viernes, 29 de junio de 2018

Crueldad, crueldad: Contra la prisión permanente revisable



Quienes no quieran ser cómplices de crueldad deben, al menos, leer este artículo.
Rara vez en mi vida me he sentido tan identificado con un texto como este que aquí transcribo.
Desde mis años de estudiante he pensado y sostenido por escrito que las cárceles actuales, también las de occidente, son equiparables a las galeras del mundo antiguo. ¿Por que tanta crueldad inútil?. ¡Vergüenza de nuestra justicia pero, sobre todo, vergüenza de nuestra sociedad, que la alimenta! Crueldad, crueldad, crueldad, crueldad, crueldad.......


Contra la prisión permanente revisable
·         
o   ENRIQUE GIMBERNAT
·         
o   l
·        El MUNDO 29 JUN. 2018 02:08

Para acudir únicamente a los países de nuestro entorno: ni Noruega, ni Portugal, ni Croacia, ni Serbia contemplan en sus leyes la pena de prisión perpetua.
Ciertamente que en otras naciones europeas la prisión perpetua figura en su catálogo de penas. Pero el plazo que tiene que transcurrir para que se revise esa pena y el recluso pueda alcanzar la libertad condicional es: de siete años en Irlanda; de 10 años en Suecia y Suiza; de 12 en Chipre, Dinamarca y Finlandia; de 15 en Austria, Alemania, Bélgica, Liechtenstein, Luxemburgo y Macedonia; de 18 en Francia; y de 20 en Bulgaria, Grecia, Hungría, República Checa y Rumanía. En España la revisión de la prisión permanente se ha fijado, según la gravedad del delito cometido, en 25 o, en su caso, en 35 años. Hasta 2015 la pena máxima, introducida en nuestro Código Penal (CP) en 2003, era la de 40 años de cumplimiento efectivo, pena que ahora se ha visto superada en su severidad, en una escalada imparable, por la pena de prisión permanente revisable creada en virtud de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo.
El número de personas privadas de libertad por cada 100.000 habitantes es: de 53 en los Países Bajos y en Suecia; de 55 en Finlandia; de 58 en Dinamarca; de 74 en Noruega; de 78 en Alemania; de 80 en Irlanda; de 83 en Suiza; de 89 en Grecia; de 90 en Italia; de 93 en Austria; de 98 en Bélgica; y de 103 en Francia. En España el número se dispara hasta las 130 personas privadas de libertad por cada 100.000 habitantes.
Mientras que en otros países ha disminuido en los últimos años el número de personas privadas de libertad por cada 100.000 habitantes (en Finlandia de 190 a 57, en los Países Bajos de 128 a 53, en Alemania de 104 a 78, en Suecia de 81 a 53, en Austria de 108 a 93), corresponde a España el dudoso honor de haber aumentado su población penitenciaria casi cuadruplicándola: de 38 personas privadas de libertad por cada 100.000 habitantes en 1984 se ha pasado a 130.
La extremada dureza de nuestro CP en relación con los Estados europeos que acabo de mencionar, podría obedecer al alto número de delitos contra la vida que se realizan en España. Pero, afortunadamente, sucede todo lo contrario: España es uno de los países donde menos delitos de esa naturaleza se cometen y, en consecuencia, una de las naciones más seguras del mundo.
Así, y por ponerlo en relación con algunos de los Estados europeos que he mencionado anteriormente, donde, o no existe prisión permanente, o la revisión de ésta se lleva a cabo antes -o mucho antes- de la que establece nuestro CP, el número de delitos contra la vida (asesinatos y homicidios dolosos) que se registran por cada 100.000 habitantes es: de 1,7 en Grecia; de 1,6 en Finlandia y Bélgica; de 1,4 en Macedonia; de 1,3 en Hungría; de 1,2 en Croacia y Portugal; de 1,0 en la República Checa y en Francia; de 0,9 en Austria y en los Países Bajos. España, con 0,8 de delitos dolosos contra la vida cometidos por cada 100.000 habitantes ocupa prácticamente -junto con Dinamarca, Luxemburgo y Alemania- el último lugar del mundo por lo que se refiere a las posibilidades de que una persona pierda la vida a consecuencia de un ataque intencional contra su persona.
Cuando se alega en España, a favor de la prisión permanente revisable o de la brutal pena de 40 años de prisión efectiva, que ello es necesario para satisfacer los fines de prevención general (con la amenaza de penas prácticamente ilimitadas se cometerían menos delitos), se están formulando afirmaciones que, simplemente, no son ciertas.
Mediante la prevención general se confía en que, por el miedo al castigo, los ciudadanos se abstengan de cometer delitos; ciertamente que esta función nunca se satisface plenamente, porque en todas las sociedades, a pesar de estas amenazas, se cometen delitos. Pero que ese miedo al castigo consigue disminuir, en gran medida, la comisión de hechos delictivos es algo empíricamente comprobable, en cuanto que, siempre que, de alguna manera, se produce un vacío del poder punitivo estatal, por ejemplo, con ocasión de grandes catástrofes como terremotos o graves inundaciones, o a consecuencia de huelgas generales de la policía, aumenta espectacularmente -mediante actos de pillaje contra la propiedad y de ataques contra las personas- la comisión de actos delictivos por parte de muchas personas que, hasta entonces, nunca habían actuado al margen de la ley penal, lo que encuentra su explicación en que la función de prevención general ha quedado transitoriamente suspendida, porque también ha quedado suspendida, total o parcialmente, la actividad policial encargada de la persecución de delitos, y, con ello, también el miedo a tener que responder por los comportamientos delictivos que se cometen en esas situaciones de emergencia.
Pero los efectos de prevención general del Derecho penal no dependen de la mayor o menor gravedad de las penas, sino de que éstas vayan a aplicarse efectivamente. Y así, y por lo que se refiere a la mayor pena imaginable: la de muerte, las estadísticas demuestran que esta sanción para nada influye en la prevención general. Unos pocos ejemplos entre los numerosísimos: los delitos de violación disminuyeron en Canadá a raíz de la supresión de la pena de muerte prevista para tales hechos; en Inglaterra no aumentó la comisión de aquellos delitos que, en 1957, dejaron de ser castigados con la pena capital; y lo mismo se observó en Yugoslavia a partir de 1950. Los resultados estadísticos de Alemania, Austria, EEUU (en los Estados federados donde se ha abolido la pena de muerte), Finlandia, Noruega y Suecia señalan, asimismo, el nulo influjo preventivo-general de esa máxima pena. Y en relación específica con la prisión perpetua, en Noruega, cuando se suprimió la prisión perpetua, los delitos que hasta entonces estaban castigados con esa pena, no solamente no aumentaron, sino que disminuyeron. Y es que, como sabemos ya desde el gran Cesare Beccaria, el fundador del Derecho penal moderno, con su libro De los delitos y las penas (1764), "el mayor freno de los delitos no es la crueldad de las penas, sino su infalibilidad... La certeza de un castigo, aunque éste sea moderado, surte más efecto que el temor de otro más terrible unido a la esperanza de su impunidad o de su incumplimiento".
Como ya he señalado, la existencia del CP hace que, por miedo a la pena, ello suponga una inhibición para que la generalidad de las personas no incurra en conductas delictivas que podrían cometer si esa amenaza no existiera. Pero en toda sociedad existen personas que delinquen, a pesar de esa amenaza de sufrir una pena, lo que obedece a que el infractor confía en que no va a ser descubierto ni, con ello, condenado. Esto rige también, y muy especialmente, en los delitos contra la vida, que, por lo general, se ejecutan bajo situaciones emocionales extremas o como consecuencia de acciones en cortocircuito. Pero incluso cuando el asesinato se lleva a cabo fríamente, tampoco el autor piensa que va a pagar por su delito, como lo pone de manifiesto, para acudir a un ejemplo reciente, el del niño Gabriel Cruz: la asesina confesa, Ana Julia Quezada, mató a su víctima porque ésta suponía un "estorbo" en la relación sentimental que mantenía con el padre del niño, relación sentimental que la autora sólo podía pensar -como pensó- que iba a poder continuar porque confiaba en que no se iba a descubrir su delito y porque, en consecuencia, proseguiría su vida en libertad junto a su novio, por lo que era indiferente para impedir su asesinato que la pena señalada a éste fuera de muchos años de prisión o -tal como sucede con la legislación penal al tiempo de los hechos- la de prisión permanente revisable.
A pesar de todos estos argumentos racionales y razonables, ¿cómo es posible que España, con su despiadada pena de prisión de 40 años de cumplimiento efectivo y con su plazos de revisión de la cadena perpetua de una extensión que no tiene equivalente en los países de la Europa occidental, haya superado, con mucho, la extensión de las penas privativas de libertad que podían aplicarse durante el franquismo, donde éstas, con la pena máxima de reclusión de 30 años y la institución de la redención de penas por el trabajo, nunca excedían -en los casos más extremos- de 20 años de privación real de libertad? Ciertamente que también existía la pena de muerte, pero, con la excepción de las impuestas por los tribunales militares, esa pena, de facto, se había dejado de aplicar a los delitos comunes, ya que la última ejecución por garrote vil se remonta al año 1959 en el que fue ajusticiado José María Jarabo, condenado por un cuádruple asesinato.
Son varios los factores a los que obedece esa transformación de nuestro Código en el más despiadado de la Europa occidental; por citar un último ejemplo, en Alemania la duración media de la prisión perpetua es de 18 años, algo de lo que ahora se separa sideralmente nuestro país con sus, por una parte, 40 años de cumplimiento efectivo de prisión y, por otra, sus plazos de revisión de 25 a 35 años para la perpetua.
El primer factor es la existencia de dos grupos de presión que han conseguido que el legislador incorporara al CP, íntegramente, sus pretensiones punitivas.
Por lo que se refiere a las asociaciones de víctimas del terrorismo, sus demandas fueron acogidas por la Ley Orgánica 7/2003 de reforma del Código Penal, introduciéndose la pena de 40 años de cumplimiento efectivo. El segundo grupo de presión está encabezado por padres de víctimas de 18 o menos años de edad (casos Marta del Castillo, Diana Quer, entre otros) que han conseguido hacerse oír hasta lograr que se introdujera en el CP, en 2015, la pena de prisión permanente revisable para, entre otros, los mismos terribles delitos de los que habían sido objeto sus hijas.
Pero todas esas movilizaciones de esos grupos de presión no habrían sido suficientes para introducir esas extremas reformas penológicas en el CP, si no se hubieran visto espectacularmente reflejadas -y apoyadas- en los medios de comunicación. Para referirme a un solo ejemplo: el caso del niño Gabriel Cruz acaparó todas las noticias, comentarios y tertulias, desde su desaparición, el 27 de febrero del presente año; y, al día siguiente de que se encontrase su cadáver y de que fuera detenida su asesina confesa, en sus ediciones de 12 de marzo, los cuatro periódicos españoles de difusión nacional dieron la noticia a cinco columnas, dos de ellos ocupando todas sus portadas, algo que, como señaló mi amigo Manuel Hidalgo, en otros tiempos sólo habría suscitado semejante atención por parte del semanario El Caso. Para comparar este despliegue con el que habría tenido lugar en un país que conozco muy bien, Alemania, porque he vivido en él varios años, la noticia de un asesinato de esas características sólo habría tenido un alarde tipográfico parecido en el amarillista Bild Zeitung, habiendo quedado relegado en los periódicos no sensacionalistas -Frankfurter Allgemeine, Süddeutsche Zeitung, Die Welt- a páginas interiores o, como mucho, a una columna en sus portadas.
Pero, con todos mis respetos para esos grupos de presión, de los que yo, tal vez, formaría parte si el destino me hubiera golpeado con una tragedia semejante a la que ellos han padecido, hay que decir que no son los más indicados para dictar las reformas penológicas que deben introducirse en el CP. Porque, como ha señalado, con razón, el antiguo presidente de una de las Salas de lo Penal del Tribunal Supremo alemán, Thomas Fischer, esas personas no son neutrales y si fueran jueces de los asesinos de sus hijas tendrían que abstenerse de formar parte del tribunal por tener un interés directo en la causa.
Cuando por parte de miembros de esas asociaciones se escapa el eslogan: "que se pudran en la cárcel", esa formulación es tan comprensible como incompatible con nuestra Constitución (CE), ya que, por muy horrible que sea el delito que ha cometido, el autor tiene intactos sus derechos a la integridad física y moral y a no ser sometido a penas o tratos inhumanos y degradantes (art. 15 CE), a la dignidad de la persona y al libre desarrollo de su personalidad (art. 10.1 CE), así como, específicamente para los condenados, a que las penas privativas de libertad estén orientadas hacia la reeducación y reinserción social (art. 25.2 CE).
Además de la sentencia del Tribunal Constitucional alemán (TCA) de 21 de junio de 1977, que obligó al legislador germano a fijar, en los casos de prisión perpetua, un plazo transcurrido el cual el recluso podía alcanzar la libertad condicional, plazo que, finalmente, se fijó en 15 años, dicha sentencia, así como alguna otra, como la de 8 de noviembre de 2006, han fundamentado, con argumentos constitucionales, la razón del establecimiento de ese plazo, así como el modo en que paliar, en lo posible, los efectos negativos de, en general, las penas largas de privación de libertad. El TCA opera en su motivación, primordialmente, con el derecho inviolable de toda persona -también de los condenados- a su dignidad, así como con las obligaciones que derivan de una nación constituida en un Estado social de Derecho. De acuerdo con ello la revisión preceptiva de la prisión perpetua, así como las condiciones de la ejecución de la pena, las deriva el TCA de la obligación del Estado de "contrarrestar" los efectos dañinos de las penas de larga duración, que pueden llevar a modificaciones deformadoras de la personalidad, tanto en el aspecto somático como en el espiritual y psiquiátrico, lo que estaría en contradicción con la inviolabilidad de la dignidad de la persona.
En el mismo sentido se han pronunciado las Recomendaciones (2003) 23 y (2006) 2 del Consejo de Ministros de la Unión Europea en relación a la prisión perpetua y a otras penas de larga duración en el sentido de que el tratamiento penitenciario de esos reclusos debe estar orientado a contrarrestar los efectos negativos y orientado a reinsertarlos con éxito en la sociedad, debiendo "[ajustarse] la vida en prisión lo máximo posible a los aspectos positivos de la vida en el exterior".
Dentro de esta conexión, el TCA pone como ejemplos de cómo "contrarrestar" tales efectos perjudiciales, que a los penados con reclusión perpetua les puedan ser concedidos permisos de salida así como el régimen abierto.
Además de que, de acuerdo con los estudios empíricos sobre la materia, penas inamovibles de 25, 35 o 40 años producen daños irreversibles en el soma y en la psique de los reclusos, para acabar de arreglarlo la práctica penitenciaria española con los responsables de los delitos más graves es la de mantenerlos durante todo el tiempo de su condena en primer grado de clasificación penitenciaria, es decir: en un régimen que durante todos los años de su interminable condena les mantiene en una celda aislada en la que permanecen encerrados, sin salidas al patio, al menos 21 horas diarias, sometidos a cacheos diarios, sin permiso alguno de salida, sin contacto con otros presos y desayunando, comiendo y cenando entre barrotes. En esta situación de régimen cerrado se encuentran, según informa El País de 21 de marzo de 2018, el 88% de los 243 presos de ETA y, de acuerdo con una noticia del mismo periódico de 18 de marzo de este año, desde hace casi 15 años, Tony Alexander King, el asesino de Sonia Carabantes y de Rocío Wanninkhof, clasificación de régimen cerrado que es el que, lógicamente y en el futuro, también se les aplicará a los condenados a 40 años de prisión efectiva y de prisión permanente revisable. Un encarcelamiento en estas condiciones, que sólo puede tener como consecuencia el aniquilamiento físico y moral del recluso, es impropio de un Estado social de Derecho, atenta contra la dignidad humana, el fin resocializador de las penas y la prohibición de tratos inhumanos, y hace todo lo contrario de lo que prescriben las recomendaciones del Consejo de Ministros europeo.
Asumiendo íntegramente las reclamaciones de las asociaciones de víctimas del terrorismo, el CP exige ahora, para que los etarras condenados a prisión permanente revisable puedan acceder a la libertad condicional, que cumplan con unas condiciones que no puedo por menos que calificar de inasumibles. En primer lugar, que el condenado «haya colaborado activamente con las autoridades... para la identificación, captura y procesamiento de responsables de delitos terroristas», una exigencia que, incluso éticamente, me parece discutible. Un escritor tan preocupado por problemas morales como Graham Greene, autor del guión de la película El tercer hombre, plantea el dilema que se le presenta a Holly Martins (Joseph Cotten) entre prestarse a la captura de su íntimo amigo, y traficante de penicilina adulterada, Harry Lime (Orson Welles) o, renunciado a ello, regresar a América, decidiéndose por la primera alternativa, traición que no le perdona su novia actual, encarnada por Alida Valli, que antes lo había sido de Harry Lime, sin que Graham Greene tome posición sobre cuál de las dos conductas sería la éticamente correcta. De otras exigencias, como las del arrepentimiento del penado o la de pedir sincero perdón a las víctimas, me he ocupado ya, críticamente, en un artículo publicado en EL MUNDO de 24 de abril de 2015, para rechazarlas, porque para un Derecho penal no moralizante lo único decisivo no debe ser que el condenado se convierta en un policía y experimente sentimientos que no está en su mano poder controlar, sino únicamente que tenga un pronóstico favorable de que no va a volver a delinquir, criterio de no-peligrosidad que es, según el TCA, el único que debe decidir si el delincuente debe quedar o no en libertad.
Rechazando -como rechazo- la pena de prisión permanente revisable, y que se ejecuta en España de una manera tan distinta a como se hace en los países de nuestro entorno, no obstante, y naturalmente, yo también comparto la preocupación de que hay que proteger a la sociedad de delincuentes peligrosos condenados ante la eventualidad de que, una vez en libertad, vuelvan a cometer los mismos delitos; pero esa peligrosidad no se debe combatir con penas, sino con medidas de seguridad. Como la pena tiene un carácter aflictivo -por eso se cumple en un establecimiento penitenciario-, y se impone para retribuir el mal hecho en el pasado, no se entiende por qué, entre dos violadores, puede liberarse al no-peligroso, mientras que debe seguir en prisión otro que ha cometido el mismo delito, pero en el que concurre un riesgo de reiteración; porque si el primer delincuente no peligroso ha saldado ya su deuda con la sociedad, al cabo de unos determinados años de privación de libertad, por los mismos motivos, y porque el delito ha sido el mismo, debería considerarse que el segundo delincuente ha saldado también esa cuenta. Ciertamente que este último sigue siendo peligroso y que, potencialmente, puede incurrir en futuros delitos; pero ni es responsable de su peligrosidad -porque no la puede evitar: ¡qué más querría él!- ni debe pagar con la permanencia en prisión por delitos que sólo hipotéticamente pudiera cometer, pero que, de hecho, no ha cometido. Esa peligrosidad no debe combatirse prolongando la pena de prisión, que sólo debe imponerse por los hechos pasados: esa peligrosidad se combate, no con la prisión, sino con medidas de seguridad de carácter no aflictivo como las de internamiento en un centro no penitenciario o, en los casos en que ello sea suficiente, con otras de carácter ambulatorio.
Mi rechazo de la prisión permanente revisable se basa en que es inútil desde un punto de vista de prevención general, en que, desde el de la prevención especial, ciertamente que hay que -una vez cumplida su condena- proteger a la sociedad de delincuentes peligrosos, pero no con la prolongación de la pena de prisión, sino con medidas de seguridad, y, finalmente, en que las penas largas privativas de libertad causan daños irreparables a aquellos a los que se les aplican, vulnerándose, así, derechos fundamentales de los que también son titulares los delincuentes condenados.
Muchas gracias por su atención, especialmente a los que me la han prestado, a pesar de no estar de acuerdo con mis opiniones.
Enrique Gimbernat es catedrático de Derecho penal de la UCM y miembro del Consejo Editorial de EL MUNDO. Su último libro El Derecho penal en el mundo(Aranzadi 2018) contiene, entre otros trabajos, la mayoría de los artículos que ha publicado en este periódico durante los últimos años.
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Elmundo.es ENRIQUE GIMBERNAT (copiado el 29/06/2018)

Para acudir únicamente a los países de nuestro entorno: ni Noruega, ni Portugal, ni Croacia, ni Serbia contemplan en sus leyes la pena de prisión perpetua.
Ciertamente que en otras naciones europeas la prisión perpetua figura en su catálogo de penas. Pero el plazo que tiene que transcurrir para que se revise esa pena y el recluso pueda alcanzar la libertad condicional es: de siete años en Irlanda; de 10 años en Suecia y Suiza; de 12 en Chipre, Dinamarca y Finlandia; de 15 en Austria, Alemania, Bélgica, Liechtenstein, Luxemburgo y Macedonia; de 18 en Francia; y de 20 en Bulgaria, Grecia, Hungría, República Checa y Rumanía. En España la revisión de la prisión permanente se ha fijado, según la gravedad del delito cometido, en 25 o, en su caso, en 35 años. Hasta 2015 la pena máxima, introducida en nuestro Código Penal (CP) en 2003, era la de 40 años de cumplimiento efectivo, pena que ahora se ha visto superada en su severidad, en una escalada imparable, por la pena de prisión permanente revisable creada en virtud de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo.
El número de personas privadas de libertad por cada 100.000 habitantes es: de 53 en los Países Bajos y en Suecia; de 55 en Finlandia; de 58 en Dinamarca; de 74 en Noruega; de 78 en Alemania; de 80 en Irlanda; de 83 en Suiza; de 89 en Grecia; de 90 en Italia; de 93 en Austria; de 98 en Bélgica; y de 103 en Francia. En España el número se dispara hasta las 130 personas privadas de libertad por cada 100.000 habitantes.
Mientras que en otros países ha disminuido en los últimos años el número de personas privadas de libertad por cada 100.000 habitantes (en Finlandia de 190 a 57, en los Países Bajos de 128 a 53, en Alemania de 104 a 78, en Suecia de 81 a 53, en Austria de 108 a 93), corresponde a España el dudoso honor de haber aumentado su población penitenciaria casi cuadruplicándola: de 38 personas privadas de libertad por cada 100.000 habitantes en 1984 se ha pasado a 130.
La extremada dureza de nuestro CP en relación con los Estados europeos que acabo de mencionar, podría obedecer al alto número de delitos contra la vida que se realizan en España. Pero, afortunadamente, sucede todo lo contrario: España es uno de los países donde menos delitos de esa naturaleza se cometen y, en consecuencia, una de las naciones más seguras del mundo.
Así, y por ponerlo en relación con algunos de los Estados europeos que he mencionado anteriormente, donde, o no existe prisión permanente, o la revisión de ésta se lleva a cabo antes -o mucho antes- de la que establece nuestro CP, el número de delitos contra la vida (asesinatos y homicidios dolosos) que se registran por cada 100.000 habitantes es: de 1,7 en Grecia; de 1,6 en Finlandia y Bélgica; de 1,4 en Macedonia; de 1,3 en Hungría; de 1,2 en Croacia y Portugal; de 1,0 en la República Checa y en Francia; de 0,9 en Austria y en los Países Bajos. España, con 0,8 de delitos dolosos contra la vida cometidos por cada 100.000 habitantes ocupa prácticamente -junto con Dinamarca, Luxemburgo y Alemania- el último lugar del mundo por lo que se refiere a las posibilidades de que una persona pierda la vida a consecuencia de un ataque intencional contra su persona.
Cuando se alega en España, a favor de la prisión permanente revisable o de la brutal pena de 40 años de prisión efectiva, que ello es necesario para satisfacer los fines de prevención general (con la amenaza de penas prácticamente ilimitadas se cometerían menos delitos), se están formulando afirmaciones que, simplemente, no son ciertas.
Mediante la prevención general se confía en que, por el miedo al castigo, los ciudadanos se abstengan de cometer delitos; ciertamente que esta función nunca se satisface plenamente, porque en todas las sociedades, a pesar de estas amenazas, se cometen delitos. Pero que ese miedo al castigo consigue disminuir, en gran medida, la comisión de hechos delictivos es algo empíricamente comprobable, en cuanto que, siempre que, de alguna manera, se produce un vacío del poder punitivo estatal, por ejemplo, con ocasión de grandes catástrofes como terremotos o graves inundaciones, o a consecuencia de huelgas generales de la policía, aumenta espectacularmente -mediante actos de pillaje contra la propiedad y de ataques contra las personas- la comisión de actos delictivos por parte de muchas personas que, hasta entonces, nunca habían actuado al margen de la ley penal, lo que encuentra su explicación en que la función de prevención general ha quedado transitoriamente suspendida, porque también ha quedado suspendida, total o parcialmente, la actividad policial encargada de la persecución de delitos, y, con ello, también el miedo a tener que responder por los comportamientos delictivos que se cometen en esas situaciones de emergencia.
Pero los efectos de prevención general del Derecho penal no dependen de la mayor o menor gravedad de las penas, sino de que éstas vayan a aplicarse efectivamente. Y así, y por lo que se refiere a la mayor pena imaginable: la de muerte, las estadísticas demuestran que esta sanción para nada influye en la prevención general. Unos pocos ejemplos entre los numerosísimos: los delitos de violación disminuyeron en Canadá a raíz de la supresión de la pena de muerte prevista para tales hechos; en Inglaterra no aumentó la comisión de aquellos delitos que, en 1957, dejaron de ser castigados con la pena capital; y lo mismo se observó en Yugoslavia a partir de 1950. Los resultados estadísticos de Alemania, Austria, EEUU (en los Estados federados donde se ha abolido la pena de muerte), Finlandia, Noruega y Suecia señalan, asimismo, el nulo influjo preventivo-general de esa máxima pena. Y en relación específica con la prisión perpetua, en Noruega, cuando se suprimió la prisión perpetua, los delitos que hasta entonces estaban castigados con esa pena, no solamente no aumentaron, sino que disminuyeron. Y es que, como sabemos ya desde el gran Cesare Beccaria, el fundador del Derecho penal moderno, con su libro De los delitos y las penas (1764), "el mayor freno de los delitos no es la crueldad de las penas, sino su infalibilidad... La certeza de un castigo, aunque éste sea moderado, surte más efecto que el temor de otro más terrible unido a la esperanza de su impunidad o de su incumplimiento".
Como ya he señalado, la existencia del CP hace que, por miedo a la pena, ello suponga una inhibición para que la generalidad de las personas no incurra en conductas delictivas que podrían cometer si esa amenaza no existiera. Pero en toda sociedad existen personas que delinquen, a pesar de esa amenaza de sufrir una pena, lo que obedece a que el infractor confía en que no va a ser descubierto ni, con ello, condenado. Esto rige también, y muy especialmente, en los delitos contra la vida, que, por lo general, se ejecutan bajo situaciones emocionales extremas o como consecuencia de acciones en cortocircuito. Pero incluso cuando el asesinato se lleva a cabo fríamente, tampoco el autor piensa que va a pagar por su delito, como lo pone de manifiesto, para acudir a un ejemplo reciente, el del niño Gabriel Cruz: la asesina confesa, Ana Julia Quezada, mató a su víctima porque ésta suponía un "estorbo" en la relación sentimental que mantenía con el padre del niño, relación sentimental que la autora sólo podía pensar -como pensó- que iba a poder continuar porque confiaba en que no se iba a descubrir su delito y porque, en consecuencia, proseguiría su vida en libertad junto a su novio, por lo que era indiferente para impedir su asesinato que la pena señalada a éste fuera de muchos años de prisión o -tal como sucede con la legislación penal al tiempo de los hechos- la de prisión permanente revisable.
A pesar de todos estos argumentos racionales y razonables, ¿cómo es posible que España, con su despiadada pena de prisión de 40 años de cumplimiento efectivo y con su plazos de revisión de la cadena perpetua de una extensión que no tiene equivalente en los países de la Europa occidental, haya superado, con mucho, la extensión de las penas privativas de libertad que podían aplicarse durante el franquismo, donde éstas, con la pena máxima de reclusión de 30 años y la institución de la redención de penas por el trabajo, nunca excedían -en los casos más extremos- de 20 años de privación real de libertad? Ciertamente que también existía la pena de muerte, pero, con la excepción de las impuestas por los tribunales militares, esa pena, de facto, se había dejado de aplicar a los delitos comunes, ya que la última ejecución por garrote vil se remonta al año 1959 en el que fue ajusticiado José María Jarabo, condenado por un cuádruple asesinato.
Son varios los factores a los que obedece esa transformación de nuestro Código en el más despiadado de la Europa occidental; por citar un último ejemplo, en Alemania la duración media de la prisión perpetua es de 18 años, algo de lo que ahora se separa sideralmente nuestro país con sus, por una parte, 40 años de cumplimiento efectivo de prisión y, por otra, sus plazos de revisión de 25 a 35 años para la perpetua.
El primer factor es la existencia de dos grupos de presión que han conseguido que el legislador incorporara al CP, íntegramente, sus pretensiones punitivas.
Por lo que se refiere a las asociaciones de víctimas del terrorismo, sus demandas fueron acogidas por la Ley Orgánica 7/2003 de reforma del Código Penal, introduciéndose la pena de 40 años de cumplimiento efectivo. El segundo grupo de presión está encabezado por padres de víctimas de 18 o menos años de edad (casos Marta del Castillo, Diana Quer, entre otros) que han conseguido hacerse oír hasta lograr que se introdujera en el CP, en 2015, la pena de prisión permanente revisable para, entre otros, los mismos terribles delitos de los que habían sido objeto sus hijas.
Pero todas esas movilizaciones de esos grupos de presión no habrían sido suficientes para introducir esas extremas reformas penológicas en el CP, si no se hubieran visto espectacularmente reflejadas -y apoyadas- en los medios de comunicación. Para referirme a un solo ejemplo: el caso del niño Gabriel Cruz acaparó todas las noticias, comentarios y tertulias, desde su desaparición, el 27 de febrero del presente año; y, al día siguiente de que se encontrase su cadáver y de que fuera detenida su asesina confesa, en sus ediciones de 12 de marzo, los cuatro periódicos españoles de difusión nacional dieron la noticia a cinco columnas, dos de ellos ocupando todas sus portadas, algo que, como señaló mi amigo Manuel Hidalgo, en otros tiempos sólo habría suscitado semejante atención por parte del semanario El Caso. Para comparar este despliegue con el que habría tenido lugar en un país que conozco muy bien, Alemania, porque he vivido en él varios años, la noticia de un asesinato de esas características sólo habría tenido un alarde tipográfico parecido en el amarillista Bild Zeitung, habiendo quedado relegado en los periódicos no sensacionalistas -Frankfurter Allgemeine, Süddeutsche Zeitung, Die Welt- a páginas interiores o, como mucho, a una columna en sus portadas.
Pero, con todos mis respetos para esos grupos de presión, de los que yo, tal vez, formaría parte si el destino me hubiera golpeado con una tragedia semejante a la que ellos han padecido, hay que decir que no son los más indicados para dictar las reformas penológicas que deben introducirse en el CP. Porque, como ha señalado, con razón, el antiguo presidente de una de las Salas de lo Penal del Tribunal Supremo alemán, Thomas Fischer, esas personas no son neutrales y si fueran jueces de los asesinos de sus hijas tendrían que abstenerse de formar parte del tribunal por tener un interés directo en la causa.
Cuando por parte de miembros de esas asociaciones se escapa el eslogan: "que se pudran en la cárcel", esa formulación es tan comprensible como incompatible con nuestra Constitución (CE), ya que, por muy horrible que sea el delito que ha cometido, el autor tiene intactos sus derechos a la integridad física y moral y a no ser sometido a penas o tratos inhumanos y degradantes (art. 15 CE), a la dignidad de la persona y al libre desarrollo de su personalidad (art. 10.1 CE), así como, específicamente para los condenados, a que las penas privativas de libertad estén orientadas hacia la reeducación y reinserción social (art. 25.2 CE).
Además de la sentencia del Tribunal Constitucional alemán (TCA) de 21 de junio de 1977, que obligó al legislador germano a fijar, en los casos de prisión perpetua, un plazo transcurrido el cual el recluso podía alcanzar la libertad condicional, plazo que, finalmente, se fijó en 15 años, dicha sentencia, así como alguna otra, como la de 8 de noviembre de 2006, han fundamentado, con argumentos constitucionales, la razón del establecimiento de ese plazo, así como el modo en que paliar, en lo posible, los efectos negativos de, en general, las penas largas de privación de libertad. El TCA opera en su motivación, primordialmente, con el derecho inviolable de toda persona -también de los condenados- a su dignidad, así como con las obligaciones que derivan de una nación constituida en un Estado social de Derecho. De acuerdo con ello la revisión preceptiva de la prisión perpetua, así como las condiciones de la ejecución de la pena, las deriva el TCA de la obligación del Estado de "contrarrestar" los efectos dañinos de las penas de larga duración, que pueden llevar a modificaciones deformadoras de la personalidad, tanto en el aspecto somático como en el espiritual y psiquiátrico, lo que estaría en contradicción con la inviolabilidad de la dignidad de la persona.
En el mismo sentido se han pronunciado las Recomendaciones (2003) 23 y (2006) 2 del Consejo de Ministros de la Unión Europea en relación a la prisión perpetua y a otras penas de larga duración en el sentido de que el tratamiento penitenciario de esos reclusos debe estar orientado a contrarrestar los efectos negativos y orientado a reinsertarlos con éxito en la sociedad, debiendo "[ajustarse] la vida en prisión lo máximo posible a los aspectos positivos de la vida en el exterior".
Dentro de esta conexión, el TCA pone como ejemplos de cómo "contrarrestar" tales efectos perjudiciales, que a los penados con reclusión perpetua les puedan ser concedidos permisos de salida así como el régimen abierto.
Además de que, de acuerdo con los estudios empíricos sobre la materia, penas inamovibles de 25, 35 o 40 años producen daños irreversibles en el soma y en la psique de los reclusos, para acabar de arreglarlo la práctica penitenciaria española con los responsables de los delitos más graves es la de mantenerlos durante todo el tiempo de su condena en primer grado de clasificación penitenciaria, es decir: en un régimen que durante todos los años de su interminable condena les mantiene en una celda aislada en la que permanecen encerrados, sin salidas al patio, al menos 21 horas diarias, sometidos a cacheos diarios, sin permiso alguno de salida, sin contacto con otros presos y desayunando, comiendo y cenando entre barrotes. En esta situación de régimen cerrado se encuentran, según informa El País de 21 de marzo de 2018, el 88% de los 243 presos de ETA y, de acuerdo con una noticia del mismo periódico de 18 de marzo de este año, desde hace casi 15 años, Tony Alexander King, el asesino de Sonia Carabantes y de Rocío Wanninkhof, clasificación de régimen cerrado que es el que, lógicamente y en el futuro, también se les aplicará a los condenados a 40 años de prisión efectiva y de prisión permanente revisable. Un encarcelamiento en estas condiciones, que sólo puede tener como consecuencia el aniquilamiento físico y moral del recluso, es impropio de un Estado social de Derecho, atenta contra la dignidad humana, el fin resocializador de las penas y la prohibición de tratos inhumanos, y hace todo lo contrario de lo que prescriben las recomendaciones del Consejo de Ministros europeo.
Asumiendo íntegramente las reclamaciones de las asociaciones de víctimas del terrorismo, el CP exige ahora, para que los etarras condenados a prisión permanente revisable puedan acceder a la libertad condicional, que cumplan con unas condiciones que no puedo por menos que calificar de inasumibles. En primer lugar, que el condenado «haya colaborado activamente con las autoridades... para la identificación, captura y procesamiento de responsables de delitos terroristas», una exigencia que, incluso éticamente, me parece discutible. Un escritor tan preocupado por problemas morales como Graham Greene, autor del guión de la película El tercer hombre, plantea el dilema que se le presenta a Holly Martins (Joseph Cotten) entre prestarse a la captura de su íntimo amigo, y traficante de penicilina adulterada, Harry Lime (Orson Welles) o, renunciado a ello, regresar a América, decidiéndose por la primera alternativa, traición que no le perdona su novia actual, encarnada por Alida Valli, que antes lo había sido de Harry Lime, sin que Graham Greene tome posición sobre cuál de las dos conductas sería la éticamente correcta. De otras exigencias, como las del arrepentimiento del penado o la de pedir sincero perdón a las víctimas, me he ocupado ya, críticamente, en un artículo publicado en EL MUNDO de 24 de abril de 2015, para rechazarlas, porque para un Derecho penal no moralizante lo único decisivo no debe ser que el condenado se convierta en un policía y experimente sentimientos que no está en su mano poder controlar, sino únicamente que tenga un pronóstico favorable de que no va a volver a delinquir, criterio de no-peligrosidad que es, según el TCA, el único que debe decidir si el delincuente debe quedar o no en libertad.
Rechazando -como rechazo- la pena de prisión permanente revisable, y que se ejecuta en España de una manera tan distinta a como se hace en los países de nuestro entorno, no obstante, y naturalmente, yo también comparto la preocupación de que hay que proteger a la sociedad de delincuentes peligrosos condenados ante la eventualidad de que, una vez en libertad, vuelvan a cometer los mismos delitos; pero esa peligrosidad no se debe combatir con penas, sino con medidas de seguridad. Como la pena tiene un carácter aflictivo -por eso se cumple en un establecimiento penitenciario-, y se impone para retribuir el mal hecho en el pasado, no se entiende por qué, entre dos violadores, puede liberarse al no-peligroso, mientras que debe seguir en prisión otro que ha cometido el mismo delito, pero en el que concurre un riesgo de reiteración; porque si el primer delincuente no peligroso ha saldado ya su deuda con la sociedad, al cabo de unos determinados años de privación de libertad, por los mismos motivos, y porque el delito ha sido el mismo, debería considerarse que el segundo delincuente ha saldado también esa cuenta. Ciertamente que este último sigue siendo peligroso y que, potencialmente, puede incurrir en futuros delitos; pero ni es responsable de su peligrosidad -porque no la puede evitar: ¡qué más querría él!- ni debe pagar con la permanencia en prisión por delitos que sólo hipotéticamente pudiera cometer, pero que, de hecho, no ha cometido. Esa peligrosidad no debe combatirse prolongando la pena de prisión, que sólo debe imponerse por los hechos pasados: esa peligrosidad se combate, no con la prisión, sino con medidas de seguridad de carácter no aflictivo como las de internamiento en un centro no penitenciario o, en los casos en que ello sea suficiente, con otras de carácter ambulatorio.
Mi rechazo de la prisión permanente revisable se basa en que es inútil desde un punto de vista de prevención general, en que, desde el de la prevención especial, ciertamente que hay que -una vez cumplida su condena- proteger a la sociedad de delincuentes peligrosos, pero no con la prolongación de la pena de prisión, sino con medidas de seguridad, y, finalmente, en que las penas largas privativas de libertad causan daños irreparables a aquellos a los que se les aplican, vulnerándose, así, derechos fundamentales de los que también son titulares los delincuentes condenados.
Muchas gracias por su atención, especialmente a los que me la han prestado, a pesar de no estar de acuerdo con mis opiniones.

Enrique Gimbernat es catedrático de Derecho penal de la UCM y miembro del Consejo Editorial de EL MUNDO. Su último libro El Derecho penal en el mundo(Aranzadi 2018) contiene, entre otros trabajos, la mayoría de los artículos que ha publicado en este periódico durante los últimos años.


domingo, 27 de mayo de 2018

Breverías 2: la omnipresencia del mundo secular


Breverías 2: la omnipresencia del mundo secular


El pensamiento secular omnipresente, ¿también en Ia Iglesia? De un libro excepcional de Roberto Calasso, a leer y releer.

“El pensamiento secular es lo que queda después de un proceso de vaciamiento progresivo que opera desde hace unos cuantos milenios. Animales, dioses - en plural y en singular-, demonios, ángeles, santos, almas, espíritus y, en fin, hasta los principios y voluntades han sido gradualmente evacuados. Se han convertido en materia de investigación. Siguen presentes, pero en los libros. En el ínterin, el pensamiento cotidiano iba prescindiendo de ellos con creciente entusiasmo.

Homo saecularis habla con muchas voces, con frecuencia divergentes. La que se hace oír principalmente es progresista y humanitaria. Aplica preceptos de herencia cristiana reblandecidos y edulcorados. Mezcla tibia y pálida, se combina, en sentido inverso, con el movimiento en curso en la propia Iglesia, que busca parecerse cada vez más a una entidad asistencial. El resultado es que los secularistas hablan con una contrición propia de eclesiásticos a la vez que los eclesiásticos quisieran hacerse pasar por profesores de sociología”

Roberto Calasso. “La actualidad innombrable”. Anagrama, Barcelona, 2018, 173 p. La citación está en la página 44.

viernes, 25 de mayo de 2018

Feminismo sí, pero ¿qué feminismo?


Feminismo sí, pero ¿qué feminismo?

Una de las feministas actuales más renombradas, no solamente en Francia sino en todo el mundo occidental, la filósofa y profesora Elisabeth Badinter, precisaba, recientemente, que la noción de ultraje sexista abarcaba comportamientos muy diferentes. Me parece que solamente deben sancionarse las situaciones peligrosas, como un hombre que te sigue agresivamente o gestos inapropiados en los cuerpos de las mujeres. Pero no los silbidos y las palabras fuera de lugar que provienen de la educación” (Le Monde 12/04/18). Elisabeth Badinter, reaccionaba a lo que consideraba ciertas derivas del movimiento “Me-Too” que, en Francia adoptó la fórmula de #balancetonporc (“arroja tu cerdo”, tira por la borda tu hombre - cerdo, se entiende). 

Dice Badinter que, para las neo-feministas, como las denomina, “todas las mujeres podrían ser potenciales agredidas o víctimas y uno de cada dos o tres hombres, agresores”. Y añade que “esta visión del mundo, victimaria y esencialista olvida la cuestión social” que diferencia a unas mujeres de otras. Para este feminismo, la naturaleza de mujer la opone a la del hombre. Pero, Badinter reporta los resultados de una investigación del presente año 2018, que señala que “las mujeres que tienen un trabajo precario tienen un riesgo superior en un 78 % de ser acosadas que las mujeres que disponen de un trabajo estable”. En otras palabras, la cuestión no está tanto en la relación entre sexos sino en el olvido, llamativo para posicionamientos muy de izquierdas, de la cuestión social. Añade, además, “que la contraría la llamada a la denuncia en las redes sociales. El linchamiento mediático no puede substituirse a la justicia, un principio sagrado de la democracia”. Y concluye, rotundamente, afirmando que “se puede ser feminista y radicalmente contra las derivas del #balancetonporc”. Las condiciones sociales, el libre albedrío y la tecnología son, al menos, tan importantes como la condición natural, sostendrá.

Pues Badinter dice más cosas. En 2010 publicó un libro, reeditado en castellano en 2017, “La mujer y la madre”, en el que se posiciona contra los planteamientos feministas y ecologistas radicales que manifiestan una reverencia total hacia la naturaleza, una sumisión ciega a la naturaleza. Así defiende que el instinto maternal ni es universal ni automático. Y que no debe impedir la realización de la mujer en su vida. Es por ello defiende la Procreación medicamente asistida (PMA) así como la Gestación por otra mujer (GPA), lo que nosotros entendemos como “vientres de alquiler”, aunque en, este segundo supuesto, reclama medidas contra toda deriva comercial posible. Propugna un salario modesto para la madre portadora y cargar con todos los gastos derivados de la gestación y nacimiento posterior. Y, subraya “¿por qué desconocer el caso de mujeres que desean quedarse encinta sin, por el contrario, querer educar un niño?”. Y apelar a la libertad de la mujer y a la tecnología, más allá de constricciones ligadas a la naturaleza y a la educación.

En este punto, Badinter se opone a otro neofeminismo, que coincide con el anterior en su radicalidad, particularmente en su respeto total a la naturaleza, aunque de signo ideológico distinto. Se inscribe en lo que denominan como la “ecología integral”. Esta frase del presidente Macron en su discurso en los Bernardinos del 9 de abril pasado lo expresa bien: “debemos encontrar el límite pues la sociedad está abierta a todas las posibilidades, pero la manipulación y fabricación de la vida no puede extenderse hasta el infinito sin cuestionar la idea misma del hombre y de la vida”. La citación proviene de la filósofa Marianne Durano (también en Le Monde del 12/04/18), que acaba de publicar un libro no traducido, titulado (en castellano) “Mi cuerpo no les pertenece. Contra la dictadura de la medicina contra las mujeres” (Albin Michel, 2018), en el que afirma la necesidad de un nuevo feminismo que se ocupe del cuerpo de la mujer con la misma urgencia que se concede a la protección del medio ambiente. Y se pregunta, ¿por qué el cuerpo femenino, maternal y el embarazo, por ejemplo, son olvidados, negados, proscritos de la emancipación de las mujeres?

Pero, la filósofa Marianne Durano, va más allá. Sostiene que de la PMA al “big data”, pasando por la catástrofe ecológica de la que comenzamos penosamente a tomar conciencia, es el mismo sistema tecno- mercantil que extiende su imperio y sus estragos. La misma lógica por todas partes. Lo que era natural, gratuito – el nacimiento, la inteligencia, el crecimiento de las plantas- es reemplazado por artificios costosos: los FIV (fecundación in vitro), los ordenadores, los OGM (organismos genéticamente modificados). Se responde a los desafíos sociales y políticos con soluciones técnicas y mercantiles.

Es el advenimiento de un mundo donde el progreso tecnológico reemplaza el progreso humano. Frente a este sistema que coloniza nuestras mentes y nuestros cuerpos, la ecología integral ofrece una alternativa radical. La de la convivialidad, la de la baja tecnología (low techs) y la del localismo. Contemplar la naturaleza y no reducirla a una pila de recursos; respetar nuestro cuerpo y no instrumentalizarlo: aceptar nuestros límites, en lugar de soñar con un "nuevo mundo" siliconado, hormigonado. "Todo está conectado", repite el Papa Francisco en ´Laudato si ': a la artificialización global de nuestras vidas, es hora de dar una respuesta integral. En noviembre de 2017, quince mil científicos de todo el mundo lanzaron un grito de alarma sobre el estado del planeta, insistiendo en la necesidad de mantener ciertos límites, tanto en la vida cotidiana de los ciudadanos como en las políticas medio ambientales de las instituciones públicas y privadas. Anótese la importancia del concepto “limite”, “limitación”, en este planteamiento.

He aquí un ejemplo, bien clarificador, de cómo una gran feminista de primera fila se opone, con determinación, a dos modelos de neo-feministas: las del “arroja por la borda a tu hombre-cerdo” que algunos denominan “libertarias” (y esencialistas en la diferenciación hombre-mujer) y las autodenominadas “integrales” que se oponen tanto a la PGA como a los vientres de alquiler y plantean su feminismo en el marco de una ecología integral. No oculto mis preferencias por algunos aspectos de este feminismo (con algunas discrepancias de fondo, así en el tema del aborto y del final de la vida) así como, en menor grado, con el de Badinter (con otras discrepancias importantes), pero, ambas, además, habrían de superar el binomio, naturaleza versus tecnología. Ciertamente, no hay que divinizar la tecnología como lo hace el movimiento transhumanista pero tampoco la naturaleza, ciega “por naturaleza”, nunca mejor traída redundancia. El pensamiento binario nos tranquiliza por su sencillez, pero oculta la complejidad de la vida. Que exige pensamientos y practicas complejas y multidimensionales.

(Artículo publicado el 26 de mayo de 2018 en DEIA y en Noticias de Gipuzkoa)

miércoles, 16 de mayo de 2018

Después de ETA: la reconciliación, camino para la convivencia



Después de ETA: la reconciliación, camino para la convivencia

Cuando asesinaron a Ellacuría y compañeros, el año 1989, en la UCA (Universidad Católica) de El Salvador, José María Tojeira era el provincial de la Compañía de Jesús y le tocó recoger los cadáveres y gestionar el triste acontecimiento frente al gobierno de extrema derecha. De 1997 a 2010 fue sucesor de Ellacuría como rector de la UCA. Tojeira tuvo una intervención histórica en el Centro Pignatelli de Zaragoza en febrero de 1996 donde explicó la expresión "Verdad, justicia, perdón", ya histórica, y que dio título a su aportación al libro "Los derechos humanos, camino hacia la paz" (1997). En esa publicación conocí la expresión "Verdad, justicia, perdón" y la adopté en mis trabajos, añadiendo, por mi parte, el reconocimiento del dato injusto causado por parte de todos los victimarios para, transitando por el camino de la reconciliación, buscar la convivencia activa en las personas y en las sociedades dañadas por la violencia. Nunca pude imaginar que un día iba a tener el honor de compartir Mesa con José María Tojeira. Fue en noviembre de 2013, en el ya mentado Centro Pignatelli de los jesuitas en Zaragoza. Pensando, él en El Salvador y yo en Euskadi, respondimos a esta cuestión: “¿Es posible buscar la reconciliación para el futuro de una sociedad herida o favorece la impunidad?”. Nuestra respuesta fue, nítidamente, afirmativa: se puede buscar la reconciliación sin impunidad, pues la reconciliación presupone la justicia, pero una justicia que sea restauradora.

La política tras ETA

Estos días pasados, ante la perspectiva del final de ETA, ya materializada en sus dos últimos comunicados, y oficializada y avalada en los actos y textos de Ginebra, Kanbo, la Moncloa y Bertiz, con textos que requieren tratamiento propio, me han preguntado varios medios de comunicación sobre qué cambio político cabe esperar ahora que ETA ya es historia. Pues, en efecto, cuando ETA asesinaba, secuestraba, extorsionaba etc., etc., se decía que nada se podía negociar pues las cartas estaban marcadas por la violencia de ETA y, se añadía que, sin violencia, sin embargo, todo sería discutible. También la independencia. Ciertamente desde octubre de 2011, ya sin la amenaza del terrorismo de ETA, nada es igual. Pero, y es lo primero que me ha venido a la cabeza en mi respuesta a los medios, en realidad ahora tampoco se podrá discutir y, sobre todo, saber con rigor, qué tipo de relación se quiere mantener “con” y “en” el Estado Español. Basta mirar lo que está pasando en Catalunya. Los líderes independentistas en la cárcel, cuando la violencia en Catalunya la han ejercido, salvo algún episodio aislado, las Fuerzas de Seguridad del Estado el 1º de octubre pasado, como todo el planeta pudo comprobar.

Políticamente hablando, en el caso de Euskadi, en mi opinión (como todo lo que escribo en este texto), la salida reside en reconocimiento de la singularidad vasca por parte del nacionalismo español y que los nacionalistas vascos admitan la evidente pluralidad identitaria en el seno de Euskal Herria. Pero, ya ETA para la historia, el Gobierno vasco conformado por el PNV y el PSE-PSOE, promoviendo, en el Parlamento Vasco, una actualización del actual Estatuto de Gernika, el primer y principal paso debe darlo el más fuerte, y este es el nacionalismo español, conformado por el PP y el ultra-jacobino Ciudadanos. ¿Por qué aceptan ceder parte de la soberanía española a la Unión Europea; por qué un ex ministro ultranacionalista, García Margallo, habla de soberanía compartida con Gibraltar, pero, el Gobierno y la Justicia (¡ay la Justicia!) al referirse a Euskadi y Catalunya repiten, una y otra vez, que el ejercicio de la soberanía reside, exclusivamente, en el Parlamento de Madrid?

Respecto de la posible independencia de Euskadi, mi posición es esta: si un pueblo (para otros meramente sociedad) de forma reiterada, digamos durante 15 o 20 años, manifiesta de forma fehaciente, pacífica y democrática, su voluntad de conformar un Estado, (mediante varias consultas rigurosas, de entrada, no vinculantes), no veo cómo, ni en razón a qué argumento, impedírselo. Aunque, en la consulta decisoria habrían de cumplirse, por ejemplo, las dos condiciones que la Unión Europea exigió para la independencia de Montenegro: una participación superior al 50 % de la población y una mayoría superior al 55% a favor de la independencia.

En mi opinión, en la actualidad, estas condiciones no se cumplen en el País Vasco. Digo “en mi opinión” nada más, pues no se ha permitido llevar a cabo ninguna consulta específica al respecto (no valen, sin más, las encuestas de opinión), aun con consultas no decisorias. También pienso, deseo y defiendo, que, en la Europa del futuro, si queremos que Europa tenga futuro, los actuales Estados-Nación deben ceder todavía más soberanía a la Unión Europea, aplicando, en las tomas de decisiones, el principio de subsidiariedad. Más aún. Considero que el concepto “soberanía” no solamente es ya obsoleto sino polemógeno, invalidante de todo intento de arreglo. La fórmula existe desde hace décadas: “capacidad de decidir y obligación de pactar”, pero en el respeto al débil. David no puede pactar con Goliat, lo que exige, “otra Europa”, más allá de la caduca, inoperante y declinante Europa de los nacionalismos de estado.

Tiempo habrá, ahora que comienza en el Parlamento Vasco el debate sobre un nuevo Estatuto de Autonomía, para profundizar en el tema político en Euskal Herria, aunque en mi vida lo he abordado infinidad de veces. Bastantes de mis textos se pueden consultar en mi blog. Pero, en estos primeros días tras la disolución de ETA, creo que es más urgente y más importante reflexionar sobre el presente y futuro de la convivencia en el País Vasco. Lo hago a la estela de mi intervención en el Centro Pignatelli de Zaragoza, en noviembre de 2013, con la que abro estas líneas: Verdad, Justicia, Memoria e Historia y Perdón, para a través de un proceso de reconciliación, limitado en el tiempo, acercarnos lo más posible a la convivencia activa.

Buscar toda la Verdad

La búsqueda de la Verdad debe ser uno de los principales objetivos a perseguir. Creo que es imperativo que toda persona que tenga algo que decir en orden a la clarificación de estos años de dolor, deba poder hacerlo, particularmente, pero no exclusivamente, de las violencias injustas todavía por elucidar. Sin eliminar a nadie, dando la posibilidad, a todos, de ofrecer su testimonio, sus vivencias, su valoración ética. Y todos, quiere decir, todos.

El pensador Tzvetan Todorov, escribió que “los individuos y los grupos tienen el derecho de saber, y por tanto de conocer y dar a conocer su propia historia; no corresponde al poder central (del Estado) prohibírselo o permitírselo. (…) no corresponde a la ley contar la historia: le basta con castigar la difamación, o la incitación al odio racial”. Yo eliminaría el epíteto “racial”, me basta el sustantivo “odio”, pero, delimitando su alcance. No es posible que, cuando ETA asesinaba y nos gritaban, a dos pasos, “ETA mátalos”, tuviéramos una policía meramente notarial, y una justicia ausente, mientras que ahora escruten con lupa lo que alguien escribe en un tuit. ¡Qué violencia y qué justicia en Euskadi entonces, y qué violencia y qué justicia ahora en Catalunya!

Los relatos, las memorias y la Historia

Las diferentes memorias, personales y colectivas, dan lugar a diferentes relatos. Paul Ricoeur, propone tres tipos de memoria: memoria impedida (buscando el olvido de lo que no queremos admitir de nuestro pasado); memoria manipulada (al servicio de una identidad, de ahí “el frenesí de conmemoraciones” dirá Ricoeur), y memoria obligada, el “deber de memoria” por la deuda contraída con los que más han sufrido y, ello, baja la égida de una Justicia que busca la verdad, toda la verdad.

La escucha de los diferentes relatos, de todos los relatos, el respeto a todas las memorias permitirá a la Historia con mayúsculas, escrita por profesionales, ir construyendo la verdad de lo sucedido. Aun sabiendo que nunca se llegará a una historia, o a un relato unánimemente admitido. Basta mirar a la historiografía del franquismo, a la de la primera guerra mundial (1914-1918), a la de la revolución rusa de 1917, para constatar que no hay un único relato, aunque, en lo esencial, la investigación histórica no ideologizada, llega a acuerdos básicos. Pasará lo mismo con ETA, pero dentro de unas décadas.

La Justicia, ¿qué justicia?

La Justicia debe saldar las cuentas de los daños causados. Los teóricos del derecho distinguen la justicia de excepción (hoy en España contra ETA); la justicia transitiva (la que se aplicó en Colombia, antes en Irlanda del Norte, que algunos quieren aplicar en Euskadi, otros no, con razón, por lo que tiene de impunidad); la justicia de vencedores y vencidos, con impunidad para los primeros y vengativa para los vencidos (la del franquismo y ¡cuidado!, lo digo con temor, que no se instale en la actual situación post-ETA); la Justicia del olvido, (la de la transición española); la justicia restaurativa, por la que personalmente abogo, en la que las partes implicadas en un delito se reúnen para resolver colectivamente la manera de afrontar las consecuencias del delito y sus implicaciones para el futuro. En Euskadi se aplicó, aun de forma muy limitada y pronto clausurada (¿por qué?) en lo que se denominó la “Via Nanclares”.

Despidiendo a ETA

De ETA no esperaba otra cosa que su disolución. Veo avances positivos en sus discursos, pero, como escribí, hace unos días, a requerimiento de una revista catalana, “el fondo del comunicado de ETA (del 20 de abril pasado) es un relato, su relato, en el que aceptan su parte de responsabilidad (reconocida culpable) en las violencias padecidas en el País Vasco, que las sitúan en un conflicto político que existía antes de ETA, y continúa después de ETA. Conflicto que es innegable. En ese contexto, distinguen los dos tipos de víctimas, limitando su petición de perdón a lo que se denomina víctimas colaterales, es una limitación que, personalmente no puedo, ni debo, ni quiero aceptar. Explicar y contextualizar, no equivale a justificar”. Su comunicado final del 3 de mayo pasado, más allá de indicar su desaparición no es sino otra versión de su relato.

ETA y su mundo han escrito la página más negra de la historia del pueblo vasco. Lo subrayé en 2014 en mi libro, “Tras la losa de ETA”. Además, pretendían hablar y actuar en nuestro nombre, en pro de la liberación “social y política” del pueblo vasco. ¡Cómo olvidar, lo repito, aquellas concentraciones en silencio, muchas de Gesto por la Paz, cuando nos gritaban a voz en grito, a un palmo de nuestras narices, aquello de ”los asesinos llevan lazo azul”, ”hoy, tú de negro; mañana, tu familia”, “zuek ere txakurrak zarete” (vosotros también sois perros. El termino txakurra= perro lo utilizaba la izquierda abertzale para designar a los miembros de la Policía Nacional y de la Guardia Civil), y sobre todo, el terrorífico ”ETA, mátalos”, sin que todavía se hayan desdicho y, sobre todo, no hayan pedido perdón a todas sus víctimas y a la ciudadanía vasca por haber ensuciado de ese modo la historia y la convivencia de este pueblo!. Muchos lo han dicho con razón: a la izquierda abertzale le falta hacer un juicio ético de sus apoyos callejeros primero y de sus silencios después, de las acciones de ETA. Al menos una vez, de forma clara, en uno de sus Congresos. Nos lo deben.

El lento y escalonado desapego de la sociedad de ETA

Ha sido lento y escalonado el desmarque de parte de la sociedad española y, particularmente de la vasca, de los postulados y acciones de ETA. Lo he contado, en varias ocasiones, en Bake Hitzak, el órgano de Gesto por la Paz. Olvidamos que ETA fue un referente no solamente para los vascos, sino para muchos españoles antes de la Transición. “La percepción de ETA, como alguien que no está trabajando para la defensa de los intereses que dice defender, es decir que no trabaja para defender a los vascos ni a nadie, creo que empieza a partir de 1975…En aquellos tiempos era muy habitual ver a compañeros de trabajo que cuando mataban a alguien…te contestaban “algo habrá hecho…”. Lo dice José Luis Corcuera, cuando todavía era miembro, e importante miembro, del PSE-PSOE, en el libro de Maria Antonia Iglesias, “Memoria de Euskadi”. El PSE-PSOE muy pronto se posicionó contra ETA y sufrió en sus carnes muchos de sus zarpazos criminales. Me vienen a la memoria las figuras de Enrique Casas, Ernest Lluch (vivían a dos pasos de mis sucesivos domicilios en Donosti) y Fernando Buesa (una de sus hijas fue alumna mía en Deusto). Aunque también es cierto que en su seno (en la cúpula de su seno) anidaron los GAL.

Siendo intelectualmente honrado hay que decir que, en el desmarque de la sociedad respecto de ETA, los primeros que se despegaron fueron ciertamente los no vascos; después fueron los vascos no nacionalistas; más tarde los vascos nacionalistas, y algunos no se acaban de despegar del todo. Aunque no hay que olvidar que hubo personas en el nacionalismo vasco que desde el primer momento estuvieron en contra de ETA. Por ejemplo, Juan de Ajuriaguerra, tan añorado por los demócrata - cristianos de antaño. Yo hice mi tesina de licenciatura en sociología en Lovaina sobre la violencia en el PNV. Es evidente que el PNV siempre se opuso a ETA. El nacionalismo oficial de entonces, con mucha más rotundidad de lo que a veces lo ha sido el nacionalismo posterior. En gran parte por una concepción democristiana de la acción política, pienso.

Doble petición al poder hoy en España

Al Partido Popular, hoy en el poder en España, aun en el respeto al hecho de haber sido la organización política que en mayor grado ha padecido los crímenes de ETA, me permito pedirle que se sacuda las dos grandes mochilas que la atenazan: que reconozcan (con el juicio ético consiguiente) las torturas por parte de miembros de las policías y, ya, sin dilaciones, modificar la inhumana situación en la que mantienen a los presos de ETA, que raya en la crueldad gratuita hacia sus familiares. Eso no es ninguna concesión a nada ni a nadie. Es simplemente respetar los Derechos Humanos. Que son universales. Como dice Sister Helen Prejean, “cualquier criminal es un ser humano y tiene derecho a la dignidad". La experiencia de Sister Helen con un condenado a muerte, relatada en un libro suyo, ha originado el estreno en el Teatro Real de Madrid, en febrero pasado, de la ópera “Dead man walking”.

La Iglesia Vasca ante ETA y su mundo
Bastantes veces he escrito, a requerimiento de la prensa, el juicio que merece la actuación de la Iglesia en el País Vasco. De entrado no hay que olvidar que Iglesia somos todos los que nos decimos católicos, no solamente los Obispos, y que no todos hemos actuado de la misma manera. He sostenido que, en relación con el terrorismo de ETA en particular, y ante las diversas manifestaciones de violencia injusta, más en general, la actuación de la Iglesia Vasca ha tenido sus luces y sus sombras. Yo juzgo que más luces que sombras. Otros opinan lo contrario. Con desmesura, incluso. Así, un comunicador, cuya identidad prefiero no mentar, en el titular de un artículo suyo publicado en 2014 en un medio de Madrid, escribió esto: “acostumbrados como estábamos a elementos de la catadura miserable de Setién y Uriarte, Munilla parece Juan XXIII”.
Traslado aquí dos de mis opiniones publicadas, ambas hace años, en Vida Nueva. En abril de 1998 escribí, apoyándome en datos, que “el factor político es el realmente discriminante, el realmente explicativo del juicio de los vascos ante la actitud de los obispos ante la violencia”. En septiembre del año 2000 escribí que en la Iglesia Vasca “hemos condenado a ETA, pero no hemos sido capaces de decir a HB, con la firmeza necesaria, que no se puede poner una vela a dios y otra al diablo: decir que rechazan la violencia y negarse a condenar las acciones de ETA”. Esa frase resume bien mi opinión en la actualidad. Aquí también, la historia científica emitirá, quizás, en un par de generaciones, un juicio ecuánime.

El perdón y la reconciliación, para la convivencia entre diferentes.

En fin, el perdón nos introduce en otra dimensión más allá de la justicia (insoslayable, por supuesto) y sienta, o fortalece, las bases de la conciliación entre víctimas y victimarios y entre victimas de diferentes victimarios. Pero ¿es posible una reconciliación que no suponga impunidad? Ya respondí y razoné en Zaragoza en 2013, afirmativamente, a esta cuestión. Aunque, para no pocos, la reconciliación contraviene a la justicia.

Razonan así: (En este punto soy deudor de algunas reflexiones de Juan Mari Uriarte, pero yo soy el único responsable de lo que firmo, obviamente).

. consideran innecesaria la reconciliación. Grupos sociales enfrentados no tendrían por qué reconciliarse. La reconciliación es cosa de personas individuales. Se trata de algo privado e intersubjetivo. Más una exigencia cristiana o humanista que un requerimiento social. Creo, sin embargo, que cabe mostrar la virtud, socialmente revolucionaria, del perdón

. la reconciliación es imposible, pues exige ir a la raíz del conflicto y llegar a una interpretación compartida de su origen, lo que la historia muestra que parece inviable, al menos a corto y medio plazo cuando aún las cicatrices son visibles. Cada cual se quedará con su relato. Cierto, pero lo que importa es escuchar el dolor del otro y compadecerse (padecer-con) mutuamente.

. la reconciliación puede parecer una infidelidad a los deudos de las víctimas del conflicto con el riesgo añadido de que se pierdan en el olvido. Es el riesgo, real añado yo, de que las victimas de ETA se diluyan en las victimas en general ocasionadas por los años de ETA. Pero no tiene por qué ser así. Cada palo, ETA, los GAL, torturadores etc., han de aguantar su vela.

. la reconciliación es un sinsentido en el caso vasco donde nunca ha habido dos bandos sino uno que ha agredido y el otro que se ha defendido. Lo único que cabe es que los agresores pidan perdón y, en su caso, los agredidos pueden, o no, perdonarles. Pero, quienes sostienen este planteamiento piden también un final de vencedores y vencidos, y que ETA ha sido derrotada, afirmación, esta última, con la estoy plenamente de acuerdo.

. además, algunas víctimas sienten la reconciliación como una imposición humillante. Muchas víctimas experimentan una poderosa resistencia a perdonar, lo que hay que respetar escrupulosamente. También muchos victimarios rechazan pedir perdón.

. Sin olvidar a los que reconciliación equivale a impunidad.

La reconciliación exige:

. la administración de la Justicia, mínimamente justa. La reconciliación presupone saldar las cuentas con la justicia.

. aceptar la totalidad de los hechos violentos. No limitarse a subrayar los que “los nuestros”, “los míos” han padecido. También los que “los otros” han sufrido. Sin la enumeración pormenorizada (aunque siempre abierta a la precisión) de las violencias habidas (y más concretamente las conculcaciones de los DDHH y su aceptación como tal conculcación) es imposible dar el paso siguiente de la valoración ética de los diferentes sufrimientos padecidos. No saldríamos del reducto de los “míos”. 

. no solamente reconocer el daño injusto causado (eso es lo mínimo exigible para comenzar a hablar) sino la doble afirmación de que a) matar, secuestrar, torturar etc., estuvo mal, y b) que nunca más se volverá a utilizar la violencia terrorista o la injusta violencia antiterrorista. La reconciliación exige una promesa de futuro. No se puede asesinar ni torturar en nombre de una idea, de un proyecto.

. debajo de la afirmación anterior está el principio de que los DDHH de las personas, de cada persona en su individualidad, son inviolables. Es la primacía de la persona humana por encima de cualquier otra causa o motivación. Si no se acepta este principio básico no solamente no es posible la reconciliación. Tampoco es posible la resolución pacífica de los conflictos mediante diálogos deliberativos, respetuosos de todos, especialmente de los más vulnerables o los más débiles.

. “Reconciliarse supone previamente descubrir nuestra condición común de personas”. La reconciliación exige, como condición “sine qua non”, la superación de la dialéctica “nosotros” y los “otros”.

. la reconciliación exige reconocer, reparar y ayudar a las víctimas, a todas las víctimas que han padecido daños y violencias injustas. Sin olvidar a sus familiares que, la experiencia me lo dicta, a veces han podido sufrir tanto o todavía más que las propias víctimas. 

Si a la Justicia Restaurativa añadimos la capacidad de escuchar el dolor del “otro”, padecer con el “otro”, como se vivió, por ejemplo, en la extraordinaria experiencia de Glencree que puso en contacto víctimas de diferentes victimarios en Euskadi, y se está practicando ahora, en la discreción, en no pocas experiencias entre nosotros (la ultima la viví, en Amorebieta-Etxano, en febrero pasado promovida por la Iglesia de Bizkaia) cabe pensar en un futuro para Euskadi donde impere la convivencia activa, más allá de la mera coexistencia pacífica.

Donostia San Sebastián, 7 de mayo de 2018
Javier Elzo


Este texto ha salido publicado, con fotos añadidas por los editores, en estas revistas digitales: