaya a reincidir pronto.
Porque no se dan las condiciones para reeditar el proceso. Porque Junqueras no
ocupa ya los cargos públicos que tuvo. Y porque, dada la inminencia del juicio
y las dificultades de JxCat y ERC para pactar su posible alianza, es impensable
que Junqueras vaya a enredar más su caso”.
Que
estos dos periódicos, en nada independentistas, pero sí buscando la ecuanimidad
y una información ponderada a sus lectores, hagan los balances que hacen del
ejercicio de la via judicial debiera hacer pensar a los jueces, a los políticos
y a la prensa de Madrid. Pero me temo que sea pena perdida, aunque la historia
será muy dura con ellos.
Unas frases del auto del Supremo del 5 de enero de
2018
¿De
qué les acusan a los independentistas catalanes? De cosas muy serias: rebelión,
sedición, malversación de fondos, actos de violencia y hasta de propiciarla,
con sus planteamientos en las situaciones de violencia, “tumultuarias”
escriben, y de no recuerdo que más incumplimientos de la Ley. Me centro y
limito en adelante, por razones de espacio, y porque es una cuestión a la que
soy muy sensible, a las acusaciones a los independentistas de violencia y de
propiciarla. Transcribo, con extensión, para bien contextualizarlas, unas
frases del Auto del Supremo:
“El día 1 de
octubre, previsto para la celebración del referéndum, el recurrente (Oriol
Junqueras) y los demás partícipes, con su actuación previa, concretamente el
recurrente en declaraciones públicas efectuadas el día 21 de setiembre,
impulsaron a intentar abrir o mantener abiertos los locales donde estaba
previsto que se hallaran los colegios electorales, y a depositar su voto, a un
número altísimo de personas, a pesar de que ya conocían los graves incidentes
producidos, entre otros en los días 20 (oponerse a registros en la Consejería
de Economía) y 21 de setiembre, y de que sabían que los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad, en cumplimiento de las leyes vigentes, tenían la obligación de
impedirlo. En esa fecha, el recurrente sabía que si sus consignas relativas a
la participación en el referéndum declarado inconstitucional y fuera de la ley
por el Tribunal Constitucional, eran seguidas por sus partidarios, se
produciría inevitablemente un enfrentamiento físico entre éstos y el Estado de
Derecho, representado por los agentes policiales que defendían el cumplimiento
de la ley, esencial en un Estado de esa clase. Constituye una conducta de
extraordinaria gravedad incitar a varios millones de ciudadanos a que acudan a
votar ilegalmente a sabiendas de que se van a encontrar necesariamente con la
oposición física de los agentes policiales que, en representación del Estado de
Derecho, van a actuar con el único fin de asegurar el cumplimiento de sus
normas más elementales y de las sentencias del Tribunal Constitucional que han
ordenado su cumplimiento. No solo porque la referida conducta supone prescindir
de las reglas democráticas para intentar imponer por la fuerza (¿qué fuerza?,
me permito interrumpir. La única fuerza que se ha sustanciado es la del 20 de
septiembre, y en este punto aplaudo la resolución judicial) las propias ideas,
sino también por el desasosiego y la intranquilidad que causa en la ciudadanía,
dentro y fuera de Cataluña, que confía en el imperio de la ley, y por el
elevado riesgo real de que se produjeran resultados lesivos mucho más graves de
los que efectivamente se produjeron, lo que afortunadamente no ocurrió.”
Mis reflexiones tras la lectura del
auto
Tras la lectura de este texto me quedo estupefacto. Resulta que los responsables de la increíble
actuación de la policía el 1º de Octubre, contra unos pacíficos ciudadanos que
iban a manifestar sus opciones políticas, sin hacer daño a nadie, son exclusivamente
los responsables políticos que les incitaron a votar. ¿Por qué la policía actuó
como actuó, sabiendo que la votación era inválida, legalmente hablando? ¿Qué
ley es esa, en la que, para hacer cumplir la ley, hay que agredir a ciudadanos
indefensos y que, encima, los máximos guardianes de la ley, en su Auto, no tengan
ninguna consideración hacia las víctimas?. (Releyendo mi texto días después, añado que ni los jueces, ni el Presidente de Gobierno ni el Rey, tuvieron en cuenta, lo mas mínimo, el daño injusto causado a unas victimas indefensas. La historia juzgará.)
En el argumentario del Auto se subraya el incumplimiento de
la ley por parte de los independentistas catalanes. No seré yo el que defienda
el incumplimiento de las leyes legales y legitimas. Con dos considerandos. La
primera, que hay que cumplir todas las leyes. Lo que no es el caso. En Euskadi
nos basta con recordar el incumplimiento de las trasferencias del Estatuto de
Gernika, en más de un caso por la nula voluntad del gobierno de Madrid. Pero,
además, el argumentario sobre la violencia en el Auto de la Sala del Supremo se
nos antoja un cuento de hadas cuando aquí, en Euskadi, hemos tenido que soportar que nos
griten a la cara “ETA mátalos” durante tantos años, antes de que la justicia
moviera ficha.
La segunda, que la ley se aplique con
proporcionalidad y contextualización, según el artículo 3º del vigente Código
Civil, en el que se dice que “las
normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación
con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos y la realidad
social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al
espíritu y finalidad de aquellas”. Sin embargo, hemos leído que fuentes
de la Sala consideraban "altamente improbable" la excarcelación
de Junqueras (…) con las consecuencias políticas que eso conlleva y que los
magistrados conocen, pero que "son ajenas a la estricta función
jurisdiccional". (El Periódico de Catalunya 01/01/18). Discrepo
radicalmente de este razonamiento. En las decisiones judiciales, si se quiere que sean actos de Justicia, más
allá de exquisitas disquisiciones en torno a la letra de la ley, no se puede,
ni debe, no tener en cuenta, la terrible tensión en la que vive Catalunya, ni
lo que la soberanía popular ha decidido en unas elecciones democráticas. No se
trata, como se apunta en el Auto, correctamente, que el hecho de haber sido
elegido suponga impunidad alguna, pero si proporcionalidad, mesura,
contextualización de las decisiones etc., etc. Y yo no he visto nada de esto en
el Auto de la Sala.
El ámbito judicial se mueve en parámetros muy concretos y
limitados, a la postre, sesgados: valorar y juzgar si determinados actos,
dichos o escritos se mueven en el marco de la letra de la ley. Y aquí
dependemos de la lectura que el juez de turno, en su leal saber y entender,
valore los actos, dichos o escritos que se les someta a su consideración. Será
lo que juzgue, sin tomar en consideración, ni el contexto en el que han tenido
lugar los hechos o dichos objeto de su valoración, ni tampoco las consecuencias
de su decisión con tal de que su resolución la estime ajustada a derecho, esto
es, a la letra de la ley. No discuto la honradez y profesionalidad de los
jueces, sino el hecho de que viven en una torre de marfil, con lo que es
imposible hacer justicia. Me recuerdan, a menudo, a los rabinos en el Talmud,
que leen y releen los textos bíblicos y las interpretaciones que han dado sus
predecesores creando monumentales disquisiciones que hacen las delicias de los
expertos. Sospecho que algo así sucede con lo que se denomina la
jurisprudencia: analizar, por estudiosos de la ley, los razonamientos que
anteriores magistrados han dado a determinadas cuestiones, creando así
precedentes, creando así jurisprudencia.
A fin de cuentas, lo que se pretende es que Catalunya no se
independice. Pues eso, y no otra cosa, es el auténtico problema: el temor a que
se desgaje de España. La cuestión es política. No legal. No creo que Catalunya
sea nunca un Estado soberano, pero, como no lo es, ya, España, aunque es algo
más soberana que Catalunya. Pero España es cada vez menos España, cada vez
menos ciudadanos con DNI español se dicen y sienten españoles y cada vez más
rechazan decirse y sentirse españoles. ¡Vaya victoria la del nacionalismo
español!
Donostia 14 de enero de 2018
Javier Elzo
(Una redacción muy resumida de este texto, se publicó en DEIA y en “Noticias
de Gipuzkoa” el 13 de enero de 2018)
