sábado, 14 de julio de 2018

Tras un artículo injurioso de Rubén Amón contra José María Setién



Tras un artículo injurioso de Rubén Amón contra José María Setién

El pasado día 12 del presente mes de julio de 2018, Rubén Amón publicó un artículo, particularmente injurioso, en “El País”, titulado “Monseñor Setién y la serpiente de la paz”. Lo reproduzco en su integridad aquí abajo. Su lectura me impulsó, el mismo día, a escribir un comentario en la edición digital de “El País”. No di con la pestaña correspondiente y decidí enviarlo a “Cartas a la directora”. Pasados dos días no he visto que la hayan publicado. De ahí que suba a este blog, primero el artículo de Rubén Amón y, a continuación, mi breve comentario al mismo.

1.    El artículo de Rubén Amón en “El País” (12/0718)
No parece probable que monseñor Setién resucite al tercer día. Las fechorías de su existencia le han hipotecado el reino de los cielos. Y lo sustraen a la convención de una elegía edulcorada.  Por eso no tiene derecho el pater soberanista a la diplomacia del estilo sepulcral, género literario que exalta los méritos del difunto a costa de esconder los errores. Y que acostumbra a resumirse en un epitafio presuntuoso y grandilocuente. El dolor que ocasiona la esquela y la tradición coral de las plañideras encubren incluso al finado más feroz y despiadado.
Acaso Setién permanezca a la categoría, más aún despojado de la cruz y del hábito episcopal que disfrazaban su ambigüedad con el terrorismo. No porque hubiera urdido un atentado o porque los hubiera legitimado con el agua bendita de las cañerías, sino porque contribuyó a los mensajes de indulgencia y de empatía, como si fuera posible asumir una posición de equidistancia entre el verdugo y la víctima en el nombre de la otra mejilla.
Setién no tuvo compasión con los muertos de ETA y sí tuvo condescendencia con los pistoleros, hasta el extremo de elevarlos al rango de revolucionarios. Era la perspectiva desde la que podían justificarse las matanzas. No sólo porque representaban la factura inevitable de la guerra de ocupación, sino porque el niño, el guardia civil, el periodista o el soldado eran los mártires necesarios del camino hacia la normalidad, entendiéndose como normalidad la amnesia y la obscenidad con que han sido asimilados en las instituciones los próceres intelectuales del terrorismo.
Tiene escrito Edmund Burke que la victoria del mal solo requiere que los buenos no hagan nada. Y no se le podrá reprochar a Setién el defecto de la pasividad. Al contrario, especuló en el bando del mal y convirtió los confesionarios en zulos. E hizo de las homilías un ejercicio de apología de la resistencia y de la independencia que hubiera asumido como propias cualquier clérigo yihadista.
No fue un hombre de Dios Setién. Ni un hombre de Iglesia. El mensaje de la tolerancia del cristianismo y su vocación universal se resintieron de un sesgo oscurantista y despiadado. Setién simpatizaba con el soberanismo acariciando con su anillo a los chacales. Y abasteciéndolos de promesas ultraterrenas, ninguna tan atractiva como la independencia de Euskadi.
No ha vivido para bendecir el nacimiento de la nueva patria con el incienso de la pólvora antigua, pero casi llega a tiempo de votar en el referéndum que han amañado el PNV y Bildu en la estrategia de la desconexión y en la provocación mimética del soberanismo catalán. El clero vasco y catalán extremista simpatizan en la pira de la Constitución. Y veneran la serpiente de la paz que monseñor Setién custodiaba en su regazo, recreándose en el desamparo de las víctimas de ETA y evocando aquél siniestro pasaje del Don Carlos de Schiller en el que el marqués de Poza recrimina a Felipe II haber predispuesto la paz... de los sepulcros. Dice Rubalcaba que en España se entierra muy bien. Y tiene razón, pero monseñor Setién se merece una fosa común sin epitafio.

2.    MI comentario enviado el mismo día 12 a “El País” y no publicado, al menos a día de hoy.

Apoyándome en su citación de
Edmund Burke de que “la victoria del mal solo requiere que los buenos no hagan nada”, siendo lector asiduo de “El País”, a veces con dificultad, no puedo dejar pasar que el resentimiento, insulto y odio que anidan en el texto de Rubén Amón, queden sin un breve comentario mío. Setién cometió errores en su dilatada vida como obispo, pero nunca insultó y, menos aún, odió. El odio es mal consejero. También para un periodista. De Setién me queda, entre otras muchas cosas, su denodado esfuerzo por traer la pacificación al País Vasco, y que nunca hay que responder al insulto. Por eso, aquí, hoy, ahí me quedo.

domingo, 1 de julio de 2018

Breverias 3. Roberto Calasso y la interrogación de Stuart Mill


Roberto Calasso y la interrogación de Stuart Mill
Breverías 3 

La lectura, relectura y anotaciones del primer capítulo (pp. 9 - 84) del excepcional libro de Roberto Calasso. “La actualidad innombrable”. Anagrama, Barcelona, 2018, 173 p., me están ocupando no pocas horas de estos meses. Aunque volveré más adelante a este libro en mi blog, quiero traer hoy aquí, sin comentario alguno, unos párrafos que consagra a una reflexión de Stuart Mill. Están en las paginas 51-52 de su libro.

Escribe así Roberto Calasso:

“Stuart Mill contó: ´Desde el invierno de 1821, cuando leí a Bentham por primera vez, y especialmente desde los comienzos de la Westminster Review, yo había tenido lo que con verdad podría llamarse una meta en la vida: ser el reformador del mundo. Mi concepción de mi propia felicidad estaba completamente identificada con ese objetivo (….) Solía felicitarme por la certeza de haber encontrado un modo feliz de vivir por haber situado mi ideal de felicidad en algo duradero y distante, en el que siempre cabía realizar algún progreso, sin llegar nunca a agotarlo por haberlo conseguido por completo´. Esta situación se mantuvo durante cinco años ´a lo largo de los cuales la mejoría general que tenía lugar en el mundo y la idea de que otros y yo estamos entregados a la lucha por promover esa mejoría, me parecía suficiente para llenar de interés y animación mi existencia´.

Hasta que un día, continúa Stuart Mill, ´desperté de todo eso como de un sueño´. ¿Qué había pasado? Había llegado el momento de realizar una pregunta: ´suponte que todas las metas de tu vida se hubieran realizado: que todas las transformaciones que tú persigues en las instituciones y en las opiniones pudieran efectuarse en este mismo instante: ¿sería eso el motivo de gran alegría y felicidad para ti?´.  Apesadumbrado, Stuart Mill cobró conciencia de que su decidida respuesta a esa pregunta era: ¡No!. Entonces experimentó una sensación desconocida y aguda: ´Los fundamentos sobre los que había construido mi vida se desmoronaron´. De pronto todo era ´insípido e indiferente´. Siguieron meses de una profunda depresión que abarcó el invierno de 1826 - 1827. Visto desde fuera nada había cambiado. Stuart Mill seguía llevando una vida plena de actividad: ´Durante ese periodo no dejé de dedicarme a mis ocupaciones usuales (….) Estaba tan habituado a cierto tipo de ejercicio mental que podía seguir en esa línea incluso cuando el espíritu se había desvanecido. Compuse y pronuncié unos discursos para la Sociedad de Debates. Cómo pude hacerlo y con qué resultado son cosas que ignoro´.”

“Stuart Mill es considerado todavía hoy una de las luminarias del progresismo. El hecho es que a los progresistas de todas las especies - laicas y religiosas - les faltó siempre la capacidad y la lúcida audacia para hacerse la pregunta que se formuló Stuart Mill en su integra honradez, y que lo precipitó a un estado que solo Coleridge supo describir: ´un dolor sin espasmos, vacío, oscuro y desolado´”.

sábado, 30 de junio de 2018

A vueltas con la soberanía y la capacidad de decidir


A vueltas con la soberanía y la capacidad de decidir

La semana pasada, al menos dos ministras del nuevo gobierno de Madrid declararon que la soberanía reside en el Parlamento español y que “el derecho a decidir” no forma parte de su agenda, mientras que, bien al contrario, 175.000 personas unieron las tres capitales de la CAV, convocados por la plataforma “Gure esku dago” afirmando, aun con acentos distintos, que se abre un nuevo ciclo sobre el derecho de los vascos a decidir su futuro. Mis demonios particulares me llevan, una vez más, a darle vueltas al tema de las soberanías que, a la postre, no es otra cosa que dilucidar donde está el sujeto político con capacidad real de decidir, y de decidir qué. Una reciente lectura me ha impulsado, también, a escribir estas líneas.

En el número 273 de la Revista “Iglesia Viva”, de enero-marzo de 2018, hay una larga conversación de 24 páginas entre la directora de la revista, Teresa Forcades, y un ex juez, durante 12 años, del Tribunal Constitucional Federal de Alemania, Dieter Grimm. Reflexiona sobre las relaciones entre la justicia de cada estado miembro y el Tribunal de Justicia Europeo, convertido en instancia superior en la actual Unión Europea en construcción. De ahí que, en la conversación, se aborde la cuestión de la soberanía, más allá del solo ámbito jurídico. Parafraseo algunas de las ideas centrales del juez Grimm.

Soberanía y derechos de soberanía. El juez alemán hace una distinción entre la “soberanía” y los “derechos de soberanía” particulares. Los Estados han transferido una serie de derechos de soberanía a la UE, pero no la soberanía que reside en cada uno de los estados miembros. Ante una cuestión de carácter social, afirma que una Europa social presupondría una mayor transferencia de derechos soberanos a la UE, pero no necesariamente suspendería su soberanía. Aunque lo que obstaculiza una unión social no es tanto la soberanía nacional cuanto la dificultad práctica. Los sistemas de seguridad social de los Estados miembros son tan diferentes que la unificación es casi imposible. Y, añade el juez, que transformar los ejércitos nacionales en un ejército europeo supondría un impacto mucho mayor en la soberanía nacional que la instauración de una unión social. En este momento, no ve ninguna disposición en los Estados miembros a renunciar a su soberanía. Es ahí, precisamente ahí, donde se da de bruces, el presidente Macron cuando, en varias ocasiones el presente año (en febrero en la Soborna, en mayo al recibir en Aquisgrán el Premio Carlomagno) propugna la soberanía europea.

Cuando la cantidad deviene calidad. Volvamos al juez alemán. Afirma que, en el futuro de la UE, se producirán otras transferencias de soberanía, pues el número de problemas que ya no se pueden solucionar de manera efectiva en el marco de los Estados no disminuye, sino que crece. Y añade una precisión que juzgo capital: “uno no debe olvidar que hay un límite detrás del cual la cantidad da un vuelco en calidad. Los Estados miembros siguen teniendo la mayoría de los derechos de soberanía. Pero puede suceder que cedan tantos derechos soberanos que la parte restante ya no merece el nombre de soberanía". Y pone como ejemplo que, en la actualidad, se discute si la unión monetaria podrá tener éxito, si no se produce también una unión de la política financiera y económica. “Eso sería un nuevo desplazamiento de competencias de gran alcance. Lo mismo vale decir de la ampliación de la UE a una comunidad de defensa. Está en discusión una unificación del derecho de asilo”, subraya. Si esos desplazamientos de competencias se llevan a cabo, la pregunta se impone: ¿no sería más exacto decir, siguiendo la terminología del juez Grimm que, entonces, la “soberanía” residiría en el Parlamento europeo, y que los parlamentos de los Estados miembros se limitarían a los, cada día, más menguantes “derechos de soberanía”? Pensando en Euskadi respecto de España, y sí tuviéramos, ¡al fin!, las plenas competencias asignadas al Estatuto de Gernika, ¿qué sujeto político, Euskadi o España, sería “soberano” y cual ejecutor de “derechos de soberanía”, siguiendo la distinción del juez alemán?

Subsidiariedad no aplicada. Al abordar las cuestiones de las naciones sin Estado en una Europa de los Estados, nuestro juez echa mano del principio de subsidiariedad, que está en los Tratados de la UE desde 1992, recuerda, pero se ha quedado en letra muerta pues no ha sido nunca aplicado. Lamentablemente, puntualiza, pues las cuestiones que puedan ser resueltas a un nivel más cercano a los ciudadanos, deben mantenerse ahí y que el nivel superior solamente se ocupe de lo que el nivel inferior no pueda asumir. Y añade, “deberíamos hacer a nivel europeo lo que hacen todos los Estados federales: distinguir de forma selectiva lo que puede ser legislado a cada nivel, es decir, crear un sistema escalonado de competencias legislativas” aunque en Alemania es más fácil pues “Alemania es mucho más homogénea que España”.

Sentimiento de pertenencia. Pero, trasladar el debate sobre las soberanías, (o sobre los derechos de soberanía, lo que viene a ser soberanía compartida) a un debate sobre las competencias legislativas, ¿supone, en la práctica un avance? Tiendo a contestar afirmativamente. Considero que el concepto de soberanía que, en principio, o es absoluta o no es soberanía, está ya, de facto, superado e, incluso, sostengo que es polemógeno. Claro que más de uno me argüirá, con razón, si la cuestión de la nación, de la nacionalidad, se limita, entonces, a una mera descentralización administrativa (poco importa que sea en el marco español, francés o europeo), a la postre a una distribución de competencias a nivel local, autonómico (de TTHH, además, en Euskadi), estatal, europeo y planetario. Mi respuesta es negativa, por supuesto. Pues falta un ingrediente capital, central, para muchos incuestionable: su sentimiento de pertenencia que es tanto más importante a medida que la sociedad, el mundo de nuestros días, es más global, más plural. Pero el sentimiento de pertenencia no tiene por qué circunscribirse al ámbito territorial competencial en el que, administrativamente, esté inscrito cada ciudadano. Los tres millones de vascos europeos estamos repartidos en la CAV, en Navarra, o en Iparralde. La CAV y Navarra están en España e Iparralde en Francia. Y los vascos de la CAV, Navarra e Iparralde, no tenemos sentimientos de pertenencia homogéneos sino, a menudo, fuertemente encontrados, mientras que muchos “pasan” de estos temas.

Es desde estos mimbres que los tenemos a Euskal Herria en la cabeza y en el corazón debemos mirar al futuro para que haya una mayoría de vascos, de habitantes en toda Vasconia (o ¿Baskonia?), autóctonos y los que vengan de fuera (ahora los 63 refugiados del Aquarius), que afirmen, con tranquilo y acogedor orgullo, “ni euskalduna naiz”. Lo que exige trabajar por una Euskadi competente, convivial, con algo que aportar al planeta. Esto me parece prioritario. La fórmula geopolítica que tendrá Euskal Herria, digamos en 2050, dependerá, en gran medida, de ello.

(Publicado el 29 de junio de 2018 en DEIA y en Noticias de Gipuzkoa)

viernes, 29 de junio de 2018

Crueldad, crueldad: Contra la prisión permanente revisable



Quienes no quieran ser cómplices de crueldad deben, al menos, leer este artículo.
Rara vez en mi vida me he sentido tan identificado con un texto como este que aquí transcribo.
Desde mis años de estudiante he pensado y sostenido por escrito que las cárceles actuales, también las de occidente, son equiparables a las galeras del mundo antiguo. ¿Por que tanta crueldad inútil?. ¡Vergüenza de nuestra justicia pero, sobre todo, vergüenza de nuestra sociedad, que la alimenta! Crueldad, crueldad, crueldad, crueldad, crueldad.......


Contra la prisión permanente revisable
·         
o   ENRIQUE GIMBERNAT
·         
o   l
·        El MUNDO 29 JUN. 2018 02:08

Para acudir únicamente a los países de nuestro entorno: ni Noruega, ni Portugal, ni Croacia, ni Serbia contemplan en sus leyes la pena de prisión perpetua.
Ciertamente que en otras naciones europeas la prisión perpetua figura en su catálogo de penas. Pero el plazo que tiene que transcurrir para que se revise esa pena y el recluso pueda alcanzar la libertad condicional es: de siete años en Irlanda; de 10 años en Suecia y Suiza; de 12 en Chipre, Dinamarca y Finlandia; de 15 en Austria, Alemania, Bélgica, Liechtenstein, Luxemburgo y Macedonia; de 18 en Francia; y de 20 en Bulgaria, Grecia, Hungría, República Checa y Rumanía. En España la revisión de la prisión permanente se ha fijado, según la gravedad del delito cometido, en 25 o, en su caso, en 35 años. Hasta 2015 la pena máxima, introducida en nuestro Código Penal (CP) en 2003, era la de 40 años de cumplimiento efectivo, pena que ahora se ha visto superada en su severidad, en una escalada imparable, por la pena de prisión permanente revisable creada en virtud de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo.
El número de personas privadas de libertad por cada 100.000 habitantes es: de 53 en los Países Bajos y en Suecia; de 55 en Finlandia; de 58 en Dinamarca; de 74 en Noruega; de 78 en Alemania; de 80 en Irlanda; de 83 en Suiza; de 89 en Grecia; de 90 en Italia; de 93 en Austria; de 98 en Bélgica; y de 103 en Francia. En España el número se dispara hasta las 130 personas privadas de libertad por cada 100.000 habitantes.
Mientras que en otros países ha disminuido en los últimos años el número de personas privadas de libertad por cada 100.000 habitantes (en Finlandia de 190 a 57, en los Países Bajos de 128 a 53, en Alemania de 104 a 78, en Suecia de 81 a 53, en Austria de 108 a 93), corresponde a España el dudoso honor de haber aumentado su población penitenciaria casi cuadruplicándola: de 38 personas privadas de libertad por cada 100.000 habitantes en 1984 se ha pasado a 130.
La extremada dureza de nuestro CP en relación con los Estados europeos que acabo de mencionar, podría obedecer al alto número de delitos contra la vida que se realizan en España. Pero, afortunadamente, sucede todo lo contrario: España es uno de los países donde menos delitos de esa naturaleza se cometen y, en consecuencia, una de las naciones más seguras del mundo.
Así, y por ponerlo en relación con algunos de los Estados europeos que he mencionado anteriormente, donde, o no existe prisión permanente, o la revisión de ésta se lleva a cabo antes -o mucho antes- de la que establece nuestro CP, el número de delitos contra la vida (asesinatos y homicidios dolosos) que se registran por cada 100.000 habitantes es: de 1,7 en Grecia; de 1,6 en Finlandia y Bélgica; de 1,4 en Macedonia; de 1,3 en Hungría; de 1,2 en Croacia y Portugal; de 1,0 en la República Checa y en Francia; de 0,9 en Austria y en los Países Bajos. España, con 0,8 de delitos dolosos contra la vida cometidos por cada 100.000 habitantes ocupa prácticamente -junto con Dinamarca, Luxemburgo y Alemania- el último lugar del mundo por lo que se refiere a las posibilidades de que una persona pierda la vida a consecuencia de un ataque intencional contra su persona.
Cuando se alega en España, a favor de la prisión permanente revisable o de la brutal pena de 40 años de prisión efectiva, que ello es necesario para satisfacer los fines de prevención general (con la amenaza de penas prácticamente ilimitadas se cometerían menos delitos), se están formulando afirmaciones que, simplemente, no son ciertas.
Mediante la prevención general se confía en que, por el miedo al castigo, los ciudadanos se abstengan de cometer delitos; ciertamente que esta función nunca se satisface plenamente, porque en todas las sociedades, a pesar de estas amenazas, se cometen delitos. Pero que ese miedo al castigo consigue disminuir, en gran medida, la comisión de hechos delictivos es algo empíricamente comprobable, en cuanto que, siempre que, de alguna manera, se produce un vacío del poder punitivo estatal, por ejemplo, con ocasión de grandes catástrofes como terremotos o graves inundaciones, o a consecuencia de huelgas generales de la policía, aumenta espectacularmente -mediante actos de pillaje contra la propiedad y de ataques contra las personas- la comisión de actos delictivos por parte de muchas personas que, hasta entonces, nunca habían actuado al margen de la ley penal, lo que encuentra su explicación en que la función de prevención general ha quedado transitoriamente suspendida, porque también ha quedado suspendida, total o parcialmente, la actividad policial encargada de la persecución de delitos, y, con ello, también el miedo a tener que responder por los comportamientos delictivos que se cometen en esas situaciones de emergencia.
Pero los efectos de prevención general del Derecho penal no dependen de la mayor o menor gravedad de las penas, sino de que éstas vayan a aplicarse efectivamente. Y así, y por lo que se refiere a la mayor pena imaginable: la de muerte, las estadísticas demuestran que esta sanción para nada influye en la prevención general. Unos pocos ejemplos entre los numerosísimos: los delitos de violación disminuyeron en Canadá a raíz de la supresión de la pena de muerte prevista para tales hechos; en Inglaterra no aumentó la comisión de aquellos delitos que, en 1957, dejaron de ser castigados con la pena capital; y lo mismo se observó en Yugoslavia a partir de 1950. Los resultados estadísticos de Alemania, Austria, EEUU (en los Estados federados donde se ha abolido la pena de muerte), Finlandia, Noruega y Suecia señalan, asimismo, el nulo influjo preventivo-general de esa máxima pena. Y en relación específica con la prisión perpetua, en Noruega, cuando se suprimió la prisión perpetua, los delitos que hasta entonces estaban castigados con esa pena, no solamente no aumentaron, sino que disminuyeron. Y es que, como sabemos ya desde el gran Cesare Beccaria, el fundador del Derecho penal moderno, con su libro De los delitos y las penas (1764), "el mayor freno de los delitos no es la crueldad de las penas, sino su infalibilidad... La certeza de un castigo, aunque éste sea moderado, surte más efecto que el temor de otro más terrible unido a la esperanza de su impunidad o de su incumplimiento".
Como ya he señalado, la existencia del CP hace que, por miedo a la pena, ello suponga una inhibición para que la generalidad de las personas no incurra en conductas delictivas que podrían cometer si esa amenaza no existiera. Pero en toda sociedad existen personas que delinquen, a pesar de esa amenaza de sufrir una pena, lo que obedece a que el infractor confía en que no va a ser descubierto ni, con ello, condenado. Esto rige también, y muy especialmente, en los delitos contra la vida, que, por lo general, se ejecutan bajo situaciones emocionales extremas o como consecuencia de acciones en cortocircuito. Pero incluso cuando el asesinato se lleva a cabo fríamente, tampoco el autor piensa que va a pagar por su delito, como lo pone de manifiesto, para acudir a un ejemplo reciente, el del niño Gabriel Cruz: la asesina confesa, Ana Julia Quezada, mató a su víctima porque ésta suponía un "estorbo" en la relación sentimental que mantenía con el padre del niño, relación sentimental que la autora sólo podía pensar -como pensó- que iba a poder continuar porque confiaba en que no se iba a descubrir su delito y porque, en consecuencia, proseguiría su vida en libertad junto a su novio, por lo que era indiferente para impedir su asesinato que la pena señalada a éste fuera de muchos años de prisión o -tal como sucede con la legislación penal al tiempo de los hechos- la de prisión permanente revisable.
A pesar de todos estos argumentos racionales y razonables, ¿cómo es posible que España, con su despiadada pena de prisión de 40 años de cumplimiento efectivo y con su plazos de revisión de la cadena perpetua de una extensión que no tiene equivalente en los países de la Europa occidental, haya superado, con mucho, la extensión de las penas privativas de libertad que podían aplicarse durante el franquismo, donde éstas, con la pena máxima de reclusión de 30 años y la institución de la redención de penas por el trabajo, nunca excedían -en los casos más extremos- de 20 años de privación real de libertad? Ciertamente que también existía la pena de muerte, pero, con la excepción de las impuestas por los tribunales militares, esa pena, de facto, se había dejado de aplicar a los delitos comunes, ya que la última ejecución por garrote vil se remonta al año 1959 en el que fue ajusticiado José María Jarabo, condenado por un cuádruple asesinato.
Son varios los factores a los que obedece esa transformación de nuestro Código en el más despiadado de la Europa occidental; por citar un último ejemplo, en Alemania la duración media de la prisión perpetua es de 18 años, algo de lo que ahora se separa sideralmente nuestro país con sus, por una parte, 40 años de cumplimiento efectivo de prisión y, por otra, sus plazos de revisión de 25 a 35 años para la perpetua.
El primer factor es la existencia de dos grupos de presión que han conseguido que el legislador incorporara al CP, íntegramente, sus pretensiones punitivas.
Por lo que se refiere a las asociaciones de víctimas del terrorismo, sus demandas fueron acogidas por la Ley Orgánica 7/2003 de reforma del Código Penal, introduciéndose la pena de 40 años de cumplimiento efectivo. El segundo grupo de presión está encabezado por padres de víctimas de 18 o menos años de edad (casos Marta del Castillo, Diana Quer, entre otros) que han conseguido hacerse oír hasta lograr que se introdujera en el CP, en 2015, la pena de prisión permanente revisable para, entre otros, los mismos terribles delitos de los que habían sido objeto sus hijas.
Pero todas esas movilizaciones de esos grupos de presión no habrían sido suficientes para introducir esas extremas reformas penológicas en el CP, si no se hubieran visto espectacularmente reflejadas -y apoyadas- en los medios de comunicación. Para referirme a un solo ejemplo: el caso del niño Gabriel Cruz acaparó todas las noticias, comentarios y tertulias, desde su desaparición, el 27 de febrero del presente año; y, al día siguiente de que se encontrase su cadáver y de que fuera detenida su asesina confesa, en sus ediciones de 12 de marzo, los cuatro periódicos españoles de difusión nacional dieron la noticia a cinco columnas, dos de ellos ocupando todas sus portadas, algo que, como señaló mi amigo Manuel Hidalgo, en otros tiempos sólo habría suscitado semejante atención por parte del semanario El Caso. Para comparar este despliegue con el que habría tenido lugar en un país que conozco muy bien, Alemania, porque he vivido en él varios años, la noticia de un asesinato de esas características sólo habría tenido un alarde tipográfico parecido en el amarillista Bild Zeitung, habiendo quedado relegado en los periódicos no sensacionalistas -Frankfurter Allgemeine, Süddeutsche Zeitung, Die Welt- a páginas interiores o, como mucho, a una columna en sus portadas.
Pero, con todos mis respetos para esos grupos de presión, de los que yo, tal vez, formaría parte si el destino me hubiera golpeado con una tragedia semejante a la que ellos han padecido, hay que decir que no son los más indicados para dictar las reformas penológicas que deben introducirse en el CP. Porque, como ha señalado, con razón, el antiguo presidente de una de las Salas de lo Penal del Tribunal Supremo alemán, Thomas Fischer, esas personas no son neutrales y si fueran jueces de los asesinos de sus hijas tendrían que abstenerse de formar parte del tribunal por tener un interés directo en la causa.
Cuando por parte de miembros de esas asociaciones se escapa el eslogan: "que se pudran en la cárcel", esa formulación es tan comprensible como incompatible con nuestra Constitución (CE), ya que, por muy horrible que sea el delito que ha cometido, el autor tiene intactos sus derechos a la integridad física y moral y a no ser sometido a penas o tratos inhumanos y degradantes (art. 15 CE), a la dignidad de la persona y al libre desarrollo de su personalidad (art. 10.1 CE), así como, específicamente para los condenados, a que las penas privativas de libertad estén orientadas hacia la reeducación y reinserción social (art. 25.2 CE).
Además de la sentencia del Tribunal Constitucional alemán (TCA) de 21 de junio de 1977, que obligó al legislador germano a fijar, en los casos de prisión perpetua, un plazo transcurrido el cual el recluso podía alcanzar la libertad condicional, plazo que, finalmente, se fijó en 15 años, dicha sentencia, así como alguna otra, como la de 8 de noviembre de 2006, han fundamentado, con argumentos constitucionales, la razón del establecimiento de ese plazo, así como el modo en que paliar, en lo posible, los efectos negativos de, en general, las penas largas de privación de libertad. El TCA opera en su motivación, primordialmente, con el derecho inviolable de toda persona -también de los condenados- a su dignidad, así como con las obligaciones que derivan de una nación constituida en un Estado social de Derecho. De acuerdo con ello la revisión preceptiva de la prisión perpetua, así como las condiciones de la ejecución de la pena, las deriva el TCA de la obligación del Estado de "contrarrestar" los efectos dañinos de las penas de larga duración, que pueden llevar a modificaciones deformadoras de la personalidad, tanto en el aspecto somático como en el espiritual y psiquiátrico, lo que estaría en contradicción con la inviolabilidad de la dignidad de la persona.
En el mismo sentido se han pronunciado las Recomendaciones (2003) 23 y (2006) 2 del Consejo de Ministros de la Unión Europea en relación a la prisión perpetua y a otras penas de larga duración en el sentido de que el tratamiento penitenciario de esos reclusos debe estar orientado a contrarrestar los efectos negativos y orientado a reinsertarlos con éxito en la sociedad, debiendo "[ajustarse] la vida en prisión lo máximo posible a los aspectos positivos de la vida en el exterior".
Dentro de esta conexión, el TCA pone como ejemplos de cómo "contrarrestar" tales efectos perjudiciales, que a los penados con reclusión perpetua les puedan ser concedidos permisos de salida así como el régimen abierto.
Además de que, de acuerdo con los estudios empíricos sobre la materia, penas inamovibles de 25, 35 o 40 años producen daños irreversibles en el soma y en la psique de los reclusos, para acabar de arreglarlo la práctica penitenciaria española con los responsables de los delitos más graves es la de mantenerlos durante todo el tiempo de su condena en primer grado de clasificación penitenciaria, es decir: en un régimen que durante todos los años de su interminable condena les mantiene en una celda aislada en la que permanecen encerrados, sin salidas al patio, al menos 21 horas diarias, sometidos a cacheos diarios, sin permiso alguno de salida, sin contacto con otros presos y desayunando, comiendo y cenando entre barrotes. En esta situación de régimen cerrado se encuentran, según informa El País de 21 de marzo de 2018, el 88% de los 243 presos de ETA y, de acuerdo con una noticia del mismo periódico de 18 de marzo de este año, desde hace casi 15 años, Tony Alexander King, el asesino de Sonia Carabantes y de Rocío Wanninkhof, clasificación de régimen cerrado que es el que, lógicamente y en el futuro, también se les aplicará a los condenados a 40 años de prisión efectiva y de prisión permanente revisable. Un encarcelamiento en estas condiciones, que sólo puede tener como consecuencia el aniquilamiento físico y moral del recluso, es impropio de un Estado social de Derecho, atenta contra la dignidad humana, el fin resocializador de las penas y la prohibición de tratos inhumanos, y hace todo lo contrario de lo que prescriben las recomendaciones del Consejo de Ministros europeo.
Asumiendo íntegramente las reclamaciones de las asociaciones de víctimas del terrorismo, el CP exige ahora, para que los etarras condenados a prisión permanente revisable puedan acceder a la libertad condicional, que cumplan con unas condiciones que no puedo por menos que calificar de inasumibles. En primer lugar, que el condenado «haya colaborado activamente con las autoridades... para la identificación, captura y procesamiento de responsables de delitos terroristas», una exigencia que, incluso éticamente, me parece discutible. Un escritor tan preocupado por problemas morales como Graham Greene, autor del guión de la película El tercer hombre, plantea el dilema que se le presenta a Holly Martins (Joseph Cotten) entre prestarse a la captura de su íntimo amigo, y traficante de penicilina adulterada, Harry Lime (Orson Welles) o, renunciado a ello, regresar a América, decidiéndose por la primera alternativa, traición que no le perdona su novia actual, encarnada por Alida Valli, que antes lo había sido de Harry Lime, sin que Graham Greene tome posición sobre cuál de las dos conductas sería la éticamente correcta. De otras exigencias, como las del arrepentimiento del penado o la de pedir sincero perdón a las víctimas, me he ocupado ya, críticamente, en un artículo publicado en EL MUNDO de 24 de abril de 2015, para rechazarlas, porque para un Derecho penal no moralizante lo único decisivo no debe ser que el condenado se convierta en un policía y experimente sentimientos que no está en su mano poder controlar, sino únicamente que tenga un pronóstico favorable de que no va a volver a delinquir, criterio de no-peligrosidad que es, según el TCA, el único que debe decidir si el delincuente debe quedar o no en libertad.
Rechazando -como rechazo- la pena de prisión permanente revisable, y que se ejecuta en España de una manera tan distinta a como se hace en los países de nuestro entorno, no obstante, y naturalmente, yo también comparto la preocupación de que hay que proteger a la sociedad de delincuentes peligrosos condenados ante la eventualidad de que, una vez en libertad, vuelvan a cometer los mismos delitos; pero esa peligrosidad no se debe combatir con penas, sino con medidas de seguridad. Como la pena tiene un carácter aflictivo -por eso se cumple en un establecimiento penitenciario-, y se impone para retribuir el mal hecho en el pasado, no se entiende por qué, entre dos violadores, puede liberarse al no-peligroso, mientras que debe seguir en prisión otro que ha cometido el mismo delito, pero en el que concurre un riesgo de reiteración; porque si el primer delincuente no peligroso ha saldado ya su deuda con la sociedad, al cabo de unos determinados años de privación de libertad, por los mismos motivos, y porque el delito ha sido el mismo, debería considerarse que el segundo delincuente ha saldado también esa cuenta. Ciertamente que este último sigue siendo peligroso y que, potencialmente, puede incurrir en futuros delitos; pero ni es responsable de su peligrosidad -porque no la puede evitar: ¡qué más querría él!- ni debe pagar con la permanencia en prisión por delitos que sólo hipotéticamente pudiera cometer, pero que, de hecho, no ha cometido. Esa peligrosidad no debe combatirse prolongando la pena de prisión, que sólo debe imponerse por los hechos pasados: esa peligrosidad se combate, no con la prisión, sino con medidas de seguridad de carácter no aflictivo como las de internamiento en un centro no penitenciario o, en los casos en que ello sea suficiente, con otras de carácter ambulatorio.
Mi rechazo de la prisión permanente revisable se basa en que es inútil desde un punto de vista de prevención general, en que, desde el de la prevención especial, ciertamente que hay que -una vez cumplida su condena- proteger a la sociedad de delincuentes peligrosos, pero no con la prolongación de la pena de prisión, sino con medidas de seguridad, y, finalmente, en que las penas largas privativas de libertad causan daños irreparables a aquellos a los que se les aplican, vulnerándose, así, derechos fundamentales de los que también son titulares los delincuentes condenados.
Muchas gracias por su atención, especialmente a los que me la han prestado, a pesar de no estar de acuerdo con mis opiniones.
Enrique Gimbernat es catedrático de Derecho penal de la UCM y miembro del Consejo Editorial de EL MUNDO. Su último libro El Derecho penal en el mundo(Aranzadi 2018) contiene, entre otros trabajos, la mayoría de los artículos que ha publicado en este periódico durante los últimos años.
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Elmundo.es ENRIQUE GIMBERNAT (copiado el 29/06/2018)

Para acudir únicamente a los países de nuestro entorno: ni Noruega, ni Portugal, ni Croacia, ni Serbia contemplan en sus leyes la pena de prisión perpetua.
Ciertamente que en otras naciones europeas la prisión perpetua figura en su catálogo de penas. Pero el plazo que tiene que transcurrir para que se revise esa pena y el recluso pueda alcanzar la libertad condicional es: de siete años en Irlanda; de 10 años en Suecia y Suiza; de 12 en Chipre, Dinamarca y Finlandia; de 15 en Austria, Alemania, Bélgica, Liechtenstein, Luxemburgo y Macedonia; de 18 en Francia; y de 20 en Bulgaria, Grecia, Hungría, República Checa y Rumanía. En España la revisión de la prisión permanente se ha fijado, según la gravedad del delito cometido, en 25 o, en su caso, en 35 años. Hasta 2015 la pena máxima, introducida en nuestro Código Penal (CP) en 2003, era la de 40 años de cumplimiento efectivo, pena que ahora se ha visto superada en su severidad, en una escalada imparable, por la pena de prisión permanente revisable creada en virtud de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo.
El número de personas privadas de libertad por cada 100.000 habitantes es: de 53 en los Países Bajos y en Suecia; de 55 en Finlandia; de 58 en Dinamarca; de 74 en Noruega; de 78 en Alemania; de 80 en Irlanda; de 83 en Suiza; de 89 en Grecia; de 90 en Italia; de 93 en Austria; de 98 en Bélgica; y de 103 en Francia. En España el número se dispara hasta las 130 personas privadas de libertad por cada 100.000 habitantes.
Mientras que en otros países ha disminuido en los últimos años el número de personas privadas de libertad por cada 100.000 habitantes (en Finlandia de 190 a 57, en los Países Bajos de 128 a 53, en Alemania de 104 a 78, en Suecia de 81 a 53, en Austria de 108 a 93), corresponde a España el dudoso honor de haber aumentado su población penitenciaria casi cuadruplicándola: de 38 personas privadas de libertad por cada 100.000 habitantes en 1984 se ha pasado a 130.
La extremada dureza de nuestro CP en relación con los Estados europeos que acabo de mencionar, podría obedecer al alto número de delitos contra la vida que se realizan en España. Pero, afortunadamente, sucede todo lo contrario: España es uno de los países donde menos delitos de esa naturaleza se cometen y, en consecuencia, una de las naciones más seguras del mundo.
Así, y por ponerlo en relación con algunos de los Estados europeos que he mencionado anteriormente, donde, o no existe prisión permanente, o la revisión de ésta se lleva a cabo antes -o mucho antes- de la que establece nuestro CP, el número de delitos contra la vida (asesinatos y homicidios dolosos) que se registran por cada 100.000 habitantes es: de 1,7 en Grecia; de 1,6 en Finlandia y Bélgica; de 1,4 en Macedonia; de 1,3 en Hungría; de 1,2 en Croacia y Portugal; de 1,0 en la República Checa y en Francia; de 0,9 en Austria y en los Países Bajos. España, con 0,8 de delitos dolosos contra la vida cometidos por cada 100.000 habitantes ocupa prácticamente -junto con Dinamarca, Luxemburgo y Alemania- el último lugar del mundo por lo que se refiere a las posibilidades de que una persona pierda la vida a consecuencia de un ataque intencional contra su persona.
Cuando se alega en España, a favor de la prisión permanente revisable o de la brutal pena de 40 años de prisión efectiva, que ello es necesario para satisfacer los fines de prevención general (con la amenaza de penas prácticamente ilimitadas se cometerían menos delitos), se están formulando afirmaciones que, simplemente, no son ciertas.
Mediante la prevención general se confía en que, por el miedo al castigo, los ciudadanos se abstengan de cometer delitos; ciertamente que esta función nunca se satisface plenamente, porque en todas las sociedades, a pesar de estas amenazas, se cometen delitos. Pero que ese miedo al castigo consigue disminuir, en gran medida, la comisión de hechos delictivos es algo empíricamente comprobable, en cuanto que, siempre que, de alguna manera, se produce un vacío del poder punitivo estatal, por ejemplo, con ocasión de grandes catástrofes como terremotos o graves inundaciones, o a consecuencia de huelgas generales de la policía, aumenta espectacularmente -mediante actos de pillaje contra la propiedad y de ataques contra las personas- la comisión de actos delictivos por parte de muchas personas que, hasta entonces, nunca habían actuado al margen de la ley penal, lo que encuentra su explicación en que la función de prevención general ha quedado transitoriamente suspendida, porque también ha quedado suspendida, total o parcialmente, la actividad policial encargada de la persecución de delitos, y, con ello, también el miedo a tener que responder por los comportamientos delictivos que se cometen en esas situaciones de emergencia.
Pero los efectos de prevención general del Derecho penal no dependen de la mayor o menor gravedad de las penas, sino de que éstas vayan a aplicarse efectivamente. Y así, y por lo que se refiere a la mayor pena imaginable: la de muerte, las estadísticas demuestran que esta sanción para nada influye en la prevención general. Unos pocos ejemplos entre los numerosísimos: los delitos de violación disminuyeron en Canadá a raíz de la supresión de la pena de muerte prevista para tales hechos; en Inglaterra no aumentó la comisión de aquellos delitos que, en 1957, dejaron de ser castigados con la pena capital; y lo mismo se observó en Yugoslavia a partir de 1950. Los resultados estadísticos de Alemania, Austria, EEUU (en los Estados federados donde se ha abolido la pena de muerte), Finlandia, Noruega y Suecia señalan, asimismo, el nulo influjo preventivo-general de esa máxima pena. Y en relación específica con la prisión perpetua, en Noruega, cuando se suprimió la prisión perpetua, los delitos que hasta entonces estaban castigados con esa pena, no solamente no aumentaron, sino que disminuyeron. Y es que, como sabemos ya desde el gran Cesare Beccaria, el fundador del Derecho penal moderno, con su libro De los delitos y las penas (1764), "el mayor freno de los delitos no es la crueldad de las penas, sino su infalibilidad... La certeza de un castigo, aunque éste sea moderado, surte más efecto que el temor de otro más terrible unido a la esperanza de su impunidad o de su incumplimiento".
Como ya he señalado, la existencia del CP hace que, por miedo a la pena, ello suponga una inhibición para que la generalidad de las personas no incurra en conductas delictivas que podrían cometer si esa amenaza no existiera. Pero en toda sociedad existen personas que delinquen, a pesar de esa amenaza de sufrir una pena, lo que obedece a que el infractor confía en que no va a ser descubierto ni, con ello, condenado. Esto rige también, y muy especialmente, en los delitos contra la vida, que, por lo general, se ejecutan bajo situaciones emocionales extremas o como consecuencia de acciones en cortocircuito. Pero incluso cuando el asesinato se lleva a cabo fríamente, tampoco el autor piensa que va a pagar por su delito, como lo pone de manifiesto, para acudir a un ejemplo reciente, el del niño Gabriel Cruz: la asesina confesa, Ana Julia Quezada, mató a su víctima porque ésta suponía un "estorbo" en la relación sentimental que mantenía con el padre del niño, relación sentimental que la autora sólo podía pensar -como pensó- que iba a poder continuar porque confiaba en que no se iba a descubrir su delito y porque, en consecuencia, proseguiría su vida en libertad junto a su novio, por lo que era indiferente para impedir su asesinato que la pena señalada a éste fuera de muchos años de prisión o -tal como sucede con la legislación penal al tiempo de los hechos- la de prisión permanente revisable.
A pesar de todos estos argumentos racionales y razonables, ¿cómo es posible que España, con su despiadada pena de prisión de 40 años de cumplimiento efectivo y con su plazos de revisión de la cadena perpetua de una extensión que no tiene equivalente en los países de la Europa occidental, haya superado, con mucho, la extensión de las penas privativas de libertad que podían aplicarse durante el franquismo, donde éstas, con la pena máxima de reclusión de 30 años y la institución de la redención de penas por el trabajo, nunca excedían -en los casos más extremos- de 20 años de privación real de libertad? Ciertamente que también existía la pena de muerte, pero, con la excepción de las impuestas por los tribunales militares, esa pena, de facto, se había dejado de aplicar a los delitos comunes, ya que la última ejecución por garrote vil se remonta al año 1959 en el que fue ajusticiado José María Jarabo, condenado por un cuádruple asesinato.
Son varios los factores a los que obedece esa transformación de nuestro Código en el más despiadado de la Europa occidental; por citar un último ejemplo, en Alemania la duración media de la prisión perpetua es de 18 años, algo de lo que ahora se separa sideralmente nuestro país con sus, por una parte, 40 años de cumplimiento efectivo de prisión y, por otra, sus plazos de revisión de 25 a 35 años para la perpetua.
El primer factor es la existencia de dos grupos de presión que han conseguido que el legislador incorporara al CP, íntegramente, sus pretensiones punitivas.
Por lo que se refiere a las asociaciones de víctimas del terrorismo, sus demandas fueron acogidas por la Ley Orgánica 7/2003 de reforma del Código Penal, introduciéndose la pena de 40 años de cumplimiento efectivo. El segundo grupo de presión está encabezado por padres de víctimas de 18 o menos años de edad (casos Marta del Castillo, Diana Quer, entre otros) que han conseguido hacerse oír hasta lograr que se introdujera en el CP, en 2015, la pena de prisión permanente revisable para, entre otros, los mismos terribles delitos de los que habían sido objeto sus hijas.
Pero todas esas movilizaciones de esos grupos de presión no habrían sido suficientes para introducir esas extremas reformas penológicas en el CP, si no se hubieran visto espectacularmente reflejadas -y apoyadas- en los medios de comunicación. Para referirme a un solo ejemplo: el caso del niño Gabriel Cruz acaparó todas las noticias, comentarios y tertulias, desde su desaparición, el 27 de febrero del presente año; y, al día siguiente de que se encontrase su cadáver y de que fuera detenida su asesina confesa, en sus ediciones de 12 de marzo, los cuatro periódicos españoles de difusión nacional dieron la noticia a cinco columnas, dos de ellos ocupando todas sus portadas, algo que, como señaló mi amigo Manuel Hidalgo, en otros tiempos sólo habría suscitado semejante atención por parte del semanario El Caso. Para comparar este despliegue con el que habría tenido lugar en un país que conozco muy bien, Alemania, porque he vivido en él varios años, la noticia de un asesinato de esas características sólo habría tenido un alarde tipográfico parecido en el amarillista Bild Zeitung, habiendo quedado relegado en los periódicos no sensacionalistas -Frankfurter Allgemeine, Süddeutsche Zeitung, Die Welt- a páginas interiores o, como mucho, a una columna en sus portadas.
Pero, con todos mis respetos para esos grupos de presión, de los que yo, tal vez, formaría parte si el destino me hubiera golpeado con una tragedia semejante a la que ellos han padecido, hay que decir que no son los más indicados para dictar las reformas penológicas que deben introducirse en el CP. Porque, como ha señalado, con razón, el antiguo presidente de una de las Salas de lo Penal del Tribunal Supremo alemán, Thomas Fischer, esas personas no son neutrales y si fueran jueces de los asesinos de sus hijas tendrían que abstenerse de formar parte del tribunal por tener un interés directo en la causa.
Cuando por parte de miembros de esas asociaciones se escapa el eslogan: "que se pudran en la cárcel", esa formulación es tan comprensible como incompatible con nuestra Constitución (CE), ya que, por muy horrible que sea el delito que ha cometido, el autor tiene intactos sus derechos a la integridad física y moral y a no ser sometido a penas o tratos inhumanos y degradantes (art. 15 CE), a la dignidad de la persona y al libre desarrollo de su personalidad (art. 10.1 CE), así como, específicamente para los condenados, a que las penas privativas de libertad estén orientadas hacia la reeducación y reinserción social (art. 25.2 CE).
Además de la sentencia del Tribunal Constitucional alemán (TCA) de 21 de junio de 1977, que obligó al legislador germano a fijar, en los casos de prisión perpetua, un plazo transcurrido el cual el recluso podía alcanzar la libertad condicional, plazo que, finalmente, se fijó en 15 años, dicha sentencia, así como alguna otra, como la de 8 de noviembre de 2006, han fundamentado, con argumentos constitucionales, la razón del establecimiento de ese plazo, así como el modo en que paliar, en lo posible, los efectos negativos de, en general, las penas largas de privación de libertad. El TCA opera en su motivación, primordialmente, con el derecho inviolable de toda persona -también de los condenados- a su dignidad, así como con las obligaciones que derivan de una nación constituida en un Estado social de Derecho. De acuerdo con ello la revisión preceptiva de la prisión perpetua, así como las condiciones de la ejecución de la pena, las deriva el TCA de la obligación del Estado de "contrarrestar" los efectos dañinos de las penas de larga duración, que pueden llevar a modificaciones deformadoras de la personalidad, tanto en el aspecto somático como en el espiritual y psiquiátrico, lo que estaría en contradicción con la inviolabilidad de la dignidad de la persona.
En el mismo sentido se han pronunciado las Recomendaciones (2003) 23 y (2006) 2 del Consejo de Ministros de la Unión Europea en relación a la prisión perpetua y a otras penas de larga duración en el sentido de que el tratamiento penitenciario de esos reclusos debe estar orientado a contrarrestar los efectos negativos y orientado a reinsertarlos con éxito en la sociedad, debiendo "[ajustarse] la vida en prisión lo máximo posible a los aspectos positivos de la vida en el exterior".
Dentro de esta conexión, el TCA pone como ejemplos de cómo "contrarrestar" tales efectos perjudiciales, que a los penados con reclusión perpetua les puedan ser concedidos permisos de salida así como el régimen abierto.
Además de que, de acuerdo con los estudios empíricos sobre la materia, penas inamovibles de 25, 35 o 40 años producen daños irreversibles en el soma y en la psique de los reclusos, para acabar de arreglarlo la práctica penitenciaria española con los responsables de los delitos más graves es la de mantenerlos durante todo el tiempo de su condena en primer grado de clasificación penitenciaria, es decir: en un régimen que durante todos los años de su interminable condena les mantiene en una celda aislada en la que permanecen encerrados, sin salidas al patio, al menos 21 horas diarias, sometidos a cacheos diarios, sin permiso alguno de salida, sin contacto con otros presos y desayunando, comiendo y cenando entre barrotes. En esta situación de régimen cerrado se encuentran, según informa El País de 21 de marzo de 2018, el 88% de los 243 presos de ETA y, de acuerdo con una noticia del mismo periódico de 18 de marzo de este año, desde hace casi 15 años, Tony Alexander King, el asesino de Sonia Carabantes y de Rocío Wanninkhof, clasificación de régimen cerrado que es el que, lógicamente y en el futuro, también se les aplicará a los condenados a 40 años de prisión efectiva y de prisión permanente revisable. Un encarcelamiento en estas condiciones, que sólo puede tener como consecuencia el aniquilamiento físico y moral del recluso, es impropio de un Estado social de Derecho, atenta contra la dignidad humana, el fin resocializador de las penas y la prohibición de tratos inhumanos, y hace todo lo contrario de lo que prescriben las recomendaciones del Consejo de Ministros europeo.
Asumiendo íntegramente las reclamaciones de las asociaciones de víctimas del terrorismo, el CP exige ahora, para que los etarras condenados a prisión permanente revisable puedan acceder a la libertad condicional, que cumplan con unas condiciones que no puedo por menos que calificar de inasumibles. En primer lugar, que el condenado «haya colaborado activamente con las autoridades... para la identificación, captura y procesamiento de responsables de delitos terroristas», una exigencia que, incluso éticamente, me parece discutible. Un escritor tan preocupado por problemas morales como Graham Greene, autor del guión de la película El tercer hombre, plantea el dilema que se le presenta a Holly Martins (Joseph Cotten) entre prestarse a la captura de su íntimo amigo, y traficante de penicilina adulterada, Harry Lime (Orson Welles) o, renunciado a ello, regresar a América, decidiéndose por la primera alternativa, traición que no le perdona su novia actual, encarnada por Alida Valli, que antes lo había sido de Harry Lime, sin que Graham Greene tome posición sobre cuál de las dos conductas sería la éticamente correcta. De otras exigencias, como las del arrepentimiento del penado o la de pedir sincero perdón a las víctimas, me he ocupado ya, críticamente, en un artículo publicado en EL MUNDO de 24 de abril de 2015, para rechazarlas, porque para un Derecho penal no moralizante lo único decisivo no debe ser que el condenado se convierta en un policía y experimente sentimientos que no está en su mano poder controlar, sino únicamente que tenga un pronóstico favorable de que no va a volver a delinquir, criterio de no-peligrosidad que es, según el TCA, el único que debe decidir si el delincuente debe quedar o no en libertad.
Rechazando -como rechazo- la pena de prisión permanente revisable, y que se ejecuta en España de una manera tan distinta a como se hace en los países de nuestro entorno, no obstante, y naturalmente, yo también comparto la preocupación de que hay que proteger a la sociedad de delincuentes peligrosos condenados ante la eventualidad de que, una vez en libertad, vuelvan a cometer los mismos delitos; pero esa peligrosidad no se debe combatir con penas, sino con medidas de seguridad. Como la pena tiene un carácter aflictivo -por eso se cumple en un establecimiento penitenciario-, y se impone para retribuir el mal hecho en el pasado, no se entiende por qué, entre dos violadores, puede liberarse al no-peligroso, mientras que debe seguir en prisión otro que ha cometido el mismo delito, pero en el que concurre un riesgo de reiteración; porque si el primer delincuente no peligroso ha saldado ya su deuda con la sociedad, al cabo de unos determinados años de privación de libertad, por los mismos motivos, y porque el delito ha sido el mismo, debería considerarse que el segundo delincuente ha saldado también esa cuenta. Ciertamente que este último sigue siendo peligroso y que, potencialmente, puede incurrir en futuros delitos; pero ni es responsable de su peligrosidad -porque no la puede evitar: ¡qué más querría él!- ni debe pagar con la permanencia en prisión por delitos que sólo hipotéticamente pudiera cometer, pero que, de hecho, no ha cometido. Esa peligrosidad no debe combatirse prolongando la pena de prisión, que sólo debe imponerse por los hechos pasados: esa peligrosidad se combate, no con la prisión, sino con medidas de seguridad de carácter no aflictivo como las de internamiento en un centro no penitenciario o, en los casos en que ello sea suficiente, con otras de carácter ambulatorio.
Mi rechazo de la prisión permanente revisable se basa en que es inútil desde un punto de vista de prevención general, en que, desde el de la prevención especial, ciertamente que hay que -una vez cumplida su condena- proteger a la sociedad de delincuentes peligrosos, pero no con la prolongación de la pena de prisión, sino con medidas de seguridad, y, finalmente, en que las penas largas privativas de libertad causan daños irreparables a aquellos a los que se les aplican, vulnerándose, así, derechos fundamentales de los que también son titulares los delincuentes condenados.
Muchas gracias por su atención, especialmente a los que me la han prestado, a pesar de no estar de acuerdo con mis opiniones.

Enrique Gimbernat es catedrático de Derecho penal de la UCM y miembro del Consejo Editorial de EL MUNDO. Su último libro El Derecho penal en el mundo(Aranzadi 2018) contiene, entre otros trabajos, la mayoría de los artículos que ha publicado en este periódico durante los últimos años.


domingo, 27 de mayo de 2018

Breverías 2: la omnipresencia del mundo secular


Breverías 2: la omnipresencia del mundo secular


El pensamiento secular omnipresente, ¿también en Ia Iglesia? De un libro excepcional de Roberto Calasso, a leer y releer.

“El pensamiento secular es lo que queda después de un proceso de vaciamiento progresivo que opera desde hace unos cuantos milenios. Animales, dioses - en plural y en singular-, demonios, ángeles, santos, almas, espíritus y, en fin, hasta los principios y voluntades han sido gradualmente evacuados. Se han convertido en materia de investigación. Siguen presentes, pero en los libros. En el ínterin, el pensamiento cotidiano iba prescindiendo de ellos con creciente entusiasmo.

Homo saecularis habla con muchas voces, con frecuencia divergentes. La que se hace oír principalmente es progresista y humanitaria. Aplica preceptos de herencia cristiana reblandecidos y edulcorados. Mezcla tibia y pálida, se combina, en sentido inverso, con el movimiento en curso en la propia Iglesia, que busca parecerse cada vez más a una entidad asistencial. El resultado es que los secularistas hablan con una contrición propia de eclesiásticos a la vez que los eclesiásticos quisieran hacerse pasar por profesores de sociología”

Roberto Calasso. “La actualidad innombrable”. Anagrama, Barcelona, 2018, 173 p. La citación está en la página 44.

viernes, 25 de mayo de 2018

Feminismo sí, pero ¿qué feminismo?


Feminismo sí, pero ¿qué feminismo?

Una de las feministas actuales más renombradas, no solamente en Francia sino en todo el mundo occidental, la filósofa y profesora Elisabeth Badinter, precisaba, recientemente, que la noción de ultraje sexista abarcaba comportamientos muy diferentes. Me parece que solamente deben sancionarse las situaciones peligrosas, como un hombre que te sigue agresivamente o gestos inapropiados en los cuerpos de las mujeres. Pero no los silbidos y las palabras fuera de lugar que provienen de la educación” (Le Monde 12/04/18). Elisabeth Badinter, reaccionaba a lo que consideraba ciertas derivas del movimiento “Me-Too” que, en Francia adoptó la fórmula de #balancetonporc (“arroja tu cerdo”, tira por la borda tu hombre - cerdo, se entiende). 

Dice Badinter que, para las neo-feministas, como las denomina, “todas las mujeres podrían ser potenciales agredidas o víctimas y uno de cada dos o tres hombres, agresores”. Y añade que “esta visión del mundo, victimaria y esencialista olvida la cuestión social” que diferencia a unas mujeres de otras. Para este feminismo, la naturaleza de mujer la opone a la del hombre. Pero, Badinter reporta los resultados de una investigación del presente año 2018, que señala que “las mujeres que tienen un trabajo precario tienen un riesgo superior en un 78 % de ser acosadas que las mujeres que disponen de un trabajo estable”. En otras palabras, la cuestión no está tanto en la relación entre sexos sino en el olvido, llamativo para posicionamientos muy de izquierdas, de la cuestión social. Añade, además, “que la contraría la llamada a la denuncia en las redes sociales. El linchamiento mediático no puede substituirse a la justicia, un principio sagrado de la democracia”. Y concluye, rotundamente, afirmando que “se puede ser feminista y radicalmente contra las derivas del #balancetonporc”. Las condiciones sociales, el libre albedrío y la tecnología son, al menos, tan importantes como la condición natural, sostendrá.

Pues Badinter dice más cosas. En 2010 publicó un libro, reeditado en castellano en 2017, “La mujer y la madre”, en el que se posiciona contra los planteamientos feministas y ecologistas radicales que manifiestan una reverencia total hacia la naturaleza, una sumisión ciega a la naturaleza. Así defiende que el instinto maternal ni es universal ni automático. Y que no debe impedir la realización de la mujer en su vida. Es por ello defiende la Procreación medicamente asistida (PMA) así como la Gestación por otra mujer (GPA), lo que nosotros entendemos como “vientres de alquiler”, aunque en, este segundo supuesto, reclama medidas contra toda deriva comercial posible. Propugna un salario modesto para la madre portadora y cargar con todos los gastos derivados de la gestación y nacimiento posterior. Y, subraya “¿por qué desconocer el caso de mujeres que desean quedarse encinta sin, por el contrario, querer educar un niño?”. Y apelar a la libertad de la mujer y a la tecnología, más allá de constricciones ligadas a la naturaleza y a la educación.

En este punto, Badinter se opone a otro neofeminismo, que coincide con el anterior en su radicalidad, particularmente en su respeto total a la naturaleza, aunque de signo ideológico distinto. Se inscribe en lo que denominan como la “ecología integral”. Esta frase del presidente Macron en su discurso en los Bernardinos del 9 de abril pasado lo expresa bien: “debemos encontrar el límite pues la sociedad está abierta a todas las posibilidades, pero la manipulación y fabricación de la vida no puede extenderse hasta el infinito sin cuestionar la idea misma del hombre y de la vida”. La citación proviene de la filósofa Marianne Durano (también en Le Monde del 12/04/18), que acaba de publicar un libro no traducido, titulado (en castellano) “Mi cuerpo no les pertenece. Contra la dictadura de la medicina contra las mujeres” (Albin Michel, 2018), en el que afirma la necesidad de un nuevo feminismo que se ocupe del cuerpo de la mujer con la misma urgencia que se concede a la protección del medio ambiente. Y se pregunta, ¿por qué el cuerpo femenino, maternal y el embarazo, por ejemplo, son olvidados, negados, proscritos de la emancipación de las mujeres?

Pero, la filósofa Marianne Durano, va más allá. Sostiene que de la PMA al “big data”, pasando por la catástrofe ecológica de la que comenzamos penosamente a tomar conciencia, es el mismo sistema tecno- mercantil que extiende su imperio y sus estragos. La misma lógica por todas partes. Lo que era natural, gratuito – el nacimiento, la inteligencia, el crecimiento de las plantas- es reemplazado por artificios costosos: los FIV (fecundación in vitro), los ordenadores, los OGM (organismos genéticamente modificados). Se responde a los desafíos sociales y políticos con soluciones técnicas y mercantiles.

Es el advenimiento de un mundo donde el progreso tecnológico reemplaza el progreso humano. Frente a este sistema que coloniza nuestras mentes y nuestros cuerpos, la ecología integral ofrece una alternativa radical. La de la convivialidad, la de la baja tecnología (low techs) y la del localismo. Contemplar la naturaleza y no reducirla a una pila de recursos; respetar nuestro cuerpo y no instrumentalizarlo: aceptar nuestros límites, en lugar de soñar con un "nuevo mundo" siliconado, hormigonado. "Todo está conectado", repite el Papa Francisco en ´Laudato si ': a la artificialización global de nuestras vidas, es hora de dar una respuesta integral. En noviembre de 2017, quince mil científicos de todo el mundo lanzaron un grito de alarma sobre el estado del planeta, insistiendo en la necesidad de mantener ciertos límites, tanto en la vida cotidiana de los ciudadanos como en las políticas medio ambientales de las instituciones públicas y privadas. Anótese la importancia del concepto “limite”, “limitación”, en este planteamiento.

He aquí un ejemplo, bien clarificador, de cómo una gran feminista de primera fila se opone, con determinación, a dos modelos de neo-feministas: las del “arroja por la borda a tu hombre-cerdo” que algunos denominan “libertarias” (y esencialistas en la diferenciación hombre-mujer) y las autodenominadas “integrales” que se oponen tanto a la PGA como a los vientres de alquiler y plantean su feminismo en el marco de una ecología integral. No oculto mis preferencias por algunos aspectos de este feminismo (con algunas discrepancias de fondo, así en el tema del aborto y del final de la vida) así como, en menor grado, con el de Badinter (con otras discrepancias importantes), pero, ambas, además, habrían de superar el binomio, naturaleza versus tecnología. Ciertamente, no hay que divinizar la tecnología como lo hace el movimiento transhumanista pero tampoco la naturaleza, ciega “por naturaleza”, nunca mejor traída redundancia. El pensamiento binario nos tranquiliza por su sencillez, pero oculta la complejidad de la vida. Que exige pensamientos y practicas complejas y multidimensionales.

(Artículo publicado el 26 de mayo de 2018 en DEIA y en Noticias de Gipuzkoa)